Según publica Clarín Los abogados del periodista solicitaron la nulidad de la medida del juez Ramos Padilla a quien consideraron que actuó “en forma caprichosa y malintencionada” al no darle el derecho a defenderse y crear “teorías conspirativas”.
Los abogados de Daniel Santoro, Mauricio de Nuñez y Guido Sciarreta, pidieron este martes la nulidad de la ampliación del procesamiento del periodista de Clarín en la causa D’Alessio por “inválido, infundado, arbitrario, forzado y basado en datos falsos” en un detallado escrito. Así apelaron la decisión del juez y miembro de “Justicia Legítima” Alejo Ramos Padilla de procesar a Santoro como supuesto miembro de una asociación ilícita paraestatal dedicada al espionaje ilegal comandada por el falso abogado Marcelo D’Alessio. Además, subrayaron que el juez no le dio a Santoro el mínimo derecho a la defensa como hubiese sido primero indagarlo por esta nueva acusación y luego resolver su situación procesal. El magistrado tampoco citó el descargo de Santoro en el fallo, tal como corresponde.
En un escrito de casi 50 páginas, los letrados sostuvieron que la ampliación del procesamiento es “notoriamente inválido, infundado y arbitrario, por lo que en razón de lo expuesto solicitamos se lo revoque, declarándose su nulidad conforme los lineamientos del art. 123 del CPPN y, consecuentemente, dictándose el justo sobreseimiento de Santoro”.
Los abogados analizaron caso por caso el escrito del juez de unas 1.300 páginas y señalaron que está lleno de “falsedades, elucubraciones, inferencias y teorías conspirativas”, ajenas al Derecho. Señalaron que la forma en que el juez interpretó los hechos atribuidos a D’Alessio muestra que asumió un rol “caprichoso y malintencionado” basado en “construcciones forzadas” de la realidad.
La apelación se presentó después de que fiscal de la Cámara Federal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani solicitó el sobreseimiento del fiscal porteño Carlos Stornelli en la causa porque directamente los hechos que le indilga el juez no constituyeron delitos. Ahora falta que se pronuncie ese tribunal de alzada.
Los letrados De Nuñez y Sciarreta consideraron que “no se encuentra acreditada la participación de nuestro asistido en el mismo ni mucho menos la intencionalidad dolosa que requieren los tipos penales en juego”. Se trata de “un notorio doble juzgamiento ya que ahora se los incorpora como parte de la “organización” entrando en clara reedición con lo ya decidido en el auto de procesamiento cuando el juez, en agosto del año pasado, había procesado a Santoro como supuesto partícipe de un intento de extorsión al empresario K Mario Cifuentes y una coacción al ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat.
En agosto de 2019, el juez dio a Santoro la falta de mérito como supuesto miembro de una asociación ilícita, pero luego de 14 meses “no se han producido pruebas de cargo que permitan hoy modificar tal situación”.
El escrito comienza advirtiendo que Ramos Padilla arrancó la causa “hacia un norte prefijado en el caso que era incorporar la “pata periodística” a la particular construcción de “organización” de la que se nutre, sin duda, de elementos aislados y ajenos a cualquier ilícito que son producto de una más que evidente, forzada y, sumamente, arbitraria interpretación”. Ayer en su carta pública, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo ser supuesta víctima de una persecución de jueces, fiscales, funcionarios macristas y periodistas en alusión a esta causa.
Para la defensa de Santoro, la “organización ilícita paraestatal sería ni más ni menos que la persona del señor D´Alessio” y en la causa “no se verificó, de ninguna manera, respecto de Santoro que hubiera participado de alguna forma, en los mecanismos de acción psicológica, en las amenazas, en las extorsiones o en las exigencias dinerarias” .
“Las generalidades, ambigüedades y vaguedades expuestas en una formulación de cargos determinan una inexorable imposibilidad de ejercer plena y efectivamente una defensa y es por ello que insistimos en estos puntos que resultan ser cruciales para salvaguardar los derechos y garantías constitucionales reconocidas a todo imputado en causa penal”, añadió.
“No alcanza con sostener que Santoro entrevistó a las víctimas de D´Alessio; que Santoro presentó a un juez, un fiscal y dos legisladores a D´Alessio; que Santoro publicó notas periodísticas relacionadas con los asuntos que “investigaba” y “usaba” D´Alessio; que se lo menciona a Santoro en los documentos secuestrados en poder de D´Alessio; que Santoro intercambiaba información con D´Alessio” como para formular una imputación penal, destacó la defensa.
Además, “nada de los actos de Santoro escapa a la labor de un periodista que, como bien reconoce vuestra señoría, su fuente puede ser santa o non santa -puede saberlo o no saberlo-, pero en ninguno de estos casos se comprobó, bajo ningún aspecto, que Santoro conocía lo que D´Alessio hacía a sus espaldas”.
En el caso de Brusa Dovat, el escrito advirtió que si Santoro hubiera estado al corriente de la supuesta coacción de D´Alessio para que denunciara que era perseguido por los servicios de inteligencia de Venezuela (Siben) y despedido de PDVSA “de ninguna manera se iba a exponer en el restaurante Sarkis a grabar a una persona como lo hizo (a la vista de todos) ni tampoco hubiera sido necesario pedirle el consentimiento (dos veces para grabarlo)”. “Los contactos de whatsapp que se tomaron en cuenta para intentar introducir en la maniobra a Santoro no son más que mensajes exclusivamente relacionados con la entrevista… Cualquier otra elucubración es producto de la forzada construcción jurisdiccional” de Ramos Padilla. Al igual que el envío de un informe de antecedentes comerciales Nosis a D’Alessio para verificar el nombre y la identidad del entrevistado.
En la causa los periodistas Italo Pisani, Gustavo Grabia y Gerardo Young, entre otros, explicaron como testigos que “el periodista sostiene un intercambio fluido de información de ida y vuelta con la fuente dentro de una investigación”. “Es habitual y regular en la actividad periodística y así lo evidencian los chats que el falso abogado mantuvo con, por ejemplo, los periodistas Rolando Graña y Gabriel Iezzi donde se intercambia un dictamen fiscal, entre otros documentos”, ejemplificó. Para el juez y la Comisión Provincial de la Memoria si una fuente la manda datos a un periodista es legal pero al revés es violar la ley de Inteligencia.
El cuadro probatorio que Ramos Padilla considera cargoso “no son más que contactos de D’Alessio con terceras personas en donde hace referencia a Santoro (incluso sin conocerlo como fue en el caso de Gabriel Traficante), informes unilaterales que confeccionaba D´Alessio de los cuales no hay prueba alguna que Santoro conociera de su existencia, videos donde se lo observa a Santoro entrevistando a su entrevistado o en participaciones en programas de TV y la publicación de notas periodísticas de Santoro en el diario Clarín y del libro El Mecanismo”, sobre los negociados energéticos en la época K.
“Es decir, Santoro trabaja de periodista y de ninguna manera se está comprobado que conociera todo lo que D´Alessio realizaba y referenciaba respecto de él”, subrayó.
Luego explicó que “el contacto de D´Alessio, como fuente de confianza” de más de 20 periodistas, además de Santoro, está probado en la causa. “A todos presentaba gente, informaba investigaciones, daba entrevistas, notas, etc. Nada distinto de lo ocurrido con Santoro” durante poco más de dos años entre noviembre de 2016 y febrero de 2019.
“En esos dos años se observa que Santoro realizó decenas de entrevistas, escribió dos libros, publicó centenares de notas periodísticas y participó también en numerosísimos programas de TV y radio… Dentro del ámbito global de actuación de nuestro defendido esto representa una milésima parte, por lo que pretender colocar a D´Alessio como su principal fuente o su fuente de mayor confianza o su consorte de actividad profesional es realmente irrisorio y muy poco serio”, puso de manifestó. Santoro tiene más de cien fuentes de información luego de 30 años de ejercicio del periodismo profesional.
Luego el escrito sostiene que el juez tendría una actitud culposa al procesar a Santoro. “Si bien vuestra señoría intenta, sin éxito claro está, escudarse en que no está juzgando la actividad periodística ni atacando la libertad de prensa y de expresión, está claro que lo que termina cuestionando respecto de nuestro defendido no es ni más ni menos que su labor y actividad periodística”, acotó.
“Otro detalle, tampoco no menor, resulta ser la recurrente mención a la no afectación del ejercicio de la libertad de prensa. Esta postura de excusa casi culposa resultaría innecesaria ante la efectiva presencia de comisión de ilícitos” probados, añadió.
Para los letrados De Nuñez y Sciarreta “la osadía jurisdiccional de mencionar que Santoro despliega su defensa en dos escenarios, uno en la presente causa y otro en el espacio profesional que le es propio, es absolutamente falaz y nos da la pauta que el señor Juez está más pendiente de lo mediático que de lo efectivamente actuado en esta causa”. En modo alguno “se trata de una estrategia como se desliza, por lo que el tratamiento otorgado por V.S. a nuestro asistido en este punto no es más que una concepción generalizada (en la sociedad) de un ataque al periodismo”, indicó.
Dijeron que se advirtió a lo largo de la causa que “decisiones adoptadas en la causa han sido publicadas en la prensa (en medios K) antes de ser notificadas a esta parte, por lo que realmente extraña estas menciones que realiza, las cuales demuestran una notoria subjetividad que atenta contra la imparcialidad que debe primar en todo Juez”.
Por ello “no es que Santoro “se pone en víctima” como se referencia en el fallo que se critica, sino que es la prensa en su conjunto quien entiende que es víctima de una persecución política-judicial”, denunciaron. Y se preguntaron que “¿Qué pretende Vuestra Señoría? Que el periodismo ¿deje de ejercer su actividad?”
“La burda confusión del periodismo de investigación con una coautoría y participación en un ilícito de la entidad de una asociación ilícita resulta inexplicable”, siguieron.
Ramos Padilla sostiene que Santoro “habría obtenido un beneficio personal”, a pesar de que el juez en la indagatoria del año pasado lo había descartado y D´Alessio hizo referencia a miles de dólares y aclaró que Santoro no se había beneficiado económicamente en nada. Además, Santoro ofreció por escrito sus cuentas bancarias y los documentos de la compra su casa y su auto, sus únicos bienes y que le hagan una investigar patrimonial.
Sin embargo, Ramos Padilla “refiere a un beneficio personal de Santoro, algo particular, pero tampoco se determina ni se describe cuál hubiera sido el provecho que nuestro defendido pudiera haber obtenido de todas estas falacias que se le endilgan”.
Por otra parte, “agravia también que en la especie, encontramos falsedades, elucubraciones, inferencias, teorías conspirativas, supuestos que de ninguna manera pueden ser tomados como lo que se llama en doctrina la probabilidad positiva de comisión de ilícito”. Santoro publicó notas que se corresponden con la realidad y “cuando no estuvo confirmado determinado punto fue cauteloso y utilizó el potencial en pos de ser fiel con su profesión y sus convicciones”.
“No se observan distinciones, a pesar de que vuestra señoría lo intenta hacer, por ejemplo, con el actuar desplegado por el periodista Eduardo Feinmann con relación al caso Barreiro (el jardinero de Cristina Kirchner), en cuanto publicó información en TV proporcionado por D’Alessio que luego fue usada por este para llevar adelante la maniobra que habría perjudicado al nombrado. Entonces, era un modus operandi de D’Alessio también informar en forma engañosa a los periodistas para lograr sus objetivos. ¿Por qué no aplicar esta teoría al caso Santoro?”.
“Queremos dejar en claro que con nuestros cuestionamiento no pretendemos de ninguna manera echar tierra sobre otros colegas del señor Santoro, sino, más bien, demostrar cómo se desarrolla la actividad periodística, cómo es la relación con la fuente, cómo se publican las noticias, dejando todo esto en evidencia la arbitrariedad con la que se aborda el caso Santoro en pos de forzar su participación en la “organización””, sostuvieron.
Santoro no puede ser considerado coautor de ninguna de las acciones sancionadas por las leyes de Inteligencia 25520 y su modificatoria 27126 porque nunca fue funcionario, ni miembro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como ya explicó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. En cuanto a la acusación de Ramos Padilla de que Santoro actuó en forma malintencionada explicaron que “el dolo no se infiere, el dolo se prueba y la jurisdicción simplemente se limita a ratificar que hubo intencionalidad en el accionar de Santoro porque conocía a D´Alessio (reconocido por Santoro aunque comprobado que con un alcance totalmente distinto al que se le pretende otorgar) y sus actividades ilícitas, sin ningún aval de esto último claro está”.
“No hay en la causa una sola prueba que determine que Santoro conociera, en su caso, que la información que hubiera recibido de sus fuentes en sus publicaciones fuera obtenida de manera ilegal”, añadieron los letrados.
Explicaron que meter a Santoro con una supuesta “Operación Triple Crimen” junto con Elisa Carrió y los periodistas Nicolás Wiñazki y Jorge Lanata en el 2015 contra el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández no tiene asidero, cuando, “puntualmente Graña y Alegre, reconocieron en testimonial, un contacto con el falso abogado sobre esta cuestión y sus ofrecimientos y entrega de información” por su interés periodístico en el caso.
De la causa surge también, por ejemplo, que “D´Alessio acompañó a Rolando Graña (en un auto blindado) a declarar en el juicio oral de “Los Monos” a Rosario”, que es un tema que tenía al falso abogado como fuente y parte de su trabajo periodístico.
Más adelante, el escrito de la defensa sostuvo que “yerra notoriamente el Juez al sostener que quien grabó una entrevista a la despachante de aduana Gladys Fernández sobre la causa de la Mafia de los Contenedores “fue el hijo de 12 años del falso abogado. “Es una entrevista que salió en el canal de TV América, en el programa Animales Sueltos” ; resulta realmente increíble tener que abordar estas cuestiones pero demuestran la mala intención del Juzgador en querer, forzadamente claro está, demostrar una relación de Santoro con D’Alessio que no fue más que la descripta por nuestro asistido”.
También es mentira la referencia del juez de que “D´Alessio había organizado al menos una reunión con Santoro y el fiscal Ignacio Bidone. No hay prueba alguna que de cuenta de ellos, amén de que nuestro asistido ha expuesto claramente que nunca se había reunido con ellos dos”.
El caso relacionado con la importación irregular de gas natural licuado (GNL) por 15 mil millones de dólares durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner ”también resultaba ser un tema de interés público general y que nuestro defendido trabajó durante mucho tiempo” Santoro entrevistó on the record a D’Alessio, quien trabajó dos años en ENARSA en la época K, para el libro El Mecanismo y puso, como buena práctica periodística, el descargo del ex titular de Nación Seguro y actual miembro de la AGN Juan Ignacio Forlón y Pablo García Arrebola.
En esta línea, “García Arrebola, al ser consultado por el juez, mencionó que el último contacto con D´Alessio databa del año 2012 y que no se había sentido ni amenazado ni extorsionado”.
Luego el escrito rechaza que Santoro haya supuestamente acordado con D’Alessio organizar operaciones de acción psicológica “al cuñado de De Vido” como uno de los objetivos de la organización “paraestatal”, quien está condenado en la causa de los Cuadernos de las Coimas. Santoro escribió gran parte de las notas sobre Claudio Minnicelli en el año 2017 y el documento “Síntesis de las investigaciones actuales” que se encontró en poder de D´Alessio data del 25/2/2018”. Ese escrito de D’Alessio es el indicio del juez para decir que hubo un plan.
La ampliación del procesamiento es “un sinsentido y un atropello pocas veces visto” en tribunales, también lo es sobre el caso del empresario K Mario Cifuentes que debía unos 1.200 millones de pesos a la AFIP. El director del diario Río Negro Italo Pisani confirmó que la investigación de ese empresario la comenzó él, “ratificando que era un caso de trascendencia y, sobre todo, que lo que surge de la nota de Santoro es verdad”.
“Hablando de inferencias insostenibles e injustificadas, llama poderosamente la atención el tratamiento que se le da al caso denominado “Informe Fantino -CFK”, subrayaron en alusión al mensaje de D’Alessio con sus opiniones sobre algunos de los miembros de su programa y falsos datos sobre un pedido de dinero que fue manipulado y usado por el kirchnerismo para atacar a Santoro.
“Se habla de producción y almacenamiento de información vinculada a la adscripción política de los integrantes de Animales Sueltos -Fantino, Manguel y otros- obtenida mediante inteligencia ilegal y aquí se introduce el término “infiltración””. El escrito señala que “está probado que Santoro acudía todos los días al programa como panelista, ¿cómo puede la Comisión Provincial por la memoria hablar de “infiltración”? y lo que es peor aún, ¿cómo puede vuestra señoría usar esto como un elemento de cargo en contra de Santoro cuando además ese informe estaba cuestionado al momento del dictado de este procesamiento? Un periodista que acude a su trabajo, ¿se infiltra?”
“Gerardo Young, quien también participaba como panelista de ese programa, dio cuenta en su testimonial de que era explícita la ideología política de los integrantes del mismo y que ello era conocido por todo el público. Asimismo, relató el hecho de la reunión de Fantino con Cristina Kirchner, ratificando lo expuesto sobre el particular por Santoro en su indagatoria. Nada más alejado de infiltraciones, colección de información, etc. Reiteramos: lo que D’Alessio hubiera volcado en sus informes es problema de él y, una vez más, ajeno a nuestro defendido”, subrayaron los abogados.
La supuesta “operación contra el ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray”, no es más que una pelea por una entrevista exclusiva a Leonardo Fariña entre Santoro y su colega Luis Majul.
Sobre le “operación Munin –Talevi”, señalaron los abogados “en esos intercambios no participa Santoro de ninguna manera y tampoco escribió en toda su carrera nada sobre Talevi, por lo que directamente no se comprende cómo arriba el señor Juez a introducir a Santoro en este asunto”. En cuanto a la “Operación Porcaro”, por el operador K que vive en Necochea, “hay otras inferencias y manifestaciones de la jurisdicción que fuerzan una supuesta participación delictiva de Santoro en estos sucesos que tampoco resulta ser tal”.
En cuanto a la referencia que D’Alessio hizo al fiscal Stornelli respecto del caso “Terrorismo – Irán” en el sentido de que ““te lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro?” sin respuesta alguna no puede ser tampoco usado como elemento cargoso en contra de nuestro cliente””. Santoro nunca escribió nada al respecto.
“Se observa que continúan siendo actos unilaterales de D´Alessio en donde menciona a nuestro defendido sin más pruebas”, finalizó el escrito de la defensa de Santoro. (Clarín)
