Por lo menos han sido seis los residentes del Hogar de Ancianos “Braulio Zumalacárregui” de Río Gallegos, los que han muerto tras haber contraído COVID, en los últimos meses. Un sinfín de quejas y de pedidos de diputados, referentes de la oposición e, incluso, concejales, fueron desoídos y desestimados por legisladores y funcionarios del Frente de Todos. Con la realidad de las muertes de los adultos mayores, el diputado de Encuentro Ciudadano, doctor Javier Pérez Gallart, denunció penalmente ante la Justicia Federal a un grupo de funcionarios, encabezados por el ex y el actual Ministro de Salud y Ambiente de la provincia.
Según informó un parte de prensa del legislador provincial, Javier Pérez Gallart, él mismo denunció el pasado viernes ante la Fiscalía Federal de Río Gallegos a un puñado de funcionarios, por la muerte de por lo menos seis residentes del Hogar de Adultos Mayores “Braulio Zumalacárregui”, entidad que depende del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Santa Cruz.
La denuncia recae contra las responsables del mencionado lugar (ubicado en Urquiza 64 de esta ciudad): Gabriela Cabezas, la psicóloga María José Santillán y Silvana Norma Hevia, titular de la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Además, el escrito de la denuncia solicita “se investigue la conducta del ex Ministro de Salud Pública Juan Carlos Nadalich y el actual Ministro de Salud Pública Dr. Claudio García”.
Mediante la presentación, el Diputado pide se determine la posible comisión de los delitos: violación de las medidas epidémicas (artículo 205 del Código Penal); lesiones graves imprudentes agravadas por la multiplicidad de víctimas (artículo 94, 2do. párr. del CP); homicidio imprudente agravado por la cantidad de víctimas (artículo 84, 2do. párr. del CP) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del CP).
Respecto de su presentación, Pérez Gallart aseguró: “agotamos todas las instancias y la situación es muy grave como para que quede impune” y recordó y enumeró una serie de acciones que llevó adelante ante las autoridades para el cuidado y atención de este grupo etario clave y de riesgo, como se remarcó desde el inicio de la pandemia, pero que no fue prioritario para los funcionarios de Alicia Kirchner.
Sobre ello, recordó: “nosotros le hicimos el planteo por la situación de las personas que residen en los hogares de ancianos, primero y de manera directa, al ex ministro Nadalich; después se lo planteamos a la propia gobernadora Alicia Kirchner en la reunión que mantuvimos en Casa de Gobierno; luego hicimos un último planteo en la Cámara de Diputados, donde nuestro pedido fue mandado al archivo”.
Respecto de las malas decisiones sobre de la falta de cuidado de los residentes en el Hogar de Ancianos en cuestión, OPI escribió varios artículos al respecto, donde en estos se expuso la constante y férrea postura oficial de menospreciar las críticas y asegurar hasta el cansancio que los adultos mayores de Santa Cruz y de Río Gallegos, particularmente, estaban cuidados y que la situación se encontraba ‘bajo control’.
Los peores pronósticos se cumplieron y fueron contados y, en otros casos, adelantados por esta Agencia, como en la nota del 22 de agosto de 2020, bajo el título “La cuestionable ayuda y cuidados de la gobernadora en los Hogares a los abuelos, en épocas de Covid”; o en la publicada el pasado 16 de septiembre: “Murieron cinco abuelos del Zumalacárregui internados con COVID”.
“Nos queda acudir a la justicia”, explicó el diputado Javier Pérez Gallart. La esperanza en que esta situación se investigue y se encuentre a los responsables radica en que la denuncia se planteó en el fuero federal, ya que la poco creíble justicia provincial sigue durmiendo en la Feria Judicial Extraordinaria de pandemia. (Agencia OPI Santa Cruz)
