Según publica Clarín El juez Martínez Di Giorgi dispuso, además, levantar el secreto fiscal de la empresa de nebulizadores Stand Up y otras valuadas en total en unos U$S 50 millones. Buscan más testaferros del ex esposo de Carolina Pochetti.
Por: Daniel Santoro
La Justicia amplió esta semana por un año más la intervención judicial sobre más de 10 empresas que el ex secretario privado de Cristina Kirchner, Daniel Muñoz, había comprado con plata negra por más de 50 millones de dólares. Así las posibilidades de recupero del dinero por parte del Estado, en caso de que su viuda Carolina Pochetti y otros testaferros sean encontrados culpables, son mayores. Otros 70 millones de dólares Muñoz, quien falleció en el 2016, habían sido invertidos en propiedades inmuebles en Estados Unidos y luego girados, en parte, a la isla Turcs and Caicos.
El juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, también ordenó a la AFIP levantar el secreto fiscal e investigar a esas empresas desde 2003 a la actualidad, cómo están compuestas las sociedades, sus movimientos financieros y su composición patrimonial para determinar si hay más testaferros.
Las empresas -entre ellas la de famosos nebulizadores San Up valuada en 34 millones de dólares- fueron descubiertas gracias a la confesión del ex contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, defendido por los abogados Roberto Herrera y Alejandro Baldini. Así Di Giorgi avaló la confesión de Manzanares.
Esta intervención no incluye, por ejemplo, a la empresa Madaco que tiene 30 cocheras y dos oficinas en la Capital Federal –que ya está en proceso de remate-, como tampoco la firma para blindar autos Amoring Systems en la que Muñoz habría tenido acciones.
Martínez Di Giorgi, ratificando lo que había decidido el fallecido ex juez Claudio Bonadio, dividió las empresas en tres grupos para que sean intervenidas. El primero, estará integrado por aquellas vinculadas al grupo económico “Llaneza / Autofarma”, es decir “Del Pueblo SA”, “Del Sur SA”, “Farmacia Fagnano SCS”, “Farmacia Llomar SRL”, “Farmacia Moderna Scs”, “Farmacia Rio Turbio Scs”, “Llaneza Hermanos”, “Llaneza Y Asociados”, “Llaneza y Asociados Río Grande Sa”, “Nuevos Emprendimientos Sa”, “Patagonia Sur Salud Sa”, “Río Gallegos Scs” Y “Santa Cruz Salud Sa”. En un segundo grupo, la AFIP nombrará un interventora para “Maquinarias Zurich Sa”, “Nebumanía Sa” y “San Up Sa”.
Por último, en un tercer grupo se intervendrán “Autofly Srl”, “Combsur Sa”, “New Wall Srl”, “Patagon Adventure Srl”, “Patagon Experience Srl”, “South Point Srl”, “Trans Ecológica Sa” y “Vial Sur SA”, informaron a Clarín fuentes judiciales.
La veeduría de estas empresas que Muñoz había comprado con plata proveniente de coimas embolsadas, en parte en el sistema, de recaudación de los Cuadernos de las Coimas, “en consonancia con lo postulado por el fiscal, irá acompañada de una medida de no innovar tendiente a impedir que, sin autorización previa del tribunal, se efectúe cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, el desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas”. Además, el juez Martínez Di Giorgi dispuso “la prohibición de distribuir dividendos a los procesados” en la causa.
También los interventores deberán informar al tribunal “en el período comprendido desde el año 2003 a la actualidad, cómo están compuestas las sociedades mencionadas, cuáles son sus movimientos financieros y su composición patrimonial”. La orden del juez a la AFIP es más amplia. Solicitó a la AFIP la “totalidad de las constancias obrantes en cada uno de los rubros de la base informática “E-FISCO”, incluyendo Padrón Completo, Declaraciones Juradas de todos los tributos, Grupos de Interés (Relaciones), Informados: Bienes Registrables –Automotores, Propiedades, etcétera-, Informados según Resoluciones Generales –Títulos Públicos, CITI-COMPRAS, SITER, Retenciones, Consumos Relevantes, CITI-VENTAS, Movimientos Bancarios, etcétera-, Base Relaciones, Base Unifica –antecedentes de Fiscalización-, Base Apoc –facturas apócrifas, nómina salarial, sueldos percibidos, etcétera”.
Además, “deberá informarse si han adherido, aún de forma condicional e incluyendo a sus familiares, a alguna ley de sinceramiento fiscal (moratoria) en el período indicado, y en caso afirmativo toda la información declarada”. (Clarín)
