La comisión de expertos de Alberto Fernández recomendó, por seis votos contra cinco, eliminar los dos tercios para elegir al Procurador

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Alberto Fernández presento el proyecto de lay de reforma de la justicia - Foto: Presidencia

Por: Paz Rodríguez Niell

Según publica La Nación Por seis votos contra cinco, el consejo consultivo creado por Alberto Fernández para analizar reformas en la Justicia recomendó bajar la mayoría necesaria en el Senado para aprobar la designación del Procurador.

Hoy, la ley exige una mayoría de dos tercios para el nombramiento (mayoría que el oficialismo no tiene) y el cargo es vitalicio. El kirchnerismo está decidido a reducir esa exigencia y esperaba el dictamen de esta comisión para avanzar.

El consejo de juristas terminó su trabajo ayer y está previsto que hoy le entregue al Presidente sus conclusiones, que no incluyen propuestas de reformas en la composición de la Corte Suprema, pero sí en la del Consejo de la Magistratura, cuyos miembros deberían pasar, según la comisión de expertos, de 13 a 16. En cuanto al funcionamiento de la Corte, la mayoría recomendó crear, por debajo de ella, un nuevo tribunal “intermedio”. Las líneas generales del dictamen fueron adelantadas a LA NACION por fuentes de la comisión.

El grupo de juristas empezó a trabajar en agosto y con el paso de las semanas, el tema del Procurador (la forma de designación y la duración en el cargo) fue tomando cada vez más relevancia política, a medida que avanzaba la idea del kirchnerismo de modificar la ley.

El aval obtenido para este plan, no obstante, es ajustado. Votaron por flexibilizar la mayoría -y llevarla a mayoría absoluta de los miembros del Senado- los abogados Carlos Beraldi, que es el defensor de Cristina Kirchner, Carlos Arslanian y Marisa Herrera; el constitucionalista Raúl Gustavo Ferreyra y los jueces de las cortes provinciales Claudia Sbdar (Tucumán) y Omar Palermo (Mendoza).

Por mantener los dos tercios, en cambio, se pronunciaron Inés Weinberg de Roca, la presidenta del máximo tribunal porteño, que fue candidata a procuradora de Mauricio Macri; Enrique Bacigalupo, exjuez del Tribunal Supremo español y procurador del Tesoro del gobierno de Héctor Cámpora; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y los jueces de cortes provinciales Hilda Kogan (Buenos Aires) y María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego).

El tema del Ministerio Público Fiscal fue el primero que debatió la comisión, pero esta mayoría se consolidó en los últimos días. Originalmente, Ferreyra no estaba convencido de pronunciarse por flexibilizar la mayoría requerida en el Senado. En el entorno del constitucionalista explicaron que lo decidió a votar como lo hizo que la alternativa elegida (la mayoría absoluta sobre el total de los miembros del Senado) es un criterio previsto en el Constitución reformada en 1994 y que se propone que el Procurador ya no sea vitalicio.

Todos los miembros de la comisión, menos Gil Domínguez, recomendaron que el mandato del jefe de los fiscales sea temporario. El plazo de duración más corto lo propusieron Arslanian, Beraldi, Ferreyra, Herrera, Sbdar y Palermo, que sugieren que el Procurador sea designado por cinco años, renovables por igual período. Más allá de la discusión jurídica, Gil Domínguez, que en este tema votó en soledad, argumentó en el debate interno que el cargo hoy no es eterno sino hasta los 75 años.

Un dato clave es que todos los miembros de la comisión coincidieron en que debe mantenerse el juicio político como método para remover al Procurador. Eso no propusieron flexibilizarlo, adelantaron fuentes que trabajaron en el dictamen.

Quienes sostuvieron que deben mantenerse los dos tercios también para la designación alegan que ese mecanismo coincide con el requerido por la Constitución para nombrar a las autoridades de la misma jerarquía que no se eligen por el voto popular (los jueces de la Corte Suprema). También, que esta mayoría, tan exigente, evita que prevalezcan razones partidarias en la selección de quien será el jefe de los fiscales, y le permite contar con mayor legitimidad democrática.

Esta es, justamente, la posición de Daniel Rafecas, el candidato a Procurador que propuso el Presidente. Rafecas advirtió que él no asumiría si se modificara la exigencia de los dos tercios. Ni siquiera, si el cargo dejara de ser vitalicio para ser temporal. Sin embargo, el kirchnerismo siguió avanzando desde el Senado para modificar la ley en ese sentido.

Dentro del consejo de juristas, la posición que quedó en minoría alegó que las dificultades políticas de los Poderes Ejecutivos para conseguir los dos tercios no son un motivo válido suficiente para flexibilizar esa mayoría. Una de las promotoras de este argumento fue la jueza Weinberg. Ella, justamente, no logró ser nombrada Procuradora porque Macri no consiguió los dos tercios del Senado necesarios para aprobar su pliego.

El Consejo de la Magistratura

En cuanto al Consejo de la Magistratura, tal como adelantó LA NACION, la comisión propone que sus miembros sean 16, cuatro por cada estamento (incluido el académico científico). La mayoría, además, sugiere flexibilizar los requisitos a cumplir para acceder a los lugares reservados para el estamento académico científico. Promueve que estos consejeros no deban provenir solo del ámbito del derecho y que no necesariamente deban ser abogados. La comisión propone ampliar el universo a otras profesiones y especialidades, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, su versación y compromiso en temáticas de género, diversidad sexual y derechos humanos. Esta propuesta no fue acompañada por Kogan, Battaini ni Weinberg.

También en minoría, Kogan y Weinberg consideran que cuando el artículo 114 de la Constitución se refiere a los representantes de los órganos políticos “resultantes de la elección popular”, exige incluir todos aquellos elegidos mediante el sufragio popular, lo que incluye tanto a legisladores como al Poder Ejecutivo (hoy la ley solo contempla diputados y senadores).

La Corte Suprema

La comisión de juristas decidió no pronunciarse sobre el número de miembros que debe tener la Corte Suprema (entendió que no era parte de la tarea encomendada por el Presidente), pero, para descargar la sobrecarga de casos que tiene el alto tribunal, la mayoría se pronunció por crear un tribunal intermedio entre la Corte Suprema y las supremas cortes provinciales y de la ciudad de Buenos Aires.

Las opiniones estuvieron divididas en este punto. Algunos juristas propusieron que el tribunal intermedio tenga competencia solo para temas del fuero federal; otros, que sea más amplia. Battaini, Kogan y Weinberg se opusieron a la creación de cualquier tribunal intermedio, con el argumento de que menoscaba el sistema federal y desconoce la autoridad de los superiores tribunales provinciales como última instancia previa a la Corte. (La Nación)

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