(OPI Chubut) – Nuevamente el defensor de los Adultos Mayores de Chubut, David González, vuelve a ser noticia, no por su “desempeño” –inexistente según denunciaron -, sino por solicitar fondos de funcionamiento para su dependencia, área a la que representa y en la que no trabajó desde que fue designado en diciembre de 2019.
El repudio generalizados de las organizaciones de jubilados no hizo ruborizar al funcionario quien justificó su falta de asistencia -a las funciones designadas- por no tener espacio físico y no contar con asesores, función por la que cobra un sueldo cercano a los 400 mil pesos.
Generoso con su “equipo cercano”
González presentó un presupuesto que contempla gastos para 2021 por casi 38 millones de pesos, de los cuales el 90% es para el pago de haberes. El suyo y el de los asesores, uno de ellos muy necesarios ya que el propio González declaro saber muy poco de PC, por ello necesitaría un escriba.
La Defensoría de los Adultos mayores depende de la Legislatura, ante cuya Comisión de Hacienda presentó González una nota donde puntualiza que para el área “se ha previsto una partida total de gastos que asciende a $ 37.991.683”, de los cuales “para el gasto en personal es de $ 33.947.628”, lo que equivale al 89,4% del gasto total.
Relativo al gasto en bienes de consumo, González estipuló una cifra de $ 668.770, en tanto que para servicios no personales prevé un presupuesto de $ 3.012.085. “El presente proyecto de presupuesto responde a las características de una norma inicial que ha sido preparada para facilitar la organización de la Oficina en su funcionamiento mínimo indispensable a fin de alcanzar los objetivos pretendidos por la sanción de las leyes de su creación”, puntualiza la nota.
Investigado por la Fiscalía
González, ex diputado provincial y sindicalista del gremio municipal de Comodoro Rivadavia, fue -hace algunos meses- blanco de una fuerte polémica al comprobarse que cobraba el sueldo, pero nunca había asistido a la Legislatura para atender las necesidades de los adultos mayores. Diversas organizaciones de jubilados de la provincia se manifestaron en contra de su continuidad en el cargo, cuestionando el modo en que fue designado, cinco días antes de concluir su mandato como legislador, el 10 de diciembre del año pasado.
En su defensa, González responsabilizó al vicegobernador Ricardo Sastre por no haberle designado al menos dos colaboradores que él consideraba imprescindibles: uno legal y otro que entendiera de tecnología, porque el mismo admitió no dominar en plenitud una PC.
Las voces comenzaron a alzarse y no solo se escuchó el repudio de los damnificados, -los jubilados que rechazan la representatividad del funcionario cuestionado-, sino también en los pasillos de la Legislatura, donde el caso González comienza a “estorbar”. Tal es así que la causa del “ñoqui de elite” ya está en manos del fiscal Héctor Iturrioz quien sostuvo que González percibe un sueldo cuando la Oficina no ha tenido ninguna actividad a lo largo del año. “Es el caso de un ñoqui, aunque como no tenemos una ley tipificada no llegan demasiado a juicio”, esgrimió.
El fiscal aclaró –sin embargo- “tenemos la ley de Ética Pública y una de las mandas es desempeñar la función con propiedad, efectividad y con otros principios rectores que establece la norma y no cumplirla es incumplir los deberes de funcionario público, tengo una figura típica para investigar”.
En cuanto al presupuesto presentado por González, el fiscal dijo que «el gasto de sueldos demandará casi 34 millones de pesos y que se repartirá en cinco personas, es una demasía para una Oficina que tuvo una nula actividad en un año en el que los beneficiarios necesitaban asistencia. González argumentaba no contar con un lugar físico para prestar sus servicios, pero según la información que proporcionó la Legislatura, el designado nunca pidió empezar a trabajar, sino que le “designen asesores”, sostuvo Iturrioz. Y adelantó: “Hay jubilados interesados en presentar la denuncia, ya tomaron contacto con nosotros”. (Agencia OPI Chubut)
