Según publica La Nación A la espera del fallo de la Cámara de Casación Penal sobre la validez de las confesiones de 31 arrepentidos en el caso conocido de los cuadernos de las coimas, la ley del arrepentido es una doctrina que todavía despierta debates y discusiones en todo el mundo.
A pesar de estar en el límite de ciertas garantías, grandes casos de corrupción latinoamericanos se construyeron en las últimas décadas en base a estas confesiones y es una metodología que se utiliza en países europeos en la actualidad para combatir delitos como el terrorismo, la corrupción y el lavado de dinero.
“La ley del arrepentido fue una herramienta muy eficaz utilizada en el mundo para investigar delitos complejos. Hay que tener en cuenta que es una herramienta que pone en crisis ciertas garantías constitucionales y, por eso, los funcionarios encargados de llevar a cabo los acuerdos y la implementación de los mandatos legales deben actuar con máxima profesionalidad y celo en el resguardo de esa garantía”, explicó Hugo Wortman Jofré, presidente de Poder Ciudadano.
El abogado, que investigó el tema para la Universidad de La Sorbona de París y la Universidad de El Salvador, asegura que, más allá de los cuestionamientos sobre esta ley, la Justicia “debe analizar cada caso en concreto, sin hacer generalizaciones”.
Este fin de semana, el presidente Alberto Fernández cuestionó en duros términos la ley del arrepentido. “Es un sistema de compra-venta de testimonios”, dijo durante una entrevista con Net TV, para apuntar a un uso político en la región. “Si ustedes miran, se aplicó casi simultáneamente en Ecuador, Brasil y Argentina: en los tres casos para perseguir dirigentes políticos opositores”.
El primer caso que despertó debates en la región sobre la colaboración de imputados arrepentidos ocurrió en Perú. Después de que el presidente Alberto Fujimori dejara el poder, el Congreso sancionó una ley para investigar los crímenes y la corrupción durante su gobierno. Hubo planteos sobre la validez de estas declaraciones, pero la norma siempre fue ratificada por distintas instancias judiciales.
Las confesiones de arrepentidos volvieron a quedar bajo la lupa en Brasil por dos casos de corrupción. Primero, la Justicia lo utilizó en la causa conocida como “Mensalao”, donde se investigó un esquema de sobornos a legisladores para apoyar proyectos en el Congreso. Después, aparecieron decenas de “delaciones premiadas” por el caso Lava-Jato, que también involucra a funcionarios argentinos por los negocios de la empresa Odebrecht, con varios procesos en curso en los tribunales de Comodoro Py.
Con una estructura piramidal, el entonces juez brasileño Sergio Moro fue construyendo en base a las confesiones de los arrepentidos al Lava-Jato como un caso emblemático del uso de esta figura para desmontar una trama de corrupción inédita por su complejidad y por sus dimensiones.
Más allá de las experiencias latinoamericanas, la figura del arrepentido también se usa en países europeos. En Francia, por ejemplo, funciona una comisión nacional del arrepentido que está integrada por académicos, abogados y jueces y que se encargada de evaluar el tratamiento que debe recibir cada imputado, su condición psicológica y las ayudas económicas, entre otras cosas. Ese tribunal interviene en procesos actuales, como la investigación por el ataque terrorista contra la revista Charlie Hebdo.
La Argentina no es ajena a los debates sobre los arrepentidos, en especial, después de su utilización en decenas de casos que involucran a exfuncionarios y empresarios en el caso de los cuadernos de las coimas.
Los cuadernos
La Sala I de la Cámara de Casación Penal definirá por estas horas si declara o no constitucional la aplicación de la ley del arrepentido en la causa de los cuadernos. Se trata de una definición clave para los acusados en ese expediente, entre los cuales se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Son 31 personas que confesaron haber pagado coimas durante el kirchnerismo, y también exfuncionarios kirchneristas que admitieron haber conducido pagos de dinero hacia el entorno de los Kirchner.
Las defensas de exfuncionarios kirchneristas como Julio De Vido y Hernán Gómez sostienen que las confesiones tomadas por los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo no cuentan con el soporte tecnológico que plantea la ley del arrepentido. Pidieron, entonces, a la Casación que se declare la nulidad de lo actuado por el fallecido juez Claudio Bonadio en la causa, por la manera en que se tomó registro de los dichos de los arrepentidos: esto es, en actas de papel y sin un registro audiovisual.
Ese planteo ya fue desestimado en instancias previas y ahora es el turno del máximo tribunal penal para saldar la discusión. El fiscal de Casación Raúl Plee, que interviene en la causa, y la fiscal de juicio Fabiana León ya dijeron que las actas en papel son válidas. (La Nación)
