El presupuesto 2021 no se trató y los proyectos para reiniciar las clases presenciales en la provincia lo mandaron al archivo

La legislatura de Santa Cruz extendió hasta el 10 de diciembre el período de sesiones ordinarias del 2020 para tratar el Presupuesto General de la provincia 2021, el presupuesto del Poder Legislativo y “el Fondo Unirse y unas 20 leyes que aún debemos tratar”, aseguró el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Matías Mazú.

En una nueva sesión en formato virtual, los legisladores aprobaron un abanico de leyes enviadas por el Poder Ejecutivo y otros impulsados por diputados del oficialismo.

En el último encuentro de noviembre si bien no hubo debate sobre el avance de la pandemia del COVID-19 en Santa Cruz, sí se votó por mayoría una resolución impulsada por José Luis Garrido (SER – FPV), que pide reconocer “a todos los afiliados de las Obras Sociales y de la Caja de Servicios Sociales, hisopados, test rápidos, y/o cualquier otro tipo de mecanismo que permita la detección de COVID – 19, con una cobertura del cien por ciento (100%) de los gastos, de acuerdo a los procedimientos que este organismo establezca”.

La medida fue remitida a la Superintendencia de Servicios de Salud que depende del Ministerio de Salud de la Nación para que se requiera una efectiva implementación.

Sin embargo, cuando los diputados de Nueva Santa Cruz intentaron poner en discusión iniciativas como la vuelta a clases en la provincia, no obtuvieron las manos necesarias para que se trate sobre tablas.

Esa fue la suerte que corrieron los proyectos de Daniel Roquel (UCR) que le solicitaba al Consejo Provincial de Educación se contemple la realización de los actos de egresos escolares, pero será discutido en comisiones.

Lo mismo ocurrió con una iniciativa de sus compañeros de bancada, Nadia Ricci (UCR) y Evaristo Ruíz (Movere). 

Ricci pedía que Educación elabore un protocolo para permitir la vuelta a clases de los distintos niveles del sistema educativo provincial, pero el oficialismo no quiso que se tratar sobre tablas.

Mientras que Ruíz solicitaba el regreso de las clases presenciales, sin debate previo, fue a votación en el tratamiento sobre tablas, pero registró 10 afirmativos (Nueva Santa Cruz junto a los diputados oficialistas Carlos Santi, José Luis Garrido, Claudio Barría Peralta, Jorge Arabel, Juan Manuel Miñones y Hernán Elorrieta), 10 negativos, y una abstención. Al no lograr los dos tercios para su aprobación sobre tablas, se giró al archivo. 

Por unanimidad se ratificó el Acuerdo para Almacenamiento Subterráneo de Gas Natural en el Lote de Explotación “Sur Río Chico”, firmado a fines del 2019 entre el Instituto de Energía de Santa Cruz y la empresa Compañía General de Combustibles S.A y su addenda del 19 de febrero de 2020.

A su vez, se aprobó por unanimidad el Fondo Editorial Santacruceño que permitirá “editar, promocionar, distribuir, publicar y difundir las obras literarias originales e inéditas, educativas y culturales de autores y autoras que estén comprendidos en la Ley 3254”.

Se aprobó sobre tablas un proyecto de ley que impulsó la diputada Rocío García (Frente para la Victoria) que crea en Santa Cruz la Mesa de Migrantes, Colectividades y Descendientes, con “el objeto de promover instancias de vinculación, visibilización, reflexión, diálogo, participación y debate entre sus participantes y la sociedad en su conjunto”.

García sostuvo que “se trabajó con la mayoría de las colectividades de la provincia y se podrá establecer una agenda de problemáticas comunes. Esto hace a la historia de Santa Cruz, Argentina e incluirá a todos aquellos que son migrantes y descendientes”.

Sobre el final hubo un debate entre demagógico y sinsentido, por un proyecto de resolución que establece un reconocimiento a la media sanción que tuvo el proyecto de ley denominado “Impuesto a las grandes fortunas”, que se trató la semana pasada en la Cámara Baja de la Nación. Fue aprobado por la mayoría oficialista. (Agencia OPI Santa Cruz)