La Cámara de Diputados de Santa Cruz sesionó ayer jueves 10 en modalidad virtual – con interrupciones por falta de conectividad- y aprobó por mayoría del kirchnerismo el presupuesto provincial 2021 sin ahondar en detalles sobre la letra del proyecto y el impacto que tendrá el próximo año.
También se aprobó la prórroga por mayoría del oficialismo para sesionar hasta el 20 de diciembre y así tratar el proyecto de ley del Sistema de Medios Públicos que ayer no logró consenso interno del Frente de Todos para aprobarlo sobre tablas.
A la hora del debate parlamentario, se discutió el presupuesto provincial 2021 prevé gastos por más de 121.349 millones de pesos, ingresos por más de 120.636 millones de pesos y el acceso a fuentes de financiamiento por 4.756 millones de pesos.
Respecto al personal de planta permanente se fijó en 35.661 agentes en la Administración pública provincial y 1.482 agentes de personal contratado y transitorio.
El presupuesto da amplias facultades al Poder Ejecutivo para realizar modificaciones de gastos y recursos dentro del ejercicio 2021 e incluso le da la posibilidad de acceder al Crédito Público sin determinar un monto cuando necesita financiarse para cubrir gastos o pago de la deuda pública pendiente.
La miembro informante del oficialismo fue la diputada Liliana Toro que preside la comisión de Presupuesto y Hacienda.
Aseguró que el proyecto contempla que el “94 por ciento es gasto corriente. Del 70 por ciento del gasto se cubre con el tesoro, un 22 por ciento de recursos propios, un 5 por ciento con afectación específica y, un 3 por ciento con transferencias internas”.
Toro dijo que “el presupuesto contempla que el 60 por ciento está orientado a servicios sociales salud y educación y un 21 por ciento a la administración gubernamental”.
A su turno, el diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Pérez Gallart criticó las inversiones en obras públicas que “sólo estará en el orden del 3 por ciento para toda la provincia”.
“La pauta salarial con las erogaciones en personal en el orden del 21 por ciento no será acorde a una inflación proyectada en el 29 por ciento para el año próximo y más aún cuando el Banco Central la estima en alrededor del 48 por ciento” argumentó.
Pérez Gallart aseveró que “de esta manera se prolonga la caída real de los trabajadores públicos, jubilados y jubilados, pensionadas y pensionados de Santa Cruz”.
A su vez, detalló que deberá “pensarse en una situación esencial como la recuperación de la pospandemia. Tiene que ser un ámbito donde se genere un acuerdo económico y social para pensar el futuro de la provincia, esto implica que haya que reforzar partidas en la obra pública, el proceso de industrialización de los recursos que se extraen de la provincia, exigir un plan agresivo de exploración y explotación a las petroleras, cuando ya hay precios estables; la explotación minera que opera en la provincia que al margen de la prórroga del UNIRSE deben conseguirse otras condiciones, para ver formas asociativas o buscar otras herramientas captar la renta que no gozamos”.
También pidió que haya “reactivación de las Pymes, los efectos de la pandemia serán importantes en turismo y otros ámbitos de producción” y se preguntó “¿cuál será el rol del Banco Santa Cruz en este momento tan sensible? Tenemos el 49% del paquete accionario y somos convidados de piedra. Nuestros socios Eskenazi fugaron fondos del país y además tienen un juicio contra el país y no aportan a la reactivación de nuestra provincia”.
El legislador del bloque Nueva Santa Cruz añadió que “faltan detalles en los ingresos por coparticipación federal, los ingresos por regalías separados. Se subestiman los ingresos eventualmente, le damos amplias facultades al Ministerio de Economía, porque se subvalua el dólar y los ingresos que dependen de esa cotización”.
También criticó “las falencias del Instituto de Energía para controlar las inversiones de las empresas petroleras” y la firma del último pacto fiscal que “no nos permite seguir avanzando con el reclamo del Fondo Soja y el 15% que se nos retrae de la coparticipación federal destinado a la ANSES. No podemos incrementar la recaudación vía Ingresos Brutos, pero nos queda el sector financiero y el juego que son privilegiados”.
A su vez, pidió que se discuta una nueva ley de coparticipación provincial y sumó su crítica al pedido de endeudamiento sin determinar los fondos.
“El presupuesto carece de perspectiva de género cuando la diputada Rocío García lo planteó sesiones atrás, que sea transversal en las políticas del Estado. Tampoco hay fondos específicos para atender las leyes de Protección Integral para Erradicar, Prevenir y Sancionar la Violencia contra las Mujeres y mucho menos para la protección integral de niños, niñas y adolescentes”, recalcó.
A su turno, el radical Daniel Roquel acotó que “el presupuesto ajusta y faltan recursos para los municipios. El pago a personal no va a la par de la inflación estimada. No se realizaron obras, los chicos no tuvieron clases y el aumento salarial que se le puede ofrecer a los docentes tendremos muchos días de paro”.
Quien levantó el guante ante las críticas desde el oficialismo fue el presidente de la bancada del Frente de Todos, Matías Mazú quien argumentó que “no iba a opinar, pero lo pudimos debatir en comisiones, tuvimos una reunión de bloque con el ministro de Economía. Quiero hacer consideraciones políticas. Cuando los escucho veo que parecieran que hablaran con tanta certeza de la economía me asombra, hoy no hay certezas”.
“La economía fue volátil, el valor del petróleo en caída, nos complico a la provincia y al país” aseveró Mazú quien puntualizó que “es un presupuesto y sólo se presupone, siempre fue así. Hoy nadie puede decir con certeza lo que podemos recibir en tantas cuestiones. Venimos a aprobar un presupuesto que es lo posible”.
El legislador oficialista pidió “entender de dónde estamos parados, venimos de un país destrozado por la timba financiera y la pandemia. Se irán ajustando los presupuestos a medida que tengamos certezas. Me parece que aún la economía es volátil y se hizo en función de las pocas certezas que hay en la economía mundial”.
“No soy el oráculo y no soy quien para decir que pasará mañana por más economistas que escuche. Me paro desde un lugar desde el sentido común y la herramienta para que el gobierno funcione y pueda cumplir con sus obligaciones” argumentó antes que se pase a la votación que tuvo 20 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención.
El despacho tuvo modificaciones en el polémico artículo 37 que en el texto original que pretendía anular derechos adquiridos de los trabajadores estatales reconocidos en diversos convenios colectivos de trabajo.
En comisiones se modificó y ahora prevé que “en resguardo de la debida autarquía financiera del Poder Judicial y el Poder Legislativo y en observancia de los principios establecidos en la Constitución Provincial, el Poder Ejecutivo Provincial transferirá mensualmente a la Honorable Cámara de Diputados y al Poder Judicial, los montos necesarios para garantizar el financiamiento de los gastos corrientes conforme a su ejecución presupuestaria. En el caso de las erogaciones de capital, las transferencias se evaluarán conforme la disponibilidad financiera del sector público provincial”.
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En la sesión se sancionó por unanimidad la ley integral de reconocimiento y reparación histórica de derechos de las personas trans que tiene por objeto “asegurar a las personas trans el ejercicio pleno de sus derechos y libertades en condiciones de igualdad, promoviendo el respeto de su dignidad, buscando lograr la integración social a nivel cultural, económico, laboral, en el ámbito de la salud y la educación, así como en todos los ámbitos de la vida ciudadana”.
La diputada García (Frente de Todos) dijo “hoy es un día histórico y muy importante para la provincia de Santa Cruz será la primera ley en el país integral de reparación histórica y reconocimiento para el colectivo trans. Están los aspectos de la vida que se deben contemplar para que las personas trans puedan ejercer todos sus derechos”.
A su vez, por ley la provincia se adhirió a la ley Nacional 27590, que crea el “Programa Nacional de Prevención y Concientización contra el Ciber Acoso o Grooming” y la autoridad de aplicación recaerá sobre la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Por otra parte, se aprobó la creación del Observatorio del Agua en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El estamento tendrá que observar cómo se lleva adelante “la política hídrica provincial, cuyo objetivo principal será establecer consensos para los diferentes usos y demandas de conservación de los recursos hídricos provinciales”.
Una vez sancionada y promulgada la ley, en 180 días la jefatura de Gabinete tendrá que remitir a la Cámara de Diputados, un diagnóstico del estado de uso y conservación de los Recursos Hídricos en la Provincia y un plan preliminar para la gestión integral de Recursos Hídricos de mediano plazo, determinado en un mínimo de tres años. También deberá remitir a la legislatura un informe anual que estipule la implementación y avance de las acciones llevadas a cabo.
Sobre el final la diputada Toro pidió la prórroga del período ordinario hasta el 20 de diciembre para “tratar una serie de leyes que están en comisiones”, el legislador Pérez Gallart justificó su negativa porque “la sesión tiene nombre que es el nuevo Sistema de Medios Públicos que requiere que sea tratado con mayor tiempo y participación”.
El bloque del Frente de Todos no logró consenso interno para votar la ley que impulsa el Poder Ejecutivo y tratarla hoy sobre tablas.
El diputado oficialista Martín Chávez justificó que “hubo un trabajo arduo para llegar al proyecto que es una culminación de esas labores entre muchos sectores que fueron escuchados”.
Pérez Gallart les dijo “señor presidente el problema es que el bloque oficialista tiene que arreglar su interna porque sino lo hubiesen votado hoy”. (Agencia OPI Santa Cruz)
