Según publica Clarín Un directivo de Vialidad declaró leyendo anotaciones, lo acusaron de estar guionado y pidieron anular sus aportes. Buscaba desligar a Lázaro Báez.
Por: Lucía Salinas
Una de las últimas audiencias del juicio por corrupción en la obra pública en el que juzgan a Cristina Kirchner y Lázaro Báez terminó con escándalo. Un testigo llamó la atención de la fiscalía como de los jueces y despertó las sospechas de que su testimonio fuera “guionado”.
Se trata de Justo Pastor Romero, quien aún es empleado de la Dirección Nacional de Vialidad -ingresó en 2014- y que antes se desempeñó en la Sindicatura General de la Nación.
El hombre comenzó a declarar hasta que empezó a llamar la atención por unos papeles que tenía en su mano y que iba leyendo a medida que inició su declaración testimonial. Intentaba refutar, con su testimonio, la concentración de las licitaciones del 86% que, según la imputación, tuvo el Grupo Austral, y los sobreprecios promedio del 65%. Pero lo cierto es que no está permitido que un testigo declare con anotaciones o leyendo un documento lo que despertó todo tipo de acusaciones sobre la veracidad de su testimonio y si en verdad no estaba “guionado”.
“El testigo comienza a leer anotaciones que describe como propias, sobre datos oficiales de los precios de los montos actualizados de todas las obras en Santa Cruz tomados del sistema de la DNV que, según refiere, le fueron facilitados por el contador Marcelo Guillermo Bianchi”, consta en el acta del juicio a la que accedió Clarín.
La situación se prestó para las sospechas. Aquellas anotaciones que estaba leyendo el testigo Romero, buscaban refutar la presunta existencia de sobreprecios en las obras que Lázaro Báez obtuvo. Entonces, fue cuando Juan Villanueva, abogado del empresario K, pidió que esos documentos que Romero tenía en sus manos se incorpore como prueba al juicio. El fiscal ante el Tribunal, Diego Luciani, manifestó su preocupación por el contenido de la declaración, y sobre todo, “con relación al símil peritaje que el testigo intenta leer, de su autoría, sobre presuntos cálculos de sobreprecios, estimación que minutos antes el mismo declarante describió como de una complejidad superior”, consta en el acta.
El fiscal continuó con su reclamo y dijo que se estaba asistiendo a un testigo “cuya tendenciosidad y parcialidad es preocupante, partiendo del hecho de que el testigo hace una estimación por motu propio, al margen de toda orden del Tribunal, que ninguna de las partes presentes ha podido controlar, mucho menos corroborar, afectando de ese modo el derecho de defensa en juicio”. Por esos motivos, el representante del Ministerio Pública solicitó al Tribunal que “reconduzca la declaración del testigo y se excluya la suerte de investigación que el Sr. Romero hizo por cuenta propia y al margen de la autorización del Tribunal”.
Romero buscó desestimar los números de los sobreprecios con sus anotaciones, algo que rechazó el fiscal que contó con la adhesión del abogado de la Unidad de Información Financiera (UIF), Federico Bazzani quien en un escrito, al que accedió Clarín, sostuvo que hubo una marcada “irregularidad advertida en la declaración del testigo referido, en tanto su testimonio, lejos de ser espontáneo y resultante de la evocación de su memoria, se basó fundamentalmente en dichas constancias, en franca contravención” a lo que plantea el Código Procesal Penal.
Asimismo, el abogado del organismo del Estado, indicó que el documento que varias defensas, entre ellas la de Báez, pidieron incorporar, “no satisface los extremos requeridos por el Código Procesal Penal. En efecto, según esa norma, la prueba a introducir no puede ser cualquiera sino solo aquella que resulte evidentemente vital y pertinente como producto de la contradicción ocurrida en el debate, una situación muy distinta a la forma en que se “descubrió” este documento en la audiencia pasada”.
En el mismo sentido, se pronunció el abogado Lucas Trigo, de la OA, quien en su escrito planteó que un testigo “no puede leer su testimonio. Podrá en todo caso leer, si el tribunal lo autoriza, alguna parte de una declaración anterior o algún fragmento de un documento que llevara su firma, para refrescar su memoria – dice el código de procedimientos- pero en ningún caso puede sentarse frente a los estrados y leer un testimonio que llevara preparado de antemano”.
Fue entonces cuando la OA indicó que por no ser un documento que ya estaba incorporado a la causa y que ninguna de las partes conocía, “el testigo no podía proceder a su lectura, y esta posición, fue confirmada por el tribunal en la audiencia”. La querella entendió que su incorporación posterior “tampoco puede admitirse desde lo formal por que en modo alguno resulta ser una prueba sobreviniente (…). No es algo novedoso ni tiene relación alguna con la materia en la que estaba siendo interrogado el testigo Romero”.
En cuanto al contenido de los manuscritos que sostenían la ausencia de los presuntos sobreprecios, el fiscal Luciani, los abogados de la OA y de la UIF, coincidieron al plantear que esos apuntes “resultan impertinentes y que no tienen que ver con el objeto de debate en este juicio. Esas manifestaciones acerca de precios actualizados en dólares, sin tener ningún tipo de ajuste inflacionario, arbitrario, y sin comprobación alguna, no pueden de ninguna manera ser tenidas en cuenta por el Tribunal”.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de la anterior gestión, entre otros aspectos, estimaron que los sobreprecios que percibió Báez rondaban el 65% y que no se justificaban los retrasos en las obras. (Clarín)
