Según publica Clarín En 2020 subieron muy por debajo de la inflación, porque el Gobierno congeló los precios. Especialistas y prestadores reclaman una actualización. Advierten por la degradación de los servicios.
Por: Alejandro Alfie
La inflación de 2020 fue del 36,1%, según informó el INDEC. Pero el sector que menos aumentó fue el de las comunicaciones, con un 7,6%, ya que tuvo la mayor parte de sus precios congelados por el Gobierno durante casi todo el año pasado.
“Pensemos qué ocurriría con cualquier sector al que le quitan 28,5 puntos de inflación en un año. No hay manera de sostener eso. Es una medida oficial de muy corto plazo, porque la inversión se frena y se resiente la calidad de los servicios, haciendo imposible que haya nuevas redes o nuevo abonados”, dijo a Clarín el especialista Enrique Carrier. Y agregó: “Tiene que haber un cronograma de aumentos, para que vuelvan las inversiones al sector”.
El intervencionismo del Gobierno logró el rechazo unánime de todos los prestadores, desde cooperativas y pymes hasta los grandes operadores, que frenaron sus inversiones y no logran que sus servicios sean rentables, produciendo un efecto inverso al que anunció el Gobierno, cuando reglamentó el DNU de las telecomunicaciones y dijo que iban a mejorar los servicios y aumentar la conectividad para que las personas afronten en mejores condiciones la pandemia de coronavirus.
Antonio Roncoroni, presidente de la Federación de Cooperativas del Sur (Fecosur), planteó a Clarín que “tiene que haber correcciones mensuales de las tarifas, para recuperar lo que perdimos, porque sino es muy difícil invertir. Nosotros vamos a seguir tratando de colaborar. Pero en una economía inflacionaria la actualización de las tarifas tiene que ser mensual. Necesitamos tener una visión de certidumbre, con aumentos razonables y que atiendan también la situación del bolsillo de los argentinos. Pero estamos en un problema que hay que ir resolviéndolo”.
Cuando el Gobierno reglamentó el DNU 690/20, el mes pasado, Roncoroni polemizó con un asesor del Gobierno en las redes sociales, que aseguraba que la política del presidente Alberto Fernández beneficiaba a las cooperativas y pymes del sector de las telecomunicaciones. En esa ocasión, el titular de Fecosur planteó que “es imposible desde las cooperativas y pymes prestar el servicio de Internet a $700 para 5 megas. A la corta produce desinversión y menos competencia. Si pretendemos prestar servicios por debajo de su costo, nos fundimos o no los prestamos”, agregó.
Es que la telefonía celular, Internet y la TV por cable fueron declarados como “servicios públicos esenciales”, en el DNU 690, que dictó Alberto Fernández en agosto pasado, para dar una cobertura a toda la población, en el marco de la pandemia de coronavirus, según anunciaron desde el Gobierno.
Y en diciembre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) dictó la reglamentación de ese DNU, con aumentos en enero del 8% para los pequeños prestadores que no hubieran incrementado los precios durante todo el año 2020 y 5% para el resto de los operadores que tuvieron aumentos en marzo pasado; en simultáneo con la obligación de dar a partir del 1° de enero la Prestación Básica Universal (PBU), con fuertes bajas de precios para unos 10 millones de habitantes de sectores vulnerables, que arranca con precios de $700 mensuales para Internet, $150 para la telefonía celular, así como descuentos del 20 al 40% en TV paga.
Para la Cámara Argentina de Internet (Cabase) esas medidas oficiales “son una sentencia de muerte para las pymes y cooperativas del sector y constituyen el producto del absoluto desconocimiento que tiene el Gobierno de la estructura de costos de estos operadores, así como de la realidad en la que se desenvuelven los más de 1.200 prestadores pymes y cooperativas que hay en nuestro país”.
Los grandes prestadores también alertaron sobre las dificultades que genera la decisión oficial. Desde Telecom (una empresa cuyo 40% es de CVH, una compañía de los accionistas de Grupo Clarín) señalaron que “determinar mediante la reglamentación sólo un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, telefonía celular, TV por suscripción e internet, destruye la ecuación económica de las empresas TIC, y poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestamos a nuestros clientes, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias en muchos casos, irreversibles”. (Clarín)
