Por: Gabriel Origlia
Según publica La Nación Pese a la ratificación de la estrategia sanitaria que lleva adelante para frenar los contagios de Covid-19 el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y del apoyo del PJ nacional al mandatario, en la provincia continúan la tensión y la presentación de denuncias penales y de habeas corpus a favor de personas confinadas desde hace más de dos semanas en los centros de aislamiento, a pesar de contar con varios hisopados negativos.
El diputado nacional de la UCR Mario Arce amplió la denuncia ante la Justicia Federal por supuestas violaciones de derechos humanos y desobediencia judicial en el centro de alojamiento preventivo que funciona en el Estadio Cincuentenario, el predio que concentra la mayor cantidad de denuncias de la oposición y de asociaciones civiles y de derechos humanos.
Arce planteó a LA NACION que lo que ocurre en la ciudad de Formosa “no es muy diferente a lo que sucede en el resto de las localidades del interior, donde se registran situaciones de violación de domicilio, abuso de autoridad y detenciones forzadas contra ciudadanos, varios de ellos pertenecientes a comunidades aborígenes que no solo son presionados contra su voluntad en los protocolos que utiliza el gobierno, sino que también son privados de su libertad y llevados a lugares que no reúnen las condiciones adecuadas”.
El concejal Miguel Montoya sumará una ampliación a la denuncia presentada contra Insfrán por las características de los aislamientos. Incorporará al expediente la detención de la concejala Gabriela Neme, quien junto a su par Cecilia Ruiz Díaz estuvo unas horas detenidas tras reclamar por la libertad de algunas familias que cuentan con varios hisopados positivos.
A este escenario se suma la protesta de Héctor López Cano, un médico que trabaja en el Hospital Central de la ciudad de Formosa en las áreas de urgencias y de terapia intensiva y que lleva cinco días en huelga de hambre por la “arbitrariedad” de su aislamiento.
En contacto con LA NACION, López Cano contó que no vio a su familia durante diez meses y, para hacerlo, en diciembre tuvo que pedir un permiso: “Me hicieron firmar unas vacaciones viciadas de falsedad porque eran por 20 días y debía volver a los diez, para hacer otros diez de cuarentena”.
Según el profesional, para salir de la provincia realizó tres hisopados. “Con tres tests negativos que cubrían el tiempo de vida del virus me debía ir a mi casa o, al menos, hacer cuarentena en mi casa”, se quejó. Sin embargo, la autoridades provinciales determinaron que debía aislarse por dos semanas.
“No quise ir a un centro comunitario por cómo están; me dieron la opción de un hotel, que pago. A los 20 días sin el virus pedí que me dieran cuarentena domiciliaria: me la negaron e inicié la huelga de hambre. Provocó el enojo de las autoridades; le comuniqué al director del área y con ironía me respondió que me vendría bien “porque estoy excedido de peso'”, agregó López Cano.
El médico está escribiendo un cuadernillo con su experiencia, que tituló “Crónica de una detención forzada”. Subrayó que aunque debe haber revisión médica, que consta de medición de oxigenación y fiebre, nada de eso ocurrió. “Desde que estoy aislado no apareció nunca el médico. Es un estado de abandono”, denunció López Cano, que está diagnosticado como paciente hipertenso controlado.
Este domingo lo cambiaron de hotel: en el que estaba pagaba $2000 por día más $200 por cada comida. “En ningún lugar del mundo se exigen cinco hisopados negativos; incluso aquí mismo no a todos les hacen eso. Me hicieron un cuarto y el domingo próximo será el quinto. Esto es una detención”, denunció el médico.
Testimonios como estos y filmaciones se incluyen en las denuncias que ingresan a la Justicia y también en las presentaciones en organismos internacionales de derechos humanos.
Otras denuncias
La psicóloga Laura Rodríguez relató cómo fue sacada de su casa a la 1.30 de la madrugada del miércoles después de que el test de su marido diera positivo. “Efectivos policiales fueron a casa y tocaron el timbre. Nos quedamos shockeados, estábamos durmiendo con nuestros hijos de 7 y 8 años”, relató. Su pareja está alojada en el colegio Juan José Silva. En la noche que les cambió la vida, recién llegaron al centro de aislamiento a las 4.30 de la madrugada, cuando la policía provincial terminó de recoger a otras personas que también fueron confinadas por orden de las autoridades sanitarias.
“Hay medidas arbitrarias y que bordean lo represivo. Me sentí muy vulnerada y muy ultrajada”, contó la mujer al diario La Mañana de Formosa. “Habría que pensar de qué otras maneras se puede trabajar. En una pandemia se prioriza lo colectivo por sobre lo individual, pero también se deben tener en cuenta los derechos humanos, el trato digno, la comunicación y el no dañar”, reclamó Rodríguez.
Otro caso es el de la familia encabezada por Silvana y Sandro -que incluye cinco menores y una anciana-, que salió el último sábado después de 24 días de aislamiento y cuatro hisopados negativos. Forman parte del grupo de alojados en la Escuela 18, el que convocó a los concejalas Gabriela Neme y Cecilia Ruiz Días para que los acompañaran y difundieran la situación que vivían en el centro de aislamiento.
En medio del escándalo por la detención de las edilas de la oposición, personal de Salud se presentó y firmaron un acuerdo por el cual si al siguiente hisopado obtenían un resultado negativo iban a poder abandonar el centro de aislamiento. Esto fue lo que finalmente ocurrió.
Sin embargo, Sonia Medina y su familia, integrada por otras ocho personas, llevan 25 días de aislamiento en la Escuela 224 de Barrio Obrero a pesar de tener cuatro hisopados negativos. Hay un habeas corpus por ellos, que terminó en la Cámara de Casación. También les habían hecho la promesa de dejarlos salir el último sábado, después de otro test; salieron tres y quedó el resto de la familia, sin que les dieran explicaciones.
Solidaridad y reclamo de Fopea
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se solidarizó con el periodista formoseño Leonardo Fernández Acosta, “víctima de una campaña de desprestigio y hostigamiento que involucra a funcionarios del Gobierno de esa provincia”.
En diálogo con LA NACION, el periodista jefe de redacción del diario El Comercial explicó que desde el inicio de la pandemia y de la cuarentena viene sufriendo “descalificaciones” en las conferencias de prensa diarias que ofrece el Consejo de Atención Integral a la Emergencia. “He recibido advertencias de que me armarían una causa penal; le envié una carta documento al ministro Jorge González. Me eligió a mí, entablando una pelea diaria, cuando lo importante es la violación a los derechos humanos”.
En su comunicado Fopea reclama a las autoridades de Formosa que “respeten el trabajo de la prensa y exige a los funcionarios que eviten los agravios hacia los periodistas para que estos puedan desarrollar su labor sin temor a represalias e intimidaciones”. (La Nación)
