(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El Ejecutivo provincial de Chubut envió a la Cámara de Diputado un documento donde resume los alcances y aspectos tratados alrededor del Proyecto de Ley 128/20, sobre la zonificación minera en la provincia, con miras a la aprobación de la megaminería en Chubut.
El informe es un simple enunciado de lo que claramente representa “lo mejor de la actividad”, edulcorada con enunciados muy atractivos, pero que carecen de explicaciones detalladas y mucho menos, ejemplos relacionados con dicha explotación en suelo santacruceño, lugar más cercano a Chubut que si se toma como ejemplo a seguir, no abundarán las razones objetivas para argumentar la aprobación in límine de dicho proyecto.
El documento habla de “la exclusión absoluta de los ríos Chubut y Telsen” en el mapa de zonificación. Esto suena muy lindo, “muy limpio” y transmite esa necesidad típica que tienen los que deben convencer a otros, en transmitirle “lo que quieren escuchar”, no lo que deben
Decir que se va a “excluir a los ríos Chubut y Telsen”, es decirle a la sociedad que la minería no va a tocar el agua para la explotación. Pero esa aseveración, de ser seria la especie, debería ir acompañada de un detallado informe que diga cómo, de dónde, en qué cantidad y de qué forma la explotación minera en Chubut se hará sin tocar los ríos donde fluye la mayor cantidad de este elemento imprescindible para la explotación minera.
El ejemplo santacruceño va en contramano de esta teoría solo enunciada en el informe a la legislatura de Chubut. En Santa Cruz la megaminería ha contaminado los acuíferos, los ríos y las vertientes. El agua por años se ha usado para lavar y combinar con el cianuro en las pilas de lixiviación y la permeabilidad de los suelos, se encargan de filtrar el veneno de los metales pesados y componentes tóxicos que usan las mineras, haciendo prácticamente imposible encontrar un curso de agua sin algún tipo de contaminación por parte de la actividad minera y/o petrolera.
Si en Chubut no se van a tocar los ríos Chubut y Telsen ¿De dónde se va a proveer de agua la minería en la provincia? ¿Cómo la obtendrán? ¿En qué cantidades utilizarán? ¿Cómo se tratará y/o eliminarán los recursos hídricos contaminados?, entre algunas preguntas que podrían hacerse al respecto. Sobre esto, el informe no dice absolutamente nada.
Como en Santa Cruz y San Juan, el documento acude a la cadena de valor y rentas que desarrollará la actividad en Chubut y habla de definir la estructura de la reglamentación del compre local y la contratación de mano de obra local promoviendo y promete el desarrollo provincial de manera rápida y complementaria a la actividad minera.
La experiencia santacruceña, dice todo lo contrario. Cada empresa, cada nuevo emprendimiento en la provincia vecina, llegó con el mismo mensaje. Y si bien, es cierto que crea un pequeño polo de desarrollo por la actividad comercial y de explotación, muy lejos está el desarrollo social integral que prometen, el derrame de los beneficios y obviamente la mano de obra local en un 80% es foránea y el “compre local” es mínimo, solo localizándose en insumos de primera necesidad o de urgencia, siendo la provisión de repuestos, maquinarias e insumos, traídos por las multinacionales de manera directa o a través de proveedores internacionales.
Como en Santa Cruz, pero en Chubut
En el informe no se especifica textualmente cuánta es la renta que dejará en Chubut, pero se da una idea de alrededor del 2% y como en Santa Cruz, abren otras vertientes de fondos y “colaboraciones” donde están comprendidos Bono de Compensación Minera, Fondo Fiduciario para Infraestructura y Fondo Fiduciario de Sustentabilidad. Estos fondos son siempre de manejo del gobierno y su distribución y constitución son oscuros y poco transparentes en su manejo e “inversión”.
Como en Santa Cruz, donde se incorporó a la empresa Fomicruz, como virtual socia de las empresas mineras, en Chubut la propuesta es incorporar a Petrominera para distribuir fondos de regalías a través de un sistema de compensación, el cual, como ocurre en la provincia vecina, se maneja de forma discrecional y de acuerdo al color político de los municipios y siempre de acuerdo “a la cara del cliente”.
También como sucede en Santa Cruz, el gobierno de Chubut informó que incorporará a las universidades e instituciones técnicos-científicas, se formarán centros de monitoreos y se creará un centro de investigación minera, también a descontar de los fondos de regalías para su sostenimiento y la creación de una “Fiscalía Ambiental”.
En cuanto a la inclusión de las universidades, si bien en principio parece un ámbito necesario y concluyente de gran necesidad para estar vinculado a la actividad, mediante el cual se puede lograr transparencia en los procesos y de alguna manera, darle mayor participación a organizaciones científicas que se comprometan en defensa del medio ambiente y exigiendo mayor responsabilidad a las empresas, cuando en realidad todo termina sujeto a una subvención de las mismas mineras a esos sectores y si las universidades se transforman en medios que impiden su desarrollo o interfieren en la dinámica de la producción, no dudan en cortarle las “ayudas” y finalmente anulan estos fines que en los papeles suenan atractivos y en la práctica anulan cualquier tipo de independencia institucional de parte de esas universidades como sucede en Santa Cruz con la UNPA y la Universidad Nacional Tecnológica de Río Gallegos, claustros que se han transformado en una extensión de las políticas oficiales de la provincia.Concluyendo, el informe elevado a los diputados de Chubut, está caracterizado por omitir datos y elementos fundamentales que permitan evaluar de manera acertada los detalles constitutivos del plan. Pero a juzgar por la actividad comparada en Santa Cruz, la realidad de lo que prometen y los incumplimientos que se avizoran en Chubut, son de la misma magnitud y calidad. (Agencia OPI Chubut)
