Por: Gustavo Ybarra
Según publica La Nación El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y aprobó un proyecto que modifica la ley de Defensa de la Competencia para otorgarle al poder político el control del tribunal que tiene a su cargo analizar situaciones de monopolio y autorizar los procesos de fusiones y adquisiciones empresarias.
El proyecto fue aprobado con el apoyo de Frente de Todos y sus aliados y el rechazo de todo el arco opositor por 40 votos a favor y 26 en contra. Para convertirse en ley tendrá que ser sancionado por la Cámara Diputados.
El corazón de la iniciativa, de estricto cuño kirchherista, es la eliminación de la selección por concurso de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia. El texto propone, a cambio, que los integrantes del ente sean elegidos de manera directa por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Desarrollo Productivo.
“La intención es facilitar la composición del tribunal, que no se ha conformado”, justificó la oficialista Ana Almirón, quien calificó de “engorroso” el proceso de concurso de oposición y antecedentes que establece la ley vigente, que fue sancionada en 2018.
Según Almirón, el nuevo mecanismo propuesto garantizara que la integración del tribunal “sea de manera rápida, pero que al mismo tiempo se garanticen las condiciones de idoneidad y de igualdad”.
La oposición
La oposición rechazó los cambios impulsados por el oficialismo por considerar que supeditará a la política un organismo que debe ser de carácter técnico y por el excesivo poder que le dará al Gobierno en materia económica.
“Si decidimos por intereses políticos o por corrupción sanciones o impedimentos millonarios, o simplemente aceptamos algunas fusiones y otras no porque no nos interesan, le estamos haciendo un flaco favor a la economía”, advirtió el radical Martín Lousteau (Capital).
Tras señalar que los países desarrollados van a contramano de los propuesto por el kirchnerismo en materia de modificación de leyes de control de la concentración económica, el legislador denunció que la iniciativa le dará “al gobierno de turno un enorme poder para que construya relaciones con grandes empresas o, si ya las tiene, tenga total discrecionalidad”.
El proyecto, al que el kirchnerismo siguió modificando en pleno recinto, también le resta independencia a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), al ponerla bajo la órbita de la Secretaría de Comercio, quitándole la autarquía y autonomía como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo.
Además de la oposición del Senado, el proyecto es resistido por sectores profesionales y empresarios que han advertido sobre el impacto que el nuevo esquema podría tener sobre las inversiones.
Lousteau también alertó que la iniciativa introduce cambios que facilitarán la configuración de la figura de abuso de posición dominante. Además, otorga al tribunal amplias facultades para autorizar o desestimar fusiones.
Además, en un cambio introducido durante el debate, se propuso la eliminación del artículo 15 de la ley vigente, que establece la autorización de hecho de una operación sometida a control si el Tribunal de Defensa de la Competencia no se expide en un plazo de 45 días. De esta manera, el organismo podrá postergar sin fecha la resolución de los expedientes sometidos a su resolución.
Otra modificación importante es la designación en bloque de la totalidad de los integrantes del Tribunal, que la ley vigente establecía que debía integrarse de manera escalonada para evitar que el organismo quedara conformado por miembros elegidos por un mismo Gobierno.
El texto fue presentado en noviembre del año pasado por la senadora Almirón (Corrientes) y obtuvo dictamen de la Comisión de Legislación General pocos menos de una semana después.
Si bien el Tribunal de Defensa de la Competencia nunca se constituyó, el concurso para designar a sus miembros se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri. De hecho, los nombres de los candidatos seleccionados fueron enviados al Senado en octubre de 2019. Sin embargo, el peronismo nunca los trató. La historia concluyó a mediados del año pasado, cuando el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, pidió el retiro de las nominaciones. (La Nación)
