Por: Hernán Cappiello
Según publica La Nación El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, declaró ante la Justicia que él mismo intervino en la vacunación de 10 personas en el Ministerio de Salud y explicó que también lo llamaban de la privada del entonces ministro Ginés González Garcíapara enviarle recomendados para aplicar las dosis en ese centro de salud de El Palomar.
Por ahora se investigan las vacunas de ese circuito, pero está en la mira todo el operativo de vacunación.
Maceira y María Elena Borda, jefa de Epidemiología del Hospital Posadas a cargo del vacunatorio, prestaron declaración como testigos ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Mañana las declaraciones continuarán con otras personas que trabajan en el hospital.
La jueza trata de determinar cómo funcionaba el circuito de vacunación paralelo al oficial que pasaba por las oficinas del Ministerio de Salud, donde se inocularon funcionarios y allegados del Gobierno. Se busca reconstruir el camino que hacían las personas que se vacunaban y el origen de las vacunas que se les aplicaban. Se sabe que parte de las vacunas provenían del Hospital Posadas y que en ocasiones algunas de las personas se dirigieron allí para aplicárselas. En otras ocasiones eran las vacunas las que viajaban hasta el Ministerio de Salud.
Maceira le dijo a la jueza que al Ministerio de Salud fueron 10 personas a vacunarse y que él mismo participó del operativo. También contó que fue a la quinta de OIivos y le administró al presidente Alberto Fernández la segunda dosis de la Sputnik V.
Los funcionarios dijeron que recibían llamados del secretario de Ginés González García, Marcelo Guille, y del subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia, que les anticipaban los nombres de las personas que les enviaban para que se fueran a vacunar al Hospital Posadas.
Los funcionarios del Posadas dijeron que no podían desobedecer las indicaciones del Ministerio de Salud, dado el rango de los funcionarios que las efectuaban.
El fiscal del caso, Eduardo Taiano, le había pedido a la jueza Capuchetti que se secuestren las constancias de los viajes realizados por los autos oficiales del Ministerio de Salud hacia y desde el Hospital Posadas, ubicado en El Palomar.
La jueza ya cuenta con la documentación de las vacunas administradas en el Hospital y en el Ministerio por lo que decidió que no era necesario efectuar el allanamiento en el Posadas.
Además, Taiano había solicitado la lista de las personas vacunadas según esta modalidad. Ayer, el Gobierno hizo pública una lista que incluye a 70 personas, entre funcionarios, familiares, legisladores, dirigentes políticos y periodistas.
La causa está en sus inicios para recolectar evidencia, mientras se analiza el posible encuadre penal de la conducta del exministro de Salud Ginés González García, principal denunciado, de los funcionarios que ayudaron en la maniobra y de los vacunados.
Este era hoy en tribunales el meollo de las discusiones entre jueces y fiscales, ajenos al caso, pero que analizaban la investigación.
Si bien algunos sostenían que el hecho denunciado hasta podía encuadrar como un malversación, otros -más prudentes- analizaban que no era posible calificar así esa conducta, pues ese delito se refiere a dinero.
Entonces ensayaban otras alternativas, que iban desde las negociaciones incompatibles con la función pública hasta el abuso de autoridad o violación de deberes de funcionario público. Mencionaban que, de todos modos, la explicación que dieron los funcionarios en los medios para justificar la discrecionalidad de estas decisiones era que los vacunados configuraban “personal estratégico”. (La Nación)
