LOS INTENDENTES QUE BUSCAN “DIFERENCIARSE” HACIENDO LO QUE ES SU OBLIGACIÓN, DEMUESTRA LA INVERSIÓN DE VALORES SOCIALES QUE PADECEMOS

(Por Rubén Lasagno) – En medio carencias sociales, políticas, morales y éticas, a las que una gran parte de los pocos habitantes de la provincia de Santa Cruz se han acostumbrado, aparecen algunos actores y personajes que aprovechan la coyuntura, la muy baja vara de la calidad institucional existente y la poca o ninguna empatía del gobierno provincial con la población, para construir nichos de diferenciamiento políticos, pero con una clara intencionalidad de aprovechamiento, finalmente, tan egoísta como el egoísmo propio de quienes reparten inequitativamente, la torta desde el gobierno central.

No es menor el hecho de que la gobernadora Alicia Kirchner utilice todos los ardides posibles para minimizar el aumento a los estatales, a los docentes, impedir que se desmarquen los judiciales y cada “paritaria”, se parezca más a una simulación patética de un acuerdo forjado a la sombra de una pseudo negociación con más olor a imposición y destrato, que a consensos de partes.

Como reza el dicho “en el país de los ciegos, el tuerto es rey”, en una provincia donde excepto el sector docente, los gremios no pelean por sus afiliados; donde los estatales se encuentran en un 50% del total bajo la línea de pobreza, el personal de la salud no cobra y los municipios retacean aumentos argumentando problemas de recaudación, dificultad por la baja coparticipación, etc, aparecen en Santa Cruz algunas islas, donde algunos actores de la política, con muy poco pretenden mostrar mucho y sobre todo esculpir en el muro de las debilidades del gobierno central, lo que en tiempos normales son obligaciones institucionales de quienes fueron puestos allí por el voto popular para que administre la cosa pública.

En este contexto, mientras los municipales de cada localidad pelean paritarias con los intendentes a través de los gremios y algunos dirigentes más cómplices de los intendentes que representante de sus afiliados, aparecen jefes comunales como Javier Belloni (FPV), de El Calafate, que directamente y sin que lo pidan, le otorga el 40% de aumento sobre los salarios deprimidos de los empleados públicos, llevando el salario real de un municipal de la ciudad turística con un inicial de 50 mil pesos y de ahí para arriba.

Otro fue el Intendente de Las Heras  José María Carambia (UCR), quien acaba de salir por las redes sociales (medio bastante poco representativo desde el punto de vista institucional) para anunciar que aumentará los salarios de los empleados de la planta permanente y aquellos con contratos en el municipio que lidera.

Y consignó allí (repito, no formalmente, sino en las redes) un 80% de aumento al adicional por zona un 50% de aumento al valor de hora extra y otros beneficios a través de la creación de adicional por presentismo (justificado) y adicional para personal de maestranza.

Este episodio administrativo de ambos municipios, que pretende ser disruptivo y  diferente del status quo impuesto por la gobernadora, no es casual, no tiene nada de “popular”, es ciertamente poco participativo, tiene una gran dosis de demagogia, mucho de autoritarismo y finalmente, el comportamiento de estos intendentes es tan abusivo, unidereccional y manipulador, decidiendo per se cuánto, cómo y cuándo van a cobrar los trabajadores a su cargo, como la actitud egoísta, parcial y centralizada que tiene Alicia Kirchner, de negarse a negociar salarios e imponer su criterio propio para limitar los aumentos y/o negar derechos a los empleados de la administración central.

Cuando más es menos

Los japoneses protestan aumentando considerablemente las horas de trabajo. Esto, que para un argentino resulta inentendible, para un empresario japonés significa que sus trabajadores rompen el orden establecido y con la hiperactividad, desbalancean los recursos, alteran la planificación y finalmente lo que a nuestros ojos parece una contradicción (trabajar más para protestar), en un país altamente tecnificado, con planificación milimétrica de la producción, es tan nocivo trabajar más, que trabajar menos; porque, precisamente, la planificación laboral indica que para obtener un resultado A, se debe trabajar B y si se trabaja C, es imposible llegar a obtener A y eso, para la economía japonesa, es un caos.

Para nosotros el perjuicio se ocasiona retaceando el trabajo, quitando mano de obra, parando, obstruyendo por la negativa, por lo tanto, el sistema japonés no entra en nuestro entendimiento como una medida de fuerza para el logro de un fin o un beneficio, por cuanto se basa en el aumento de la producción (que es más trabajo), cuando aquí la cosa está muy clara: paramos todo, nada funciona y se activa un mecanismo de extorsión de doble entrada, que termina en una negociación de las partes.

Sin embargo, lejos de los metodológico y lo procedimental de ambos “modelos” de protestas y reclamos, el fin es el mismo (salvando las distancias de los niveles de necesidad de cada trabajador, el japonés y el argentino).

Trasportando este ejemplo a la actitud de los intendentes Belloni y Carambia, la actitud de ambos es “hacer la cosa a la japonesa”, en este caso aumentando considerablemente los salarios, sin esperar que lo vengan a pedir, termina por facilitar la visibilización de la solución magistral, efectiva y generosa, de un problema que está instalado en todos los municipios (la cuestión salarial).

Todo esto, trae un beneficio asociado para su cultores (los intendentes), la diferenciación clara y positiva ante la opinión pública, de que “no son como los otros”, que se “desmarcan del gobierno provincial” y finalmente, el mensaje indeleble que pretenden dejar es que sus administraciones son  mejores que las otras, que sus estados municipales se diferencian de la media y por lo tanto, acuden a la subliminalidad del mensaje político subyacente de que, en el fondo, son mejores administradores que todos sus pares e inclusive que la propia gobernadora.

Pero aquí el emparejamiento con las actitudes con Alicia Kirchner, son insoslayables. Mientras la gobernadora ejerce su poder hegemónico sobre los gremios mediante la tensión permanente, la obligación a sucumbir a sus soluciones unívocas y acatar lo que ella decide (aumentos del 10 o 20% en dos o tres tramos, sobre una inflación del 45%), los intendentes de El Calafate y las Heras cortan camino, se adelantan; otorgan un aumento más realista (40%) y como Alicia (solo que actuando a la japonesa) le cortan la voz a los dirigentes del gremio municipal y su decisión actúa como una dopamina social sobre el universo trabajador de cada municipio, quienes ven lo más relevante (los aumentos dados sin que se los pida), pero ignoran o no ven los peligros subyacentes: su patrón está decidiendo por ellos, saltea las estructuras gremiales (organización de grupos) y promueve la dependencia directa, haciéndole un by pass a las instituciones representativas de los empleados y corporizando un modelo fuertemente desarrollado por Néstor Kirchner durante su gobernación, que indudablemente, se está reeditando en Santa Cruz a través de ejemplos nimios pero interesantes como lo los citados.

Ni Belloni y Carambia son los adalides de la defensa del salario y el derecho de los trabajadores, como se intenta imponer desde algunos sectores afines. Se trata de dos intendentes que han direccionado parte de sus fondos a resolver el problema más visible y acuciante de un municipal: el salario. Ellos saben que más tarde que temprano, el problema les caerá sobre la mesa y eligen actuar a la japonesa, en vez de a la argentina. Antes de discutir con los gremios en una mesa, atacan el problema de manera directa y cortando el camino de las discusiones previas. Esto los lleva a generar otro efecto buscado por ellos: imponerse como intendencias ordenadas presupuestariamente, pues por propiedad transitiva, nadie que no tenga plata da un aumento del 40% y si esas posibilidades están dadas es porque para llegar a eso existieron condiciones previas favorables, que hoy (ante la necesidad) se valoran tanto o más que las conductas personales de los responsables políticos.

Y esto los lleva al otro escalón de las prioridades de ambos intendentes: su visibilización como potenciales candidatos a la gobernación en el 2023. Y acá está, diría, el numen, la inspiración, el propósito y/o el objetivo de esa diferenciación pretendida desde los dos municipios aludidos.

Ambos, Javier Belloni y José María Carambia quieren ganar terreno demostrando que “se puede” y posiblemente tengan algunas aptitudes necesarias para consagrar sus méritos, sin embargo, lejos están ambos de mostrar equivalencias entre lo que hacen en sus municipios y lo que harían en la provincia. 

Si bien es contrafáctico pensarlo anticipadamente, no siempre quien puede con un universo muy racionado de 500 personas construido y controlado por él (caso El Calafate), tenga los mismos resultados con otro de 80 mil empleados a los que no puede reducir y acarrean problemas preexistentes, fundados en la magnitud y variabilidad de la problemática política. Y así podríamos enumerar muchos problemas que son desiguales, entre el pago chico y la administración central.

Lo que si es seguro, que quienes se manejan como lo hacen estos dos intendentes, gozan de la admiración del sujeto-blanco (los municipales en este caso), pero puestos en el análisis político, lo que hacen y cómo lo hacen, no los diferencia de quienes hoy sustentan el poder político en la provincia. Y en definitiva, es eso lo que debemos ver para juzgar las conductas. No podemos quedarnos con la foto, debemos ver la película. Es lícito que cada uno juegue con las cartas que crea conveniente, pero es nuestra obligación advertir si toma caminos iguales para llevarnos a un destino distinto o si toman caminos distintos para terminar llevándonos al mismo destino.

Ninguno de los dos intendentes mencionado, que tienen una exacerbada intención de llegar a ser gobernador, se destacan por su interés en los temas provinciales; no articulan con los problemas de Santa Cruz, no alimentan a la opinión pública con análisis coherentes y concretos de los problemas que atraviesan a la sociedad santacruceña y muchos menos (y lo más importante), no se diferencian de lo que está instituido políticamente (el gobierno de Alicia). Creen que hacer relucir lo que hacen en sus dominios, es suficiente para marcar la diferencia. 

Y esto, para lo que ellos pretenden hacer y a lo cual aspiran, sobrepasa la mera coyuntura salarial y la pretendida determinación individual de dar importantes aumentos sin que se los pidan; es ir construyendo o construyéndose como verdaderos estadistas que le den al pueblo un norte aspiracional que los eleve en base a valores (ética, moral, honestidad, convivencia, eficiencia, etc) tan ausentes en estos tiempos y para eso, hace falta que salgan del encierro de sus dominios, no crean que actuar “a la japonesa” los posiciona como personas importantes y deseables políticamente, cuando en realidad desde afuera se los ve como calculadores, egoístas, especuladores ante la necesidad, cobardes a la hora de enfrentar al gobierno de Alicia Kirchner y tratando de hacerle creer a la gente de la provincia que son mejores y distintos, mientras su diputados y senadores, votan a mano alzada todas y cada unas de las órdenes kirchenristas que, inclusive, van contra de los verdaderos intereses de la sociedad santacruceña, incluyendo a esos mismos trabajadores a los cuales, discrecionalmente, les han asignado un alto porcentaje de aumento salarial, de la misma manera autoritaria e inconsulta que lo hace la gobernadora, quien en vez de actuar “a la japonesa”, lo hace bien “a la argentina” y con el sello inconfundible del kirchnerismo más radicalizado. (Agencia OPI Santa Cruz)