Según publica Clarín El TOF 2 comenzará a escuchar testimonios sobre el diseño burocrático a través del cual las obras se decidían y pagaban con fondos nacionales.
Por: Lucía Salinas
En el juicio contra Cristina Kirchner por la presunta corrupción en la obra pública, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) iniciará esta semana una nueva ronda de declaraciones testimoniales que se enfocarán en una parte clave de la acusación: los convenios firmados entre la Dirección de Vialidad Nacional y la provincia de Santa Cruz. Ese instrumento se utilizó para firmar 46 de los 52 contratos que recibió Lázaro Báez. Una auditoría determinó que no se aplicó ningún tipo de control sobre los fondos derivados y las obras que debían realizarse. La fiscalía se centrará en la estructura administrativa que -sostiene la imputación-, terminó beneficiando al Grupo Austral con 46.000 millones de pesos.
La acusación que llevó a Cristina a su primer juicio en un caso por corrupción sostiene que desde el Gobierno kirchnerista y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por esa suma multimillonaria.
Por eso, en esta etapa el juicio se centrará en el armado de la estructura administrativa y estatal que posibilitó que 46 de los 52 contratos se firmen a través de convenios entre la Dirección de Vialidad Nacional y la Agencia de Vialidad Provincial de Santa Cruz.
La imputación indica que Santa Cruz “fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez, que como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos”.
En función de este punto se comenzará una nueva ronda de declaraciones testimoniales en el juicio a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu. Se buscará determinar los motivos que justificaron ese “armado administrativo” que habría sido clave para poder desviar montos millonarios hacia Báez, quién lo dispuso y qué controles se aplicaban, entre otros puntos.
Uno de los documentos que fue tomado durante la instrucción por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques indicó que el 90% de las obras asignadas al Grupo Austral perteneciente a Lázaro Báez se instrumentó a través de convenios con la Agencia de Vialidad Provincial.
Esta metodología significó “la delegación de funciones propias de Vialidad Nacional a Vialidad Provincial, dado que el 90% de las obras en la provincia de Santa Cruz fueron realizadas por Convenio”, explica la auditoria.
El informe utilizado por los fiscales de instrucción sostiene que esta forma de otorgar 46 contratos viales al ex socio comercial de los Kirchner carecía de controles respecto al envío de fondos en concepto de certificación sin previa confirmación de que las obras tuvieran el nivel de avance que declaraban las empresas.
Lo que se señaló en aquel trabajo realizado por Vialidad Nacional, bajo la gestión de Mauricio Macri, es que esta metodología hacía que siendo el organismo nacional el que licitaba la obra y la financiaba a través de los convenios firmados con la provincia de Santa Cruz, la Dirección de Vialidad provincial asumía el rol de comitente de la obra y realizaba “en consecuencia, gran parte de las funciones que la Dirección Nacional de Vialidad efectúa en las obras directas”.
Esas funciones incluyen realizar el proyecto y licitarlo, adjudicar, contratar, certificar los trabajos, inspeccionar las obras, sancionar y aprobar modificaciones. La auditoría incluida en el expediente sostiene que fue una decisión “de estricto orden superior” que el 90% de los contratos que recibió Báez se manejaran de esa manera. Vialidad Provincial, donde el empresario K tenía personal trabajando, fue en los papeles la responsable de controlar el trabajo de Austral Construcciones, supervisar las obras para después ordenar la liberación de pagos.
La causa, entre otros puntos, sostiene que Lázaro Báez no tenía capacidad técnica para recibir tantos contratos. Pero a su vez, el organismo responsable de controlar las obras -Vialidad de Santa Cruz- “carecía de recursos necesarios para llevar adelante una adecuada tarea vial”. Los fondos se liberaban a favor de la empresa cuando se inspeccionaban los avances de obra, pero según la auditoría había retrasos permanentes en las mismas. También hubo constantes modificaciones en los costos de obra.
“La supervisión realizada por los Distritos resultaba muy limitada, consintiendo en general en una recorrida mensual, en la que se verificaban de manera superficial las tareas que se certificaban”, sostiene el Informe Definitivo 57/13, cuando Cristina Kirchner aún era presidente.
En suelo santacruceño había una dotación de tres supervisores, “cantidad que no guarda relación con la cantidad de obras por Convenios gestionados” a favor de Báez. La pericia ordenada por el TOF 2 sobre cinco casos testigo determinó que el Grupo Austral no tenía capacidad técnica para obtener todas las licitaciones que había ganado. Ni siquiera había personal para controlar en simultáneo las obras que se encontraban a grandes distancias unas de otras. (Clarín)
