Según publica Clarín El organismo condenaría el lunes a, por lo menos, dos de los ocho altos oficiales imputados por el naufragio de la nave en el 2017. Quejas entre los marinos porque son juzgados por un agrimensor, un general y un brigadier.
Por: Daniel Santoro
El Consejo General de Guerra que investiga la responsabilidad de ocho oficiales de la Armada Argentina en el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017, condenaría el lunes a varios de los acusados, según fuentes militares. La máxima condena para algunos sería la destitución, es decir la pérdida de su grado y derechos salariales o jubilatorios.
El fiscal militar achacó “faltas gravísimas” a los acusados por la muerte de los 44 héroes que componían su tripulación. La base de su acusación es que el comandante del San Juan, capitán de navío Pedro Fernández, tenía “esmerilado” su capacidad de mando, que la nave tenía vencido el carenado y, por lo tanto, “no estaba” en condiciones de navegar, en el marco de una lista de “negligencias”.
La eventual destitución será un hecho sin precedentes por el uso de las nuevas leyes militares sancionadas durante la presidencia de Cristina Kirchner. Las últimas actuaciones de ese organismo contra militares fueron contra los carapintadas que se sublevaron durante el gobierno de Carlos Menem.
La puesta en marcha del consejo integrado por un general, un brigadier y un agrimensor –ni un solo submarinista- fue criticada por las defensas de los acusados y sectores de la Armada.
El consejo está integrado por el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, el agrimensor Sergio Rossi (primo del ministro de Defensa Agustín Rossi), el jefe y subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo y el brigadier Pedro Girardi.
El oficial auditor instructor (sería como un fiscal) es el abogado y comodoro Ricardo Méndez. Antes del consejo, elaboró un proyecto de ley de derribo de aviones.
Según fuentes militares consultadas por Clarín, “hay malestar” en la Armada porque no hay ningún marino y menos un submarinista en el Consejo del Guerra y por la actitud del general Paleo en acelerar el proceso.
Además, porque la condena se realizará sin ningún peritaje que explique las causas del naufragio. Las 67 mil fotos del buque Ocean Infinity, que encontró en el 2018 al San Juan a 800 metros de profundidad y a 500 kilómetros de Comodoro Rivadavia tras un año de búsqueda, aún no terminaron de ser peritadas.
El Consejo escuchó a unos 50 testigos. Entre ellos los marino, Figueroa, Marco, Vilte, Zuluaga, Pisa, Gómez, Bergallo, Acuña, Blanco, Cella., Ataún, Chaluleu, Krasser, Oleiro, Viana, Piccardo, Andersen, Frank, Enrique Balbi (el famoso vocero de la Armada durante el naufragio), Flamini, Peral, Villán, Zavalla y Guardia. Ninguno convalidó la acusación del auditor.
El Consejo investiga la supuesta responsabilidad en el hundimiento del ex jefe de la fuerza Marcelo Srur; al ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo; al ex jefe de Mantenimiento y Arsenales Eduardo Malchiodi; y al ex jefe de Operaciones, capitán de navío Carlos Ferraro, todos pasados a retiro.
También son investigados el ex comandante de la de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Claudio Villamide, y los oficiales Héctor Alonso, Hugo Correa y Jorge Sullia, todos ellos en actividad. Según las fuentes, “por lo menos dos serán destituidos” y otras tendrán sanciones menores.
La Ley 26.394 que actualmente regula este Consejo prevé penas para faltas leves, graves y gravísimas, que van desde el apercibimiento hasta la destitución. Esta última medida es una deshonra para los militares.
El Consejo empezó a deliberar el 25 de noviembre pasado en el edifico Libertador en base a sumarios realizados por el ex ministro de Defensa de Macri, Oscar Aguad, luego de casi tres años de actuaciones administrativas en la Armada. Aguad dejó el caso en un “pantano jurídico” de indefiniciones, según las fuentes.
El actual ministro de Defensa, Agustín Rossi, aceleró el inicio el consejo y dijo que “es el más importante desde el regreso de la democracia” en 1983, olvidando el de la guerra de Malvinas, entre otros. El kirchnerismo busca que esta investigación salpique a Macri y Aguad, aunque el San Juan se reparó durante la anterior gestión de Rossi y su antecesora Nilda Garré.
El San Juan, que navegaba desde Ushuaia a Bahía Blanca tras realizar una misión, naufragó tras reportar un principio de incendio en las baterías de proa que dio por controlado y en medio de una fuerte tormenta con olas de entre seis y siete metros.
La orden de zarpar desde Ushuaia la había dado el comandante de la nave y no sus jefes en tierra, luego de una inspección hecha por él mismo.
El último contacto con el submarino, que comandaba el capitán de navío Pedro Fernández, con su base en Mar del Plata se produjo el 15 de noviembre de 2017. Dijo que se iba a inmersión para que descansara la tripulación por el titánico esfuerzo de navegar en la superficie en medio de la tormenta con un ruido ensordecedor de los motores diésel.
Uno de los puntos de discusión en el juicio es si el San Juan tenía el carenado vencido, que son los trabajos de mantenimiento del casco. Uno de los testigos explicó que el San Juan tenía el carenado vencido “hacía dos meses aunque podía seguir navegando por veinticuatro meses más”.
Con ese criterio, comentaron fuentes militares, el rompehielos Irizar “no podría haber hecho la campaña antártica de este año” y tampoco podrían navegar otros buques de la Armada con el carenado vencido “como la corbeta Rosales (7 años), la corbeta Robison (5 años) y el destructor Sarandí (6 años)”, entre otros.
En su descargo, López Mazzeo se quejó porque no fue juzgado por sus pares de la Armada, sino por un agrimensor, un general y un brigadier.
En una democracia, dijo el ex jefe de la base de Puerto Belgrano quien por sus calificaciones iba a ser el sucesor de Srur, la justicia militar imparte responsabilidades en base a “hechos comprobados y conductas atribuibles”, no en base a conjeturas.
López Mazzeo dijo que el auditor le imputa “faltas gravísimas que habrían seguido con la pérdida del submarino, y aclara que nada tiene para reprochar al capitán Fernández y a su tripulación”, según las fuentes militares.
Pero, en verdad, las conclusiones que sostiene “plantean veladamente que el ARA San Juan naufragó por culpa del comandante”, sostuvo López Mazzeo.
Para el ex jefe de la base de puerto Belgrano se evaluó “incorrectamente el estado de su buque y su capacidad para ejecutar la misión ordenada”.
En la evaluación que hizo el capitán Fernández, unos meses antes de la tragedia, había calificado al San Juan “con 4.25 sobre 5 puntos y la nave permaneció luego durante 30 días en reparaciones, mejorando dicha calificación”.
La marcha del juicio provocó inquietudes en la marina de guerra.
Por un lado, tres almirantes retirados (uno tiene 90 años) publicaron cartas de lectores en los diarios quejándose por este juicio militar a marinos sin marinos. Uno de ellos fue el ex jefe de la Aviación Naval, almirante Basilio Pertiné.
El jefe de la Armada, almirante José Villán, tuvo que advertir a través de un radiograma interno que se sancionaría a los marinos en actividad o retirados que se refirieran en público al sensible tema. Ya le inició sumarios a tres retirados.
Por su parte, el Centro Naval, que preside el contraalmirante (R) Julio Alberto Covarrubias, dijo en un comunicado que “a veces el mar nos muestra su poder despiadado, a veces al mar se suma un desperfecto imprevisto, a veces sucede en el peor momento y a veces en el peor lugar”.
“A veces todo ello ocurre junto, eso le pasó al San Juan el 15 de noviembre de hace tres años. Pero abordo había marinos, abordo había un Comandante, ellos eran un equipo con su buque, todos confiaban en todos y dieron lo máximo. Nadie puede juzgar lo que ese Comandante hizo, él siempre es el mejor ubicado y capacitado para decidir, por eso es el Comandante, por eso nadie puede permitirse desde sotavento de una escollera, decirle a él, a su buque y a sus hombres qué hacer”, agregó la nota de la entidad.
El Centro Naval “aguarda que el Consejo de Guerra en su decisión resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma se estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el Mar”.
“Este concepto es lo que el Centro Naval procura resguardar y proteger de modo que el resultado de las actuaciones permita al señor Comandante, el Capitán Fernández, a su buque y a su tripulación continuar su guardia en paz”, finalizó al entidad de marinos.
En definitiva, dijo una fuente militar, en el juicio se debate “¿Cómo se ejerce el mando?” en un buque en medio de una tormenta, un avión a 1000 kilómetros por hora o una patrulla del Ejército en la cima de una montaña.
Los marinos que resulten sancionados el lunes por el Consejo de Guerra podrán apelar a la justicia en lo contencioso administrativo.
Pero en fuentes militares se estima que las condenas irán, finalmente, a la causa penal que tramita la jueza de Caleta Olivia, Marta Yañez.
En febrero de 2020, la magistrada procesó a ocho marinos por el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de ideal”.
Así imputó a a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos; y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.
También los acusó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio, y les trabó embargos que van entre los 2 millones a los 3.5 millones de pesos.
Sin embargo, el sector de familiares que lidera el abogado Luis Tagliapietra se quejó y reclamó que los marinos fueran procesados por delitos más graves. También presentó un pedido de juicio político contra la jueza ante el Consejo de la Magistratura.
En noviembre pasado, la cámara federal de Comodoro Rivadavia confirmó los procesamientos de la jueza y le ordenó investigar si también hubo responsabilidades de Macri y Aguad en el naufragio.
Por otra parte, el juez federal porteño Ariel Lijo delegó otra investigación en el fiscal Federico Delgado. Es por una serie de anónimos que llegaron a los tribunales sobre supuestas irregularidades en la instrucción del sumario interno de la Armada que dio lugar al Consejo de Guerra. Lo que preanuncia un largo proceso judicial para llegar a la verdad en esta tragedia. (Clarín)
