Falta de mérito para Julio De Vido, Roberto Baratta y Daniel Peralta en la causa por la usina de carbón, de Río Turbio

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La Megausina de Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín Para el juez Luis Rodríguez, que heredó el caso luego de la muerte de Claudio Bonadio, “la prueba reunida impide adoptar una decisión”. Todos seguirán bajo investigación.

Por: Lucía Salinas

Después de haber heredado el expediente sobre los presuntos sobreprecios en la usina de carbón de Río Turbio de manos del juez Claudio Bonadio, su colega Luis Rodríguez dictó la falta de mérito para Julio De Vido, Roberto Baratta, Jorge Mayoral, el ex gobernador santacruceño Daniel Peralta y directivos de Isolux Corsán, la constructora española también investigada en el caso cuadernos de las coimas. La obra está bajo la órbita de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) cuyo interventor es Aníbal Fernández, quien además aseguró que la usina se concluirá.

De Vido, Baratta, Mayoral, Peralta, Juan Carlos De Goycochea (ex Isolux), Ernesto Maxit (de la misma empresa) y Miguel Larregina (ex coordinador de YCRT), entre otros, estaban imputados en el expediente que investiga los presuntos sobreprecios en la construcción de la usina térmica de Río Turbio que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner pero que nunca se concluyó, y que la gestión de Mauricio Macri detuvo por las sospechas de corrupción.

Cuando la investigación estuvo a cargo de Bonadio se realizaron las indagatorias, pero su sucesor Rodríguez decidió ampliar la ronda de indagatorias antes de resolver la situación procesal de los implicados.

En un primer momento Bonadio había sobreseído a los acusados, pero la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez reclamó la reapertura del caso, y la Cámara Federal porteña lo avaló. Por eso, el magistrado ordenó una pericia para determinar si efectivamente hubo sobreprecios en la obra que prometía generar 240 MW.

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) fijó un supuesto sobreprecio de más del 90% en la obra adjudicada a Isolux Corsán. Esta obra se presupuestó con parte de los fondos que Planificación Federal destinó a la modernización y puesta en valor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), responsable de abastecer de carbón a la usina que nunca se terminó.

Según la SIGEN, la obra modificó 11 veces su costo inicial, elevando su valor a 1.631.355.105 dólares, cuando había sido adjudicada por 857.341.128 dólares: los adicionales de la obra incrementaron el 90,28% del contrato original. “Nos encontramos con procesos decisorios carentes de razonabilidad y legalidad”, lo que “ocasionó un dispendio de recursos en perjuicio del erario público”, dice el informe.

Otro informe pericial confirmó las sospechas. Según el fiscal Guillermo Marijuan, “la oferta realizada por la UTE fijó los costos en un valor de 857.341.128 dólares, equivalente a 2.662 millones de pesos. Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores contrataciones otorgadas a Isolux Corsán en el marco del mismo proceso licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a U$S 1.726.251.982”, explicita el documento oficial.

El sobreprecio arrojado por los peritos es incluso superior al que había determinado la SIGEN. En su dictamen, Marijuan indicó que hubo “ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones asumidas en la licitación”.

Pero ahora Rodríguez consideró que “la prueba reunida impide adoptar una decisión de mérito respecto de ninguna de las personas que fueron legitimadas pasivamente y prestaran declaración indagatoria en esta causa”.

Explicando su decisión, el magistrado señaló que en el proceso penal “no se trata de evaluar la oportunidad, mérito o conveniencia de las decisiones administrativas ni los resultados obtenidos, ni tampoco realizar una auditoría de la gestión realizada”.

El objeto de esta causa que se enfocaba en los presuntos sobreprecios, y en “desentrañar si la actividad desplegada por los funcionarios públicos resultó el fiel ejercicio de sus funciones y obligaciones o si, por el contrario, actuaron velando por otros intereses, ajenos a los estatales, y generaron un perjuicio patrimonial al Estado Nacional”, no arrojaron las medidas de prueba a criterio del juez para procesarlos.

En la resolución a la que accedió Clarín, Rodríguez indicó que si bien existieron cuestionamientos al precio presupuestado de la obra y su aumento posterior a la presentación de las ofertas, “cierto es que la oferta ganadora resultó la más económica y no obran constancias de cuestionamientos administrativos o judiciales del oferente vencido o, incluso, de quienes adquirieron el pliego pero no presentaron oferta alguna”.

El que juez también consideró que la UTE había reclamado pagos al Estado respecto de esta obra, que le fueron negados. “La UTE había canalizado y reclamado a través de YCRT una indemnización millonaria y, pese a encontrarse con dictamen favorable, el Estado Nacional no dictó la resolución administrativa pertinente. Y pese al monto reclamado y los dictámenes favorables, frente al silencio de la Administración, la adjudicataria nada reclamó, ni allí a través de pedidos de pronto despacho ni en sede judicial”.

Frente a los cuestionamientos de la SIGEN a la razonabilidad y pertinencia de las variantes aprobadas, “una de las defensas ha aportado sendos informes de profesionales que también intervinieron en el precedente citado, que arrojan una opinión divergente y afirman la corrección de lo actuado por los funcionarios públicos”, advirtió Rodríguez.

Por último, el juez señaló que el último informe técnico respecto del avance de la obra fue aportado por la actual intervención de YCRT, pero data del año 2016, y que estimó que el avance económico del contrato fue de 92,36% y el económico ascendió al 85%.

En suma, “se encuentra acreditado -planteó Rodríguez-, que en el año 2007 el Estado Nacional adjudicó una obra de gran envergadura a la UTE, por un monto ostensiblemente superior al inicialmente presupuestado, que luego fue ampliada a través de once (11) variantes que duplicó su costo. Esa obra no fue realizada en el tiempo pactado y transcurridos varios años desde la fecha estimada de finalización -según lo expuesto por los peritos en la presente causa-, la obra está inconclusa. A su vez, el único módulo que fue posible encender para generar energía, función principal de la Central, primero debió ser reparado -con partes de la segunda caldera que no fue completada- y luego salió de servicio por falta de provisión del insumo principal, el carbón que produce YCRT”.

Ello, revela una “deficiente actuación de los funcionarios públicos intervinientes y las firmas contratadas, no solo en relación a la construcción de la Central -objeto de este proceso- sino también en la gestión del yacimiento para la debida provisión de carbón -algunos aspectos de la administración son investigados en las causas conexas a la presente”, entendió el magistrado.

Pero esos aspectos, junto a las pruebas reunidas, no permiten “afirmar ni descartar por el momento que las conductas desplegadas por los imputados resulten alcanzadas por alguna figura criminal y excedan su responsabilidad administrativa”.

En consecuencia, la única solución posible es aplicar la falta de mérito y “profundizar y completar la pesquisa en torno a las cuestiones delineadas”, concluyó. (Clarín)

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