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La Ruta del Dinero K: el tribunal explicó cómo Lázaro Báez lavó “fondos contaminados” por fraudes al Estado

Ruta Nacional Nº 40 obra sin finalizar - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
Ruta Nacional Nº 40 obra sin finalizar – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín El TOF 4 contradijo el argumento con el que Cristina intenta desmentir la acusación en su contra en el juicio por direccionar la obra pública hacia su ex socio.

Por: Lucía Salinas

Al menos para nueve jueces federales, Lázaro Báez lavó 55 millones de dólares entre 2010 y 2013. Desde que inició la investigación esa hipótesis se fue confirmando en diferentes instancias, hasta la condena a doce años que dictó el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) en febrero de este año. Esta semana se conocieron los fundamentos de esa sentencia. Cuando se refirieron al delito precedente al lavado, los magistrados Néstor Costabel y Adriana Pallioti señalaron que el dinero provino de la corrupción en la obra pública, pero además hablaron de “fondos contaminados” por “las maniobras defraudatoria del Estado” y agregaron, que hubo “corrupción estatal”. Todo eso permitió que el empresario K blanquee millones de dólares.

“Se tiene por absolutamente acreditado que entre los años 2010 y 2013 Lázaro Antonio Báez pergeñó una maquinaria al servicio del blanqueo de los fondos espurios que detentaba, valiéndose para ello de distintas personas físicas y jurídicas que en mayor o menor medida efectuaron sus aportes para la concreción de una maniobra global de lavado de activos sin precedentes en este país”, indicaron los integrantes del TOF 4 al sostener la condena a doce años que le dieron al ex socio comercial de Cristina Kirchner.

Los fundamentos, volcados en más de 3.000 páginas, se ocuparon en un tramo importante del delito precedente, es decir: de dónde obtuvo Lázaro Báez el dinero para volcarlo a las maniobras de blanqueo. Hubo dos vertientes indiscutidas para dos de los magistrados, ya que Gabriela López íñiguez -la tercera jueza del TOF 4- votó en disidencia en ese punto.

Por un lado, los magistrados hablaron de la evasión fiscal, en referencia a una usina de facturas apócrifas que representó un movimiento de dinero ilícito de 568.874.868,78 pesos.

Pero además entendieron que la otra fuente de los fondos que blanqueó Báez fueron las defraudaciones generadas a través de la obra pública.

“Esos fraudes reiterados, perpetrados desde el seno del Estado Nacional, alteraron el destino presupuestario de esos fondos, y, por ende, ya al concretarse los pagos en favor de Lázaro Antonio Báez, estaban irremediablemente contaminados y así ingresaron a las arcas de aquél”, señalaron los jueces Costabel y Pallioti.

Por aquellos “fraudes reiterados” a los que se refirieron los magistrados está procesada y afrontando un juicio oral Cristina Kirchner, como jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer a Báez con 51 contratos por 46.000 millones de pesos. Las irregularidades -según el dictamen acusador-, se reflejaron en presuntos sobreprecios del 65%, la mitad de las obras sin concluir pero cuyos pagos se realizaron, direccionamiento de las licitaciones simulando compulsas de precios, falta de controles que permitieron que Austral Construcciones sin capacidad técnica, continuara ganando contratos, entre otros puntos.

Costabel y Pallioti indicaron que “no puede perderse de vista que través de esta operación están representados predominantemente los dineros detraídos del Estado Nacional, es decir, el objeto material sobre los que recayeron los fraudes perpetrados por aquél (Báez) y por los restantes integrantes de esa asociación ilícita”, lo que incluye a la vicepresidente y a parte de quienes estaban frente al Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido.

Esos dineros públicos, dicen los jueces “ingresaron ya contaminados precisamente por esos fraudes, a las arcas de Lázaro Antonio Báez”, quien procedió a “desplegar las maniobras de blanqueo o lavado”.

Tanto Costabel como Pallioti explicaron esa “contaminación” de los fondos, que en parte refuta el principal argumento de Cristina Kirchner, quien siempre sostuvo en la causa “Vialidad” que el dinero público no puede ser blanqueado.

En su voto, los magistrados explicaron: “No existe razón valedera alguna para intentar predicar acerca de que los fondos públicos en cuestión, no pueden ser objeto de maniobras de blanqueo”. Señalaron que “la actividad financiera del Estado Nacional, destinada a la recaudación de los impuestos, tasas, contribuciones, y demás recursos de la seguridad social, se presume lícita”.

Esos fondos públicos, “por haber sido obtenidos a causa de la actividad financiera lícita del Estado Nacional, no se presumen contaminados en su origen”, continuaron los jueces. “Pero la alteración fraudulenta del destino de esos fondos es ciertamente la causa que los contamina de ilicitud.” Ese es el lineamiento básico que subyace en el delito de administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Al avanzar en la argumentación, indicaron que el gobierno de Cristina fue el responsable de que “los fondos en cuestión se transformaron en ilícitos”. La actividad financiera del Estado Nacional es la causa lícita que permite dotar de legitimidad a esos fondos presupuestados, “pero los fraudes -cierto es- novaron (trocaron) esa causa lícita primigenia, en otra indudablemente ilícita”. La afirmación es clave.

En ese marco, sostener que los fondos públicos en cuestión, por haber sido de origen lícito no pueden ser blanqueados, “constituye, cuanto menos, una falacia”, ya que debe la mera circunstancia de que “estos fondos hayan sido abonados por el circuito formal de las instituciones bancarias públicas, no impide en modo alguno sostener esa palmaria contaminación, pues esa es la forma en que el Estado debe afrontar fatalmente sus erogaciones”, concluyeron Costabel y Pallioti.

Por ello es que recordaron que sin los contratos de obra pública que recibió el Grupo Austral, Lázaro Báez no habría tenido fondos para lavar. “Los fraudes allí ventilados (en la causa Vialidad), proyectados en la presente causa como una fuente de los ilícitos precedentes, se anclan en esa asociación ilícita que ideó, planificó y ejecutó, cuyos demás miembros actuaron a tal fin en tándem con Lázaro Antonio Báez: un integrante y organizador más de ese consorcio criminoso”.

Fueron más contundentes al indicar que “como ya se dijo en más de una oportunidad, la fuente o vertiente preponderante de procedencia ilícita de esos fondos halla sobrada explicación en los hechos de corrupción estatal y corporativa empresarial ventilados en la causa Vialidad”. (Clarín)

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