Según publica La Nación En el oficialismo del Senado hay voces que cuestionan la iniciativa; le advirtieron a Vilma Ibarra que sin modificaciones no conseguirá los votos en Diputados.
Por: Gustavo Ybarra
“No sirve de nada aprobar algo que no va a salir en Diputados; hay que se racionales”. Palabras más, palabras menos, este es el mensaje que los senadores kirchneristas le enviaron a la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, advirtiéndole que si no le introducen cambios el proyecto del Gobierno para regular las restricciones de la pandemia, no tiene futuro de ley.
Enfrascados en su pulseada con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desde la Casa Rosada se niegan a aceptar modificaciones a los “parámetros objetivos” planteados en el texto.
Sin embargo, desde el propio oficialismo del Senado se reconoció que el proyecto sufrirá modificaciones. Lo dijo el último jueves la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun (Santa Fe), cuando anunció que el oficialismo iba a apoyar con su firma el dictamen del proyecto, pero que hasta que el texto llegue| al recinto -lo que ocurriría este jueves-, iban a negociar cambios.
La situación no es sencilla para el Gobierno. Tal como fue redactada, la iniciativa encuentra fuertes resistencias en la Cámara de Diputados que, por el momento, impedirían que el Frente de Todos pudiera conseguir los votos para convertirla en ley.
Los cuestionamientos a la constitucionalidad del proyecto se deben a que avanza sobre facultades que les pertenecen a las provincias y son críticas que también se extienden al interior de las propias fuerzas oficialistas.
“Hay cuestiones que tienen que ser reguladas por las provincias, como el transporte y el comercio”, explicó un legislador kirchnerista en diálogo con LA NACION. “Debería ser una ley de adhesión”, agregó.
Pero las dudas van más allá de lo estrictamente constitucional. Otro senador del Frente de Todos se manifestó a favor de dejar en manos de los gobernadores el establecimiento de los parámetros epidemiológicos para que las provincias puedan disponer las restricciones de circulación y actividades ante el avance de la segunda ola de la pandemia.
Sostienen que son las autoridades provinciales las que conocen la realidad sanitaria de sus distritos y que el texto enviado por el Poder Ejecutivo, por más que fije parámetros objetivos, desconoce esas circunstancias específicas.
“Hay factores que van más allá de la ocupación de camas de terapia intensiva, como la cantidad de médicos disponibles en el distrito, la densidad poblacional, que deben ser tomados en cuenta para decidir en qué fase debe ubicarse una provincia”, aseguró el legislador. “Hay que ser racionales, tienen que regular las provincias”, insistió.
Sin los gobernadores
Fuentes de la bancada oficialista del Senado se mostraron preocupadas porque hasta el momento el Gobierno no ha consultado con los mandatarios provinciales para conocer su opinión.
El dato no es menor. El proyecto recibió el rechazo del senador Alberto Weretilneck. El exgobernador y líder de la coalición Juntos Somos Río Negro, que gobierna la provincia, fue tajante cuando afirmó que los tiempos cambiaron y que el respaldo que el Poder Ejecutivo tuvo durante todo el año pasado para imponer restricciones por decreto ya no existe.
“No hay plafón social para hacerlo”, sentenció Weretilneck anticipando el rechazo del diputado de Juntos Somos Río Negro Luis Giordano, uno de los votos a los que el oficialismo suele recurrir para conseguir la mayoría que necesita para aprobar proyectos en la Cámara baja.
Con este escenario por delante, todo indica que el Gobierno deberá aceptar cambios al proyecto si no quiere fracasar y dar una señal de debilidad política.
Así, y teniendo en cuenta que el Senado trataría el proyecto este jueves, las próximas 72 horas se anticipan de frenéticas negociaciones a tres bandas entre el Poder Ejecutivo, el Senado y, sobre todo, la Cámara de Diputados. Todas las miradas estarán puestas Sergio Massa y Máximo Kirchner, responsables de conseguir los votos que le faltan al oficialismo. Las gestiones avanzarán en paralelo con las negociaciones para otra ley clave frenada hasta ahora en la Cámara baja: la reforma de la ley del Ministerio Público. (La Nación)
