Según publica La Nación A través de esta iniciativa, el Gobierno busca compensar la caída en la recaudación por la baja del tributo votada en marzo pasado.
Por: Laura Serra
Con modificaciones de último momento, el oficialismo y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que establece una escala de alícuotas del impuesto a las Ganancias para gravar las utilidades de las sociedades.
Los diputados votaron en general y en particular, debido a las modificaciones en el artículo 3. Con 124 votos afirmativos, 104 votos negativos y sin abstenciones, el proyecto obtuvo media sanción y fue girado esta madrugada a la Cámara alta.
El proyecto del Poder Ejecutivo establece un nuevo esquema de alícuotas escalonadas compuestas de tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada de cada sociedad. En su versión original, la iniciativa establecía que un primer escalón era de 25% para ganancias netas acumuladas de hasta $5 millones; el segundo escalón –de 30%– para ganancias netas acumuladas de más de $5 millones y hasta $20 millones, y un último segmento de 35% para ganancias netas acumuladas superiores a $20 millones.
El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, anticipó, ni bien comenzó el debate, que el proyecto tendría cambios. Se mantendrá el primer escalón tal como establecía el proyecto original, indicó, pero se cambiará el segundo escalón: se gravará con el 30% para aquellas ganancias acumuladas entre $5 millones y hasta $50 millones. El último segmento, del 35%, será para aquellas ganancias netas acumuladas superiores a los $50 millones.
Los dividendos distribuidos pagarán en todos los casos la alícuota de 7%, a través del impuesto cedular vigente.
Según precisó Heller, con esta modificación sólo pagarían el 35% un total de 5432 empresas, el 4,5% del universo de firmas.
“Este proyecto implica una reducción de la carga tributaria para la inmensa mayoría de las empresas. Las escalas fueron establecidas desde el punto de vista de las ganancias, no es por facturación, ni patrimonio, ni escala de personal”, destacó Heller.
“Esta reforma no sólo es necesaria sino también oportuna en estos tiempos de pandemia. Implica una menor carga tributaria para la inmensa mayoría de las empresas. Es justo que las empresas con las mayores ganancias hagan el mayor esfuerzo”, enfatizó la diputada Fernanda Vallejos.
Pese a los cambios, los bloques de Juntos por el Cambio y de Consenso Federal rechazaron la iniciativa. “Si se mantuviera vigente la reforma tributaria de 2017 (sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri y que el actual gobierno suspendió) todas las empresas pagarían el 25% del impuesto, no el 35% -sostuvo el diputado Luciano Laspina-. Este es un proyecto mal diseñado montado sobre una economía ahogada por impuestos. Si realmente la excusa para impulsar esta ley es la pandemia, hagámosla transitoria. Este aumento impositivo es distorsivo y regresivo: le quieren subir los impuestos a las grandes (empresas) porque este es el modelo; el problema es que se está hundiendo el sector privado”.
Desde el radicalismo, Luis Pastori, el objetivo de esta iniciativa es “netamente recaudatorio”. “Lo urgente en la Argentina es incentivar la inversión privada para generar trabajo debidamente registrado. Los más beneficiados serán nuestros países vecinos, que recibirán con los brazos abiertos las inversiones que no quieren radicarse en la Argentina”, sostuvo.
“Estamos hipotecando el futuro de la Argentina”, advirtió, por su parte, Facundo Suárez Lastra.
Desde Consenso Federal, Jorge Sarghini ratificó el voto en contra de su bancada. “Por una necesidad fiscal se va en contra de los incentivos que deberíamos dar para la salida de la crisis”, enfatizó. “No es cierto que esta iniciativa significa un apoyo a las PyME. Hay pequeñas empresas que pueden tener grandes ganancias y a las que, con esta ley, se les sube el impuesto al 35%”, indicó.
Las organizaciones empresarias más importantes también se expresaron en contra del proyecto. Por caso, La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó un documento muy duro contra la iniciativa, al advertir sobre su mirada “fiscalista”.
Además, la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que agrupa a las empresas más grandes del país, alertó contra la fuerte presión tributaria que afecta al sector privado. “La Argentina necesita imperiosamente movilizar las capacidades del sector privado para volver a crecer y generar empleo”, dijo Jaime Campos, presidente de AEA. “Otra suba de impuestos como la planteada para su tratamiento en Diputados, se contrapone totalmente con dichos objetivos”, agregó. AEA agrupa a Techint, Arcor, Mercado Libre, el Grupo Clarín, Coto, Cartellone, FCA, IRSA, Santander, PAE, Globant, Toyota, entre otras. (La Nación)
