Según publica La Nación Así lo establece un proyecto del oficialismo que hoy sería convertido en ley por la Cámara de Diputados; también determina la utilización del lenguaje inclusivo; críticas de la oposición.
Por: Mariano Spezzapria
La Cámara de Diputados debatirá hoy un proyecto del oficialismo que impulsa la “equidad en la representación de los géneros” en los medios de comunicación. La iniciativa busca potenciar la inclusión de mujeres cis, disidencias y trans en las compañías del sector, aunque también condiciona el reparto de la pauta oficial a la obtención de un certificado que acredite el cumplimiento de la norma, tanto en medios de gestión estatal como privada.
Justamente ese punto es el que provocará controversia este jueves en la Cámara baja, donde los diputados de bloques opositores advertirán que “el régimen de promoción de la equidad de género en ningún caso puede convertirse en un condicionante de la libertad de prensa”. Así lo anticipó el dictamen en disidencia que firmaron, entre otras, las legisladoras Silvia Lospenatto (PRO), Karina Banfi (UCR) y Carla Carrizo (Evolución).
El proyecto, que ya tiene sanción del Senado, fue impulsado en la Cámara baja a instancias de las diputadas del Frente de Todos Gisella Marziotta y Mónica Macha, con el apuntalamiento de organizaciones feministas como Latfem y Periodistas Argentinas.
Entre los requisitos que establece el proyecto para acceder al certificado –que será emitido por una autoridad de aplicación que dispondrá el Poder Ejecutivo, posiblemente el Ministerio de la Mujer- se establecen “procesos de selección de personal basados en el respeto del principio de equidad en la representación de los géneros”; también, que los medios adopten “políticas de inclusión laboral con perspectiva de género y de diversidad sexual”; y que implementen “capacitaciones permanentes en temáticas de género y de comunicación igualitaria y no discriminatoria”.
Si se aprueba la ley, otro condicionante para la obtención del certificado será “la promoción del uso de lenguaje inclusivo en cuanto al género en la producción y difusión de contenidos de comunicación”, un punto que algunos diputados opositores rechazarán con el argumento de que “no puede constituir un requisito obligatorio para acceder al régimen de incentivos (…), ya que los cambios en la lingüística y en la morfología de la lengua requieren un tiempo para asentarse”.
El artículo octavo del proyecto indica, en la misma línea, que “los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión privada a los que se otorgue el certificado de equidad en la representación de los géneros, tienen preferencia en la asignación de publicidad oficial efectuada por el sector público nacional”. El criterio de las autoras de la iniciativa siguió al pie de la letra una modificación que fue votada en el Senado. El proyecto original, de la senadora Norma Durango, solo abarcaba a los medios estatales, pero ahora el texto incluye a “todos los servicios de comunicación operados por prestadores de gestión estatal y prestadores de gestión privada con o sin fines de lucro”.
En diálogo con LA NACION, la diputada Marziotta manifestó su “confianza” en que el proyecto será aprobado porque, a su criterio, “los medios son un reflejo de la sociedad y en la cuestión de géneros están quedando fuera de tiempo”. Además, justificó el condicionamiento a la asignación de pauta oficial y sostuvo que su ideal sería que los medios sean integrados “50 y 50” entre hombres y mujeres, tanto a nivel periodístico como empresario.
En forma paralela a su cargo de diputada, Marziotta coordina las radios del Grupo Octubre, el conglomerado de medios cercano al gobierno que lidera el sindicalista Víctor Santa María y que incluye al diario Página 12, la señal de cable IP y una participación en Canal 9.
La asignación de publicidad oficial entre los medios de comunicación está regulada con pautas vinculadas a la circulación y las audiencias que tienen los diarios, las radios, los portales y los canales de televisión, con lo cual la iniciativa podría tornarse incompatible y ser objeto de judicialización. Por ahí pasará hoy una parte del debate en la Cámara baja, anticiparon a este medio fuentes legislativas. (La Nación)
Y que tal hacer una ley que genere algo productivo? Realmente utilizar los recursos del estado para condicionar cualquier actividad por algo tan subjetivo como la inclusion o el lenguaje inclusivo pareciera, al menos, una perdida de recursos.