Según publica Clarín En enero, un avión de Aerolíneas llevó allí 60 dosis de Sputnik. Mientras actúa la justicia, el Procurador de Investigaciones Administrativas pidió un sumario.
Por: Lucía Salinas
Por orden de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) , el Ministerio de Salud inició un sumario administrativo para determinar quiénes intervinieron en el circuito utilizado para favorecer a dirigentes y políticos con la aplicación de la vacuna contra el covid-19. Ahora, el fiscal Sergio Rodríguez pidió que esa investigación se amplíe y se incluya la investigación sobre las 60 dosis asignadas al Hospital Posadas que habrían sido desviadas a El Calafate.
La investigación sobre el escándalo del Vacunatorio VIP que obligó a Ginés González García a renunciar a su cargo como ministro de Salud, se profundiza y suma líneas de investigación en dos ámbitos diferentes pero con un punto de coincidencia: clarificar el circuito que posibilitó que políticos, dirigentes, sindicalistas, familiares y amigos vinculados al poder político fueran inoculados por fuera de las pautas que había establecido el Gobierno en su plan de vacunación.
La mayoría de las denuncias quedaron radicadas en Comodoro Py. La causa principal tiene que ver con un listado de 70 personas que habrían recibido de manera irregular una dosis de la vacuna Sputnik V y el presunto desvío de un cargamento de dosis hacía El Calafate, y se encuentra cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano.
En simultáneo, la PIA a cargo de Sergio Rodríguez, instruye una investigación preliminar que podrá derivar en denuncia penal, sobre el caso. Las autoridades indicaron que los hechos planteados —además de las serias irregularidades que se habrían verificado al disponerse un “vacunatorio VIP” al que se accedía por medio del “contacto” con el ahora exministro— “estarían poniendo de manifiesto serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”.
El organismo interviene bajo la premisa de que podría existir “algún posible daño contra el Estado”. En el marco de esa investigación, el fiscal Rodríguez ordenó al Ministerio de Salud que amplíe el sumario administrativo ya iniciado y que se incluya el presunto desvío de vacunas hacia la localidad de El Calafate.
En su requerimiento, el titular de la Procuraduría pidió que se amplíe el objeto de la investigación y que se informe los motivos por los que sesenta dosis asignadas al Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” fueron transportadas el 23 de enero en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas a la ciudad santacruceña de El Calafate.
Este hecho fue denunciado por la diputada Graciela Ocaña, quien sostuvo que se podrían haber cometido los de delitos de acción pública “por parte de funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación”.
La denuncia sostiene que el viernes 23 de enero a las 08.40 partió un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas desde el Aeropuerto de Ezeiza con destino al Aeropuerto Internacional de El Calafate.
“A último momento, la Policía de Seguridad Aeroportuaria habría recibido un llamado de una autoridad de Aerolíneas Argentinas solicitando que no despegue el avión, ya que se dirigiría una persona enviada por la entonces Secretaria de Acceso a la Salud, Dra. Carla Vizzotti, con -en principio- unas 60 dosis de la vacuna Sputnik V”, sostuvo Ocaña. Al momento de dar más detalles indicó que dicha persona sería Gustavo Javier Bahut, jefe de monitoreo del Hospital Posadas.
La indicación que se habría efectuado “para no levantar sospechas, era que la conservadora donde se guardaron las dosis de la vacuna debía pasar por el escáner destinado al control de la tripulación”. Desde la Policía de Seguridad Aeroportuaria indicaron que “se cumplió con el control de rutina, se escanearon las dosis”.
En tanto, en un comunicado el Ministerio de Salud confirmó el envío a través de Aerolíneas Argentinas de “10 (diez) dosis compuestas de 2 (dos) viales multidosis, de cinco dosis cada uno, de vacunas Sputnik V, componente 1, número de lote 486081120R”. “En este caso, se trató de un envío complementario de dosis solicitado por las autoridades del hospital SAMIC. El intercambio de insumos entre hospitales dependientes de la órbita nacional es habitual”, se indicó.
En este contexto fue que Rodríguez pidió que se amplíe el sumario administrativo, para determinar cuál fue la injerencia del Ministerio de Salud en estos hechos. Por otro lado, se busca conocer las razones “por las que no se utilizó el stock crítico remanente y si la distribución de dosis entre hospitales resulta legítima y no una vulneración de los criterios utilizados para su distribución original”.
El sumario administrativo que ahora debe incluir el cargamento de dosis enviadas a Santa Cruz en enero -cuando sólo debía ser vacunado personal de salud y las personas consideradas de riesgo- también busca individualizar las responsabilidades alrededor del suministro presuntamente irregular, de las vacunas contra el Covid-19.
Sobre este aspecto, la PIA pidió que el área responsable del sumario administrativo brinde explicaciones “concretas y razonadas”. (Clarín)
