Según publica Clarín El Gobierno se negó a firmar una declaración en la ONU que condena los abusos del régimen. Ayer, Alberto Fernández había llamado a consulta al embajador en Managua, Daniel Capitanich.
Por: Natasha Niebieskikwiat
En otro giro sorpresivo de su política exterior, ahora el Gobierno evitó condenar los abusos del régimen de Daniel Ortega, al negarse a firmar una dura declaración que sí firmaron casi sesenta países este martes en Ginebra y en la que exigieron al régimen nicaragüense que permita elecciones “libres” y “transparentes” y a que libere a sus presos políticos.
Fue en el marco de la sesión de la ONU en la que se aguarda el pronunciamiento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. A esta hora, la ex presidenta de Chile aún no habló de Nicaragua.
Lo curioso es que ayer, el Presidente Alberto Fernández anunció a través de un comunicado que llamaba a consultas a su embajador en Managua, el dirigente kirchnerista Daniel Capitanich. Lo hizo junto a México y se sumó Costa Rica. La movida fue un gesto de endurecimiento de su posición frente al régimen de Ortega, quien ha llevado una razzia contra dirigentes de la oposición enviando a prisión incluso a aspirantes a las presidenciales de noviembre próximo. El martes pasado le llovieron criticas por abstenerse en la OEA.
Lo llamativo es que el Gobierno sí había apoyado la condena que Bachelet hizo en marzo pasado reclamando por los derechos humanos como elecciones libres. Pero Argentina no firmó una declaración similar a la de este martes que sí suscribieron Estados Unidos, Brasil, Francia, España, entre muchos otros países.
Los vaivenes oficiales son tales que este mismo martes el embajador Federico Villegas Beltran apoyó con un discurso el informe de Bachelet sobre Nicaragua -el de marzo y su actualización ahora-, manifestando la “preocupación” de Argentina “por la situación de los derechos humanos en Nicaragua,” y en particular -dijo- “por las detenciones de figuras políticas de la oposición”.
También por la “persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia”. Lo hizo en soledad sin apoyar la declaración de los otros países y en la Cancillería que fueron en sintonía otra vez con México, que tampoco firmó.
El documento que Argentina no firmó arranca haciendo mención a las “violaciones a los derechos humanos” que se producen en Nicaragua. “Compartimos las preocupaciones del Alto Comisionado sobre Nicaragua, incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El Gobierno debe garantizar la protección de los derechos humanos y hacer rendir cuentas a los responsables”, sostiene.
Y luego continúa pidiendo un freno a las persecuciones: “Instamos al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los derechos humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”.
También avanza sobre las trabas que impuso Ortega para el proceso electoral a pocas semanas de los comicios: “Nos preocupa que el Gobierno no haya implementado reformas electorales significativas antes de la fecha límite de mayo de 2021 de la Organización de los Estados Americanos, respaldada por este Consejo en marzo”.
El texto dice que les preocupa las leyes del régimen contra la participación política, la libertad de expresión, la reunión pacífica y la asociación. Y señala que la disolución arbitraria de partidos políticos y los procesos penales contra múltiples contendientes presidenciales y disidentes son especialmente preocupantes. “Pedimos su liberación inmediata”, agrega.
Es probable que estas medidas impidan la celebración de elecciones libres y justas en Nicaragua este noviembre, especulan e insta a Nicaragua a comprometerse incluso con observadores electorales internacionales en las presidenciales. De ahí que la declaración de estos 59 países considere que los nicaragüenses “merecen elecciones libres y justas a través de un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país.”
Ya desde 2020, la Alta Comisionada viene recriminando a las autoridades su inacción “para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018”. La represión de la protesta dejó más de 300 muertos.
La delegación de la oficina de Bachelet en Centroamérica se ha apresurado de hecho a condenar la “persecución penal” en los primeros días de esta nueva ola de detenciones esta vez contra los dirigentes políticos que directamente amenazan las intenciones de Ortega de reelegirse una vez más en los comicios presidenciales de noviembre.
La presentación de este martes de Bachelet corresponde a los derechos humanos en todo el mundo. De hecho, ayer, en lo que representa un momento histórico, fue critica respecto a los abusos cometidos por el gobernador Gildo Insfrán en la provincia de Formosa. (Clarín)
