Los diputados del Bloque Frente Para la Victoria se negaron, en la 8º sesión de la legislatura este jueves 24, a tratar sobre tablas un pedido de informes por la violencia policial que ejercieron efectivos de la Comisaría Seccional Sexta de Río Gallegos contra el enfermero Sebastián Barrientos, quien se desempeña en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de la capital santacruceña.
El kirchnerismo no quiso que se discuta en la sesión el tema y lo pasó a comisiones “para tratarlo con seriedad. Queremos hablar y tener respuestas. Nos preocupa el accionar de ciertos sectores de la fuerza”, se defendió el jefe del bloque oficialista Matías Mazú, quien también presentó un proyecto pero se giró directamente a comisiones.
Cabe acotar, para ratificar lo que hemos señalado en otros informes, que tanto los diputados del intendente Javier Belloni como los de Claudio Vidal (especialmente éste último) que pretenden diferenciarse (en el discurso) de los otros diputados oficialistas, votaron, como siempre, acompañando las manos de sus compañeros del FPV.
Es posible que después, algunos de estos diputados, especialmente de Vidal, salgan haciendo declaraciones solidarias contra el enfermero golpeado. Recuerde cómo votó en contra hoy en la legislatura. Una prueba más de la pertenencia absolutamente partidaria del SER al kirchnerimso más rancio, aún cuando a la sociedad, le traten de vender un discurso político distinto.
El enfermero Barrientos denunció públicamente que en la mañana del 20 de junio fue detenido luego de un control de tránsito en cercanías de la Autovía 17 de Octubre y Gendarmería Nacional tras un entredicho con inspectores municipales.
El trabajador del Hospital Regional aseveró que un grupo de efectivos de la policía lo redujeron, lo esposaron y ya en la comisaría lo golpearon y humillaron por su nacionalidad.
El proyecto que presentó el diputado radical Daniel Roquel pedía informes al ministro de Seguridad, Lisandro de la Torre para “conocer los hechos en un operativo de transito municipal que resultaba ser un enfermero del Hospital Regional y entendemos que lo que vivió Sebastián Barrientos no puede pasar y pedimos celeridad”.
“Hubo abuso de autoridad, golpes, que fueron dados en la comisaria sexta y luego salió un comunicado que habla de autolesiones y entendemos que esto no fue así” añadió el presidente del Bloque Nueva Santa Cruz quien recordó que el enfermero “salió hacia su casa después de 7 horas de trabajar en terapia, no pudo pasar el día del padre junto a su hija porque estuvo detenido”.
El proyecto pasó a votación y contó con el aval de los radicales Roquel, Nadia Ricci y Evaristo Ruiz y el diputado por Encuentro Ciudadano, Gabriel Oliva del bloque opositor y de Carlos Santi, diputado por el pueblo de Puerto Deseado.
Oliva pidió la reconsideración del proyecto y señaló que “pedimos un informe sobre un hecho repetido y es grave porque tiene ribetes de discriminación. Ya hubo otros pedidos donde el bloque mayoritario lo acepto y se pudo convocar al ministro”. No hubo acompañamiento del oficialismo y la iniciativa pasó a comisiones.
También corrió la misma suerte el pedido que solicitaba a la Municipalidad de Río Gallegos un informe “donde se detalle el accionar del personal de Tránsito Municipal el día domingo 20 del corriente mes a la madrugada, en el hecho en el que se detuvo y se agredió física y verbalmente al enfermero Sebastián Barrientos”.
Falta de profesionales
El diputado Oliva pidió que se trate sobre tablas un proyecto de resolución que recoge el reclamo de los vecinos autoconvocados de la cuenca carbonífera por mejores condiciones y la contratación de profesionales médicos para los hospitales distritales de 28 de Noviembre y Río Turbio.
Mazú señaló que “se invirtió mucho en esta pandemia por parte de la provincia. Pedimos que los profesionales que se contrataron cumplan. No queremos politizar en este momento de tensión al sector” y rechazó el tratamiento.
La iniciativa pide al Ministerio de Salud y Ambiente que se “arbitren los medios necesarios para contratar profesionales en pos de garantizar el derecho al acceso integral a la salud en los hospitales distritales “Dr. José Alberto Sánchez” de Río Turbio y “San Lucas” de 28 de Noviembre en las especialidades de Terapia intensiva, Anestesiología, Cardiología, Diabetología, Enfermería, Ginecología, Neumonología, Oftalmología, Psicología infanto juvenil, Psicología adultos y Reumatología”.
Además, requieren que se contrate a enfermeros y se priorice “a quienes obtuvieron el título de Enfermería Universitaria en la Unidad Académica de Río Turbio de la UNPA”, se habiliten ambulancias las 24 horas en los centros comunitarios y se realice la apertura de consultorios externos para el control y seguimiento de los tratamientos enfermedades crónicas y/o preexistentes.
Ayer OPI publicó un informe de ATE en la cuenca carbonífera, sobre las condiciones en que se encuentra el sector UTI del hospital de Río Turbio, precisamente de donde es matías Mazú, quien hoy rechazó expresamente el pedido de la oposición para que se dote al nosocomio de nuevos médicos.
Leyes aprobadas
Durante el debate parlamentario se sancionó el proyecto de ley sobre cierre de minas en Santa Cruz.
El ex secretario de Minería y diputado por Perito Moreno, Guillermo Bilardo fue el miembro informante del oficialismo.
Señaló que este proyecto “es un trabajo de hace años en la provincia y regula plazos y modos de una etapa de la actividad minera que no está regulada en ningún lugar del país. Viene a contribuir al desarrollo y explotación en nuestra provincia”.
“Hoy tenemos 6 plantas en toda la provincia produciendo junto a la política que lleva adelante Fomicruz. Estamos fortaleciendo el complejo minero y la licencia social para que se desarrollen los yacimientos. Participaron muchos actores como AOMA, la Cámara Minera, el bloque opositor y desde 2018 estamos trabajando en el cierre de minas”, recordó el legislador.
A su vez, afirmó que “queremos que la licencia social se fortaleza y se desarrolle la actividad junto a la creación de puestos de trabajo. La seguridad jurídica que tanto piden la provincia de Santa Cruz la otorga”.
Por su parte, el diputado Oliva sostuvo que “se trata de una ley muy importante para mitigar los efectos del cierre de las minas y asegurar una rehabilitación ambiental. Es increíble que estemos haciendo minería sin contar con esta etapa de cierre”.
El legislador añadió que “fue un proceso de discusión bastante rico, pero hay un aspecto que nos parece grave que no se incluyeron las auditorías ambientales y audiencias obligatorias para evaluar el cierre y el seguimiento del proceso, quedó supeditado para la reglamentación. Esto contribuye a la licencia social de las comunidades para participar en los planes conceptuales y detallados. Tiene que haber participación de Concejos Deliberantes y ONG locales de manera activa”.
La ley sancionada prevé un conjunto de medidas y acciones “destinadas a mitigar los efectos que deriven del desarrollo de la industria minera, en los lugares en que esta se realice, de forma de asegurar la estabilidad biológica, física y geoquímica de los mismos, de conformidad con la normativa ambiental aplicable”.
El texto de la norma señala que “la ejecución de dichas medidas y acciones deberán proporcionar el debido resguardo a la vida, salud, seguridad de las personas y medio ambiente, como así también gestionar los aspectos sociodemográficos, socioeconómicos y culturales vinculados al proceso de cierre de mina y garantizar por parte de los productores mineros la disponibilidad de recursos para afrontar los costos de las acciones de cierre y post cierre”.
Los legisladores aprobaron además la adhesión de Santa Cruz a la ley nacional 27.424 que establece el “Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública”.
Allí se exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a los ingresos obtenidos por la actividad de inyección a la red de excedentes de energía eléctrica generada en el marco de la Ley Nacional 27.424.
También se exceptúa del pago del Impuesto de sellos a los instrumentos que se suscriban para el desarrollo de la actividad de generación eléctrica de origen renovable y señala que Servicios Públicos S.E deberá adecuar su infraestructura para dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley Nacional, en el marco de sus planes de inversión.
El Instituto de Energía de Santa Cruz será la autoridad de aplicación y deberá reglamentar su aplicación dentro de los 180 días desde que se promulgue. (Agencia OPI Santa Cruz)
