Según publica La Nación Desde hace más de tres años los sueldos acumulan caídas en términos reales, porque quedan detrás de la inflación; los más perjudicados son los trabajadores informales, no solo en cuanto a los bolsillos, sino también en cuanto al número de puestos.
Por: Esteban Lafuente
La tendencia cruza gobiernos, se profundiza con la aceleración de la inflación y recrudece con la pandemia. El deterioro de los salarios es algo que se experimentó en 2020, pero también un problema que la Argentina arrastra desde hace años. Según los datos del Indec, después de un indicador positivo que se dio a fines de 2017, los trabajadores del país experimentan una contracción en términos reales. Más allá de recuperaciones coyunturales, como las del primer trimestre de 2020, anterior a la pandemia y motorizada por bonos y asignaciones, los bolsillos de los argentinos pierden capacidad de compra de forma ininterrumpida en los últimos tres años (22,7% en promedio desde noviembre de 2017), en una dinámica que tiene efectos en la economía y, también, en las urnas.
Expuestos a una situación de mayor vulnerabilidad, con menor capacidad de negociación para su remuneración y escasa o nula protección de sus puestos de trabajo, fueron los trabajadores del sector informal los que más sintieron el impacto de la pérdida del poder adquisitivo en la actual crisis. Según los datos del Indec, actualizados a marzo de 2021, la caída del salario real de este grupo en los últimos tres años fue de 25,9%.
De acuerdo con estimaciones del Iaraf, los trabajadores de este sector perdieron, entre marzo de 2018 y marzo de 2021, el equivalente a siete salarios. “Si tomamos un trabajador con un ingreso hoy de $22.000, debería recibir una compensación de unos $202.000 para recuperar la capacidad de consumo perdida en estos últimos tres años”, dice Nadin Argañaraz, director del Iaraf.
Los efectos de la fragilidad del mercado laboral en el ingreso de este grupo fueron aún más profundos. “Durante 2020 se perdió uno de cada tres empleos informales. Y después, a medida que la economía empezó a normalizarse tras las restricciones, empezó de a poco a recuperarse”, explica Matías Rajnerman, economista jefe de Ecolatina. En otras palabras, además de ser el segmento que más poder adquisitivo perdió, es también en este segmento en el que más personas quedaron con ingreso nulo.
Inversamente, el sector menos afectado en términos de poder adquisitivo fue el del trabajo privado registrado. Si bien también aquí hubo contracción en términos reales, los datos del Indec marcan que la caída del poder adquisitivo en los últimos tres años fue de 15,6%, que equivale a 3,6 salarios en el período. Según la estimación del Iaraf, por cómo les fue en promedio a los ingresos, el trabajador de este segmento que en marzo de 2021 tenía un salario mensual de $40.000 debería percibir unos $47.369 para tener en el presente el mismo nivel de poder adquisitivo que en marzo de 2018, y en términos de dinero actual, lo que perdió en capacidad de consumo en tres años equivale a $172.000. En tanto, la caída real para los trabajadores del sector público acumulada entre marzo de 2018 y marzo de 2021 es de 20,7%.
Y si bien todos los grupos perdieron ingresos, la dinámica de la crisis económica tuvo impactos heterogéneos en cuanto a la cantidad de puestos de trabajo: la crisis golpeó esencialmente al sector privado. Al observar el total de trabajadores registrados que informa el Ministerio de Trabajo, según datos a marzo de 2021, se advierte que la cantidad total de personas con empleo se redujo un 2,8% en tres años. Son en total alrededor de 12 millones de personas, en un universo que se achicó y también cambió su composición: en 2021 el país tiene menos asalariados privados, menos autónomos y más trabajadores estatales.
De acuerdo a las cifras oficiales, se perdió un 6,7% de puestos de trabajo entre los asalariados registrados del sector privado: cayeron a 5,9 millones a nivel nacional y son el 49,1% de los trabajadores formales, es decir, menos de la mitad. La tendencia se agudizó desde marzo de 2020, con la llegada de la pandemia, aun con medidas de contención dictadas por el Gobierno, como la doble indemnización por cesantías o, directamente, la prohibición de despidos. Similar fue la tendencia con los independientes autónomos (-5,2%), los monotributistas sociales (-14%) y los asalariados de casas particulares (-1,7%). Inversamente, la plantilla de trabajadores del sector público se expandió. Según datos oficiales, en los últimos tres años el total de empleados estatales creció un 3,3%; son 3.231.000 personas en todos los niveles.
En este escenario, Argañaraz describe los efectos de la caída en el total agregado de puestos de trabajo registrados en la economía, sumado a la caída en el poder adquisitivo de los trabajadores. “El consumo se define en función de la masa salarial, que es el producto de la cantidad de trabajadores por el salario real. Estamos en recesión desde hace tres años. Lo primero que ajustó fue el poder adquisitivo, y en 2020 se agregó el ajuste en el empleo por el impacto de la pandemia”, explica. Y proyecta que este año habrá una recuperación de la masa salarial, por la paulatina normalización de la economía, especialmente en el sector informal.
Para Matías Rajnerman, el consumo privado este año se recuperará tras el desplome de 13% de 2020. Sin embargo, el economista advierte que el promedio general no arrojará una mejora neta del poder adquisitivo de los salarios, más allá de algunos sectores puntuales que sí tendrán una posición más fortalecida. “El año pasado, la caída del poder adquisitivo promedio fue del 3% pero el golpe del consumo se dio porque mucha gente perdió el trabajo y quedó con ingreso cero. Este año, en el punta a punta algunos sectores asociados a la industria manufacturera, la construcción o servicios como los bancarios podrán tener una mejora, pero no hay una recuperación generalizada y no se llega a revertir la caída del año pasado”, dice el economista.
Para 2021, la apuesta del Gobierno se basa en paritarias que le ganen “por algunos puntos” a la inflación. Sepultada la pauta del 29% del presupuesto (el IPC acumuló 21,5% entre enero y mayo), muchos acuerdos que se habían negociado en torno al 35% iniciaron procesos de revisión de cara al segundo semestre (bancarios acordó un 45,1%), o incluso hubo acuerdos que se cerraron por encima de esa cifra (camioneros firmó 45%, al igual que Anses).
Lo que viene
“Hay mucha incertidumbre en el corto plazo de la economía. Y en ese contexto, los aumentos del año tendrán que ver con el poder de negociación de cada sector. De todas formas, la recuperación será baja”, dice la economista Emilia Calicibete.
Para Martín Vauthier, de Anker, la recuperación del poder adquisitivo dependerá de la evolución de los precios y el tipo de cambio. “El salario crece desde febrero, cuando se mira el Ripte [un indicador del sector formal], pero para que pueda seguir en esa tendencia es condición necesaria que la inflación se desacelere respecto de los niveles de marzo. Y la apuesta oficial es contener el IPC recurriendo al colchón de reservas netas, para sostener el ancla cambiaria y el ancla tarifaria de los servicios públicos”, dice.
Por su parte, Rajnerman también advierte sobre el impacto heterogéneo de la crisis derivada del coronavirus. Según plantea, los perdedores de 2020, entre los que incluye a los trabajadores informales o rubros que no pueden esquivar las restricciones, como el turismo o la gastronomía, volverán a perder en 2021, mientras que aquellos que tienen trabajos registrados, que muestran mejores ingresos y que se desempeñan en rubros con capacidad para adaptarse al teletrabajo, como los servicios, tendrán este año las mejores perspectivas.
“La heterogeneidad se ve hace años y la pandemia la profundizó, no solo con un impacto en el corto plazo sino en el efecto residual, y hay una brecha entre sectores que se agranda. Es la mencionada recuperación en K, que se da en el país y en el mundo, y que puede generar efectos muy nocivos en la distribución del ingreso”, coincide Soledad Pérez Duhalde, de Abeceb.
La evolución de las variables sociales también traducen las cifras de la pérdida del poder adquisitivo y la contracción de la masa salarial en un deterioro de las condiciones de vida de las familias en la Argentina, en un sendero que también comenzó en 2018 y que se agudizó con el coronavirus. A nivel nacional, el Indec estimó que en dos años la incidencia de la pobreza creció unos 10 puntos porcentuales: en el segundo semestre de 2018, cuando ya se percibían los primeros efectos de la crisis que se inició con la corrida cambiaria de abril, la pobreza a nivel personas llegaba a 32% (23,4% de los hogares), mientras que en el segundo semestre de 2020 esta cifra escaló a 42% (31,6% a nivel hogares). Con ese número, unos 12 millones de argentinos se ubicaban por debajo de la línea de pobreza. Similar fue la situación con la indigencia, que comprende a aquellos ciudadanos que no obtienen un ingreso para cubrir una canasta básica de alimentos: a nivel personas, pasó de 6,7% a 10,5% en dos años.
Al mismo tiempo, los números de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, muestran otra de las consecuencias de la crisis económica y el deterioro de los ingresos: hay una reconfiguración de los estratos sociales, con mayor dispersión de ingresos y miles de familias que se caen de una ‘clase media’ cada vez más comprimida.
Según datos oficiales de la Dirección de Estadísticas porteña, en el primer trimestre de 2021 la indigencia y la pobreza en la ciudad llegaron a sus niveles más altos desde que comenzó la serie, en 2015 (26,5% y 9,4%, respectivamente). Por el aumento de precios, además, se reconfigura el concepto de pobreza, que incluso comprende cada vez más a personas que tienen un trabajo formal: si en un hogar tipo de cuatro integrantes, los dos adultos trabajan y perciben el salario mínimo ($25.272) hoy no llegan a cubrir la canasta básica estimada por el Indec ($64.445).
A su vez, se advierte que la situación es especialmente más frágil para los hogares encabezados por mujeres (la incidencia de la pobreza es de 21,1%, frente a 18,4% si ese hogar tiene un jefe varón), una persona desocupada o alguien dedicado al servicio doméstico. “La situación en el mercado de trabajo, principal fuente de recursos con los que se sostienen los hogares de la Ciudad, afecta más a los hogares en los que hay miembros que quedaron sin ocupación y donde hay presencia de ocupados con una inserción endeble (asalariados precarios, cuenta propias informales, etcétera), en el sector servicios y donde hay población con experiencia en el mercado de trabajo (50 años y más), mujeres y jóvenes”, plantea el informe.
Pero, además, el deterioro en los niveles de ingresos implicó un golpe al nivel de vida en la población, más allá de si ese individuo es formalmente considerado pobre por la arbitrariedad de la estadística. Como explicó el organismo en su último informe, “caen las porciones de los sectores medio y acomodados hasta convertirse en las más bajas de la serie histórica para un primer trimestre”.
En los tres últimos años de recesión, la clase media (entendida como hogares que tienen un ingreso mensual de entre 1,25 y 4 veces la canasta total) se comprimió, y pasó de representar el 51% de la población porteña al 44,8%. Parte de esta población afectada no se ubica en situación de pobreza, sino que ingresó a la categoría de “sector medio frágil” y “vulnerable”. Al mismo tiempo, el sector “acomodado”, que comprende al pico de la pirámide, se redujo a la mitad: en tres años, pasó de representar el 15,4% de la población al 8,6%. (La Nación)
