Según publica Clarín Los investigadores sostienen que desde Vialidad Nacional y provincial, la IGJ y la AFIP encubrieron coordinadamente las irregularidades del contratista condenado por lavado.
Por: Lucía Salinas
Cristina Kirchner está procesada por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral de Lázaro Báez con 51 contratos viales por 46.000 millones de pesos y “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K. Para sostener esta acusación, en el juicio oral se organizaron los testimonios por bloques, en cada uno de los cuales se busca indagar sobre el rol de diversos organismos del Estado “que estuvieron a disposición de Austral Construcciones”. Se analiza “la falta de fiscalización, de controles periódicos que debían realizar Vialidad Nacional como Provincial, entre otras lagunas”, indicaron fuentes del caso.
La acusación corresponde al escrito de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes hicieron referencia a una “operatoria criminal”. Los acusadores que intervienen en el debate oral avanzan sobre la tesis de que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, “desde diversos organismos, estuvieron a disposición del Grupo Austral”.
La imputación planteó que desde lo más alto del poder y a través de diversos organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”.
¿Cómo funcionó esa estructura? La justicia sostuvo que se diseñó un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”. Para desentrañar esa acusación, la fiscalía a cargo de Diego Luciani pidió un extenso listado de declaraciones testimoniales, que incluye a ex integrantes de la AFIP, funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ), personal de Vialidad Nacional y Vialidad provincial.
Los investigadores sostienen que Báez no podría haber ganado 51 licitaciones sin “la connivencia del Estado”. Para avanzar sobre esa tesis se indagó en el rol de Vialidad Nacional, que realizaba las licitaciones y a través de la cual se gestionaba el envío de fondos que se canalizaban por intermedio de la Dirección Provincial de Vialidad. Pero además, respecto de integrantes de ambos organismos se determinó que no ejercían los controles correspondientes previos a las certificaciones de obras que habilitaban el desembolso de fondos.
Un mismo inspector para varios contratos con cientos de kilómetros de diferencia, rutas que no conducían a ningún lado, caminos provinciales que financiaba la Nación, fueron algunos de los aspectos señalados en las acusaciones.
“No había manera que esas licitaciones que fueron direccionadas para favorecer al Grupo Austral, hayan sido ganadas sin organismos del Estado a favor de Báez”, sostuvieron fuentes del caso.
En este entramado, se indagaron inspectores de la AFIP con sede en Santa Cruz, aunque cuando comenzaron a fiscalizar a Austral Construcciones, la empresa modificó su domicilio para radicarlo en la calle Carabelas en Capital Federal. El juez Sebastián Casanello determinó en su momento que la constructora montó una usina de facturas apócrifas que no podía ser desconocida por el organismo fiscalizador y que le permitió a Báez evadir más de 500 millones de pesos.
La imputación indica que “Santa Cruz, lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, que utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez, que como particular los recibiría para luego, ya fuera de la esfera pública, el dinero iniciara distintos caminos, entre ellos, un camino de retorno hacia los ex presidentes y sus hijos”.
Al respecto, también se indaga en el rol de la Inspección General de Justicia (IGJ) que nunca exigió a Austral Construcciones -que durante años no renovó su directorio ni presentó toda la documentación legal- que se ponga al día con sus papeles. Ellos incluían sus balances, para poder ser fiscalizados. Nunca ocurrió.
Existe una cuarta instancia de la maniobra que nuclea al gobierno que dirigió Cristina Kirchner y a su ex inquilino y socio comercial. Se planteó que el proceso de adjudicación “configuró una puesta en escena orientada a simular en los papeles una supuesta competencia entre oferentes que en la realidad no existía, lo que permitía, por un lado, cumplir con el requisito de multiplicidad de ofertas y, por el otro, aumentar el costo de la obra vial a través de cotizaciones superiores al presupuesto oficial”.
En este punto, se señalaron varias licitaciones donde se presentaron tres empresas del Grupo Austral, realizando ofertas con diferencias de centavos, lo que garantizaba que las licitaciones siempre queden dentro del holding.
Ante esa situación, fuentes del caso indicaron que “eso sólo podía ocurrir porque había connivencia, pues dentro del organismo que impulsaba las licitaciones se debían aplicar todo tipo de controles sobre los pliegos y ofertas”. Esto incluía revisar la documentación respaldatoria a cada oferta, garantías, capacidad técnica y operativa. Una auditoría pedida por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) determinó que Báez recibió obras sin contar con la capacidad técnica requerida, es decir, aquella que garantizaba al Estado la posibilidad de realizar la obra comprometida.
En la lista de testigos que serán convocados por el TOF 2 se encuentran los ex jefe de Gabinete de los doce años de gobierno kirchnerista. Entre ellos, el actual presidente Alberto Fernández, y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Su presencia fue requerida por Cristina Kirchner. El objetivo es conocer el camino de las decisiones administrativas que posibilitaron más partidas presupuestarias destinada a las obras viales que se volcaron en suelo patagónico. El 85% de esos contratos terminaron en manos de la misma persona: Lázaro Báez. (Clarín)
