Según publica Clarín Hay casi 7 millones de personas que esperan recibir el componente 2 de la vacuna rusa. Dos especialistas en Derecho y Bioética analizan el escenario judicial.
Por: Emilia Vexler
Un escenario que no está dentro de “lo posible”, que está dentro de lo real: se aprueba una vacuna contra el coronavirus, se firma un contrato por dos dosis de esa fórmula, se paga con anticipación, se aplican las primeras dosis, se difieren a tres meses en vez de los 21 días del ensayo publicado en la revista científica The Lancet; pasan 100 días y las segundas dosis no aparecen.
Hay casi 7 millones de personas en espera para completar el esquema de la vacuna rusa. Ese es el escenario “ruso” de la vacunación con Sputnik V en Argentina.
¿Y si pasara aquello que –por la ventilada carta del Gobierno a Rusia– ya nadie puede descartar? ¿Si las segundas dosis se demoran aún más? Si no llegan, ¿Se le podría hacer juicio al Estado por la demora de la inmunización completa? ¿Y podría resultar en una condena?
La pregunta da vueltas en las redes sociales, después claro, del reclamo de los que no sienten el segundo pinchazo y temen a la tercera ola de contagios por la variante Delta. Clarín entrevistó a expertos en Derecho y Bioética para dejar de lado la infectología y responder, desde lo legal, una duda tan retuiteada. ¿Pero inverosímil?
Un juicio “ilustrativo”
Pensemos en la sala de un juzgado. Hay protagonistas que podrían ser señalados como “acusados”: los laboratorios y el Gobierno. Pero hay que pensarlo, en realidad, como “Estado”, porque, antes de cualquier gestión de la pandemia, fue en Diputados donde se inició la ley que habilitó los contratos favorables a las farmacéuticas. Y también, imaginariamente, está la “querella”: las personas que ya le pusieron el hombro a la primera dosis.
Que la escena de más arriba ocurra y exceda los límites de un párrafo o de un juicio “ilustrativo”, en sí, es menos probable que empiece a llover el segundo componente de Sputnik V. Así lo cree el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez.
“No se puede hacer juicio. No hay un contrato firmado entre la gente y el Estado. No hay un daño cierto acreditado por no recibir la segunda dosis a tiempo. El Estado no es productor total de la vacuna. Todavía se puede llegar a una fórmula heteróloga de vacunas (por la combinación de marcas)”, dice a Clarín.
Pero, en su respuesta, de repente, la sala ficticia de ese improbable juzgado, comienza a rearmarse. “En realidad podés hacer juicio pero la posibilidad de éxito es nula”, avisa.
¿Cuáles sería la acusación? “Juicio por daños y perjuicios o acción de amparo por omisión”, puntúa el experto en Derecho. “No se qué alegarían desde el Estado, pero a lo anterior le sumaría otro punto: que con una dosis el porcentaje de inmunidad es alto al día de la fecha.”
Siempre imaginando escenarios ficticios, la Anmat –que tiene un convenio con la Agencia Europea de Medicamento (EMA)– podría recomendar, justo antes de que se iniciara el juicio, la combinación de vacunas para suplir la falta del segundo componente de Sputnik. Primero tendrían que aprobar en la Comunidad Europa la vacuna rusa, que sigue en análisis.
El Ministerio de Salud de la Ciudad, tal como adelantó Jorge Gefner, profesor de Inmunología e investigador del Conicet, ya tendría “en dos o tres semanas” los resultados del estudio con 5 mil voluntarios donde se probó la combinación para suplir la falta del Adenovirus 5, la segunda inyección rusa.
El Ministerio de Salud de la Nación, quien es quien tendría que administrar las pautas en caso de que se demuestre la efectividad post mezcla, podría aprobar la combinación más allá de esa jurisdicción. En todo el país.
¿Qué pasa desde la Bioética? ¿Qué pasa con las demandas de eventuales damnificados que alegan haber confiado sus hombros para la primera dosis de una vacuna porque se les aseguraba la segunda dosis?
Ignacio Maglio es abogado, miembro del Consejo Directivo de la RedBioética de Unesco y un importante integrante del Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19, que asesora al Gobierno. A igual que Gil Domínguez, no cree “factible” que haya juicio al Estado por esta causa.
“Es algo global, no propio de Argentina. En todo caso, puede haber responsabilidad de los productores de la vacuna (Argentina participa en el proceso de Sputnik, a través del laboratorio Richmond), pero no del Estado”, explica.
¿Por qué? Por lo que se conoce en Derecho como “caso de fuerza mayor” o “caso fortuito”. Aquel evento que no se pudo prever o que aún previsto no se pudo evitar. “Eso opera como un excedente de responsabilidad para el estado”, marca.
Hay un ejemplo, reciente, que podría explicar por qué sí se pudo condenar al Estado por otra vacuna y por qué no podría ser así con las vacunas del covid.
El 26 de diciembre de 2019, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia, así como la decisión de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que ordenaba al Estado a hacer pública toda la información relativa a la suspensión de la vacuna antimeningocócica a los 11 años de edad.
“Se culpó al Estado por no informar sobre los motivos de la suspensión de esa vacuna, algo bien distinto a que luego se culpe al Estado por la no aplicación de esa vacuna. Y eso podría suceder, porque ahí la responsabilidad primaria es del Estado, que no dio la vacuna. Con el Covid, es el Instituto Gamaleya quien incumple el contrato al no darlas”, cierra Maglio.
Antes que todo lo anterior, lo claro es que Rusia asegura que cumplirá con la entrega de todas las vacunas comprometidas a Argentina, pero que la prioridad es abastecer a su país. Lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Afirmaron que se encuentran en contacto con el Gobierno de Alberto Fernández para solucionar el problema. (Clarín)
