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A un año de su anuncio, la reforma judicial está parada y no avanzaría hasta después de las elecciones

Alberto Fernández presento el proyecto de lay de reforma de la justicia - Foto: Presidencia

Según publica La Nación Pasó con éxito por el Senado, pero no comenzó a ser tratada en la Cámara baja; en el oficialismo ven cambios en el escenario judicial y hablan de una “desjudicialización de la política”.

Por: Cecilia Devanna

Un año después de su anuncio, el proyecto de reforma judicial está parado en la Cámara de Diputados, adónde recaló tras obtener media sanción en el Senado. Eso sucedió en agosto de 2020 y desde entonces no hubo movimientos significativos. En la Cámara baja, presidida por Sergio Massa, señalan que el primer escollo para avanzar con el tema fue la resistencia de la oposición a tratar el tema de forma virtual. El proyecto está girado a comisiones, pero aún no fue tratado.

En el propio oficialismo hay voces que admiten que parte de la dilación tiene que ver también con falta de consensos respecto del proyecto. “Fue la reforma posible”, resumieron ante LA NACION fuentes oficiales. “Hay mucha voluntad para lograrla”, afirman otros.

Ambas miradas coincidieron en un punto: “Hasta después de las elecciones no va a haber novedades sobre el tema”. En ese sentido, también hay quienes distinguen que la prioridad de la discusión en términos judiciales en la que sí coincide todo el arco que compone el oficialismo pasa por los cambios en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Nadie duda de que hay que cambiar mucho del Poder Judicial, pero es tema de discusión si la reforma que está en Diputados es la que tiene que ser o no”, evaluó ante LA NACION otra fuente, en tanto que aseguró que respecto de cambios en la Procuración “no hay diferencias”.

El parate que enfrenta el proyecto de reforma judicial contrasta con el anuncio de un año atrás. El 29 de julio de 2020, en Casa Rosada, en medio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), con el país paralizado y atravesando una enorme crisis sanitaria, social y económica, el presidente Alberto Fernández convocó a distintas figuras del mundo jurídico y a referentes de distintas áreas del Gobierno.

En el el lugar estaban la mayoría de los expertos elegidos por Fernández para integrar una comisión de once juristas que durante los siguientes tres meses se reunió a razón de dos veces por semana, vía zoom, para evaluar el funcionamiento del universo judicial y sugerir cambios.

Entre los elegidos estaba el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, lo que aumentó críticas y le valió el nombre mediático de “Comisión Beraldi”. El resultado del trabajo fue un documento de casi mil páginas que se le entregó al mandatario. La posibilidad de la creación de un tribunal intermedio entre Casación y la Corte, y posibles cambios en la elección del Procurador General estaban allí. Desde entonces a ahora no hubo novedades en el tema y las referencias públicas a la iniciativa se diluyeron en el correr de los días.

En aquel evento estaba la entonces ministra de Justicia, Marcela Losardo, exsocia, amiga personal y casi un alter ego de Fernández, a quien hoy no son pocos los que coinciden en achacarle responsabilidades sobre el poco éxito obtenido hasta ahora del proyecto de reforma judicial. Otros son más benévolos: “¿Le van a seguir tirando todos los fracasos? Se fue hace cinco meses y tampoco pasó más nada”.

La Justicia “reordenada”

Así, en el oficialismo las voces se dividen entre quienes sostienen que el tema quedó en el olvido, otros que suponen que a partir de diciembre, con una nueva conformación de diputados, el debate podrá fluir y también quienes creen que al contexto general se suma que el escenario judicial “se fue reordenando solo”. Eso, creen, “desaceleró la necesidad de cambios”.

En ese sentido, enumeran modificaciones en la dinámica del Consejo de la Magistratura, donde oficialismo y oposición buscan destrabar concursos, y afirman que se está viendo, por sobre todas las cosas, lo que consideran una “desjudicialización de la política”.

“Durante el macrismo se tensó la cuerda al máximo”, aseguran. Y en ese sentido reconocen a otras figuras de la oposición como interlocutores “con los que se puede dialogar”, en contraposición al exmandatario.

Parte de las expectativas del reordenamiento están en que consideran que los jueces “bajaron el perfil“. “Ya no hay margen para Bonadios”, sostienen en referencia al estilo del fallecido juez federal Claudio Bonadio, que avanzó contra el kirchnerismo. En tanto que también miran con atención lo que puede suceder en los próximos meses en la Corte Suprema, donde habrá recambio en la presidencia.

No son pocos los que en el kirchnerismo se ilusionan con una vuelta a la presidencia del máximo tribunal de Ricardo Lorenzetti, a quien le atribuyen un mayor ordenamiento de la Justicia que el que se vio desde la llegada de Carlos Rosenkrantz, en 2018.

El actual titular de la Corte nunca gozó de la simpatía del oficialismo, quien siempre le endilgó vínculos con el macrismo. Parte del Gobierno también sigue con atención lo que puede suceder en el Palacio de Tribunales con un fallo sobre la composición del Consejo de la Magistratura. Lo consideran “central”.

El escenario se completa con la mejora sustancial que va evidenciando el panorama judicial de la vicepresidenta y cómo eso “cambió urgencias” en el oficialismo. En lo que va del año, Cristina Kirchner vio cómo cayó la causa por “dólar futuro” y en su entorno ya dan por hecho que sucederá lo mismo en poco tiempo más con la causa por el “Pacto con Irán”. Después de eso, afirman, buscarán avanzar con los demás expedientes, como “Hotesur” y “Los Sauces”, que involucra a los dos hijos de la exmandataria, Máximo y Florencia. Creen que es posible hacerlas caer, pero insisten con la frase: “Paso a paso”. (La Nación)

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