Según publica La Nación Lo hizo el juez Javier López Biscayart, quien ya había desestimado el pedido inicial del exmandatario para frenar la medida; ahora deberá ir en queja a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico.
Por: Cecilia Devanna
La Justicia en lo Penal Económico rechazó este miércoles la apelación presentada por la defensa del expresidente Mauricio Macri con la que buscaba revertir un rechazo anterior a su pedido de frenar el sumario interno en Gendarmería Nacional, en el marco de la causa por presunto envío de material bélico a Bolivia. La decisión fue del juez Javier López Biscayart, quien a comienzos de esta semana ya había rechazado el primer pedido. Ahora, el exmandatario puede apelar la decisión ante la Cámara de Apelaciones, adonde deberá ir en queja tras la resolución del magistrado.
De acuerdo a la resolución, López Biscayart rechazó la presentación al considerar que se apeló una decisión que “no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno”. Tras lo cual agregó: “Lo decidido no veda la posibilidad de las partes de exigir el cumplimiento de esos postulados en el marco de la actividad administrativa ni su eventual posterior control en sede judicial, en caso de corresponder”.
En la presentación hecha por la defensa de Macri, un escrito de ocho páginas al que accedió LA NACION, se sostiene que la investigación debe hacerse, pero “materializada en sede jurisdiccional a donde concurrieron las mismas agencias del Estado, para garantizar así el equilibrio e igualdad de armas y el control de nuestra parte, todo lo cual no poseemos en sede administrativa”.
El escrito judicial, que llevó la firma del abogado Pablo Lanusse, también consignó que “es voluntad expresa del Sr. Mauricio Macri -como lo expuso en su presentación en autos- que se investigue a fondo el hecho investigado, porque está convencido de su inocencia y que ello no hará mas que reconocer y robustecer esa realidad”.
Al tiempo que justificó su pedido considerando que “ninguna de las reparticiones administrativas reúne la condición de juez independiente e imparcial, ni nos otorga igualdad de oportunidades para interrogar testigos”. Tras lo que agregó que “es claro que existe un claro compromiso con posiciones ya tomadas por parte de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en la dilucidación de los hechos materia de denuncia, lo cual conspira contra su profiláctica reconstrucción histórica”. Y que a ello debe agregarse que en “las actuaciones administrativas no somos parte, lo cual nos deja huérfanos de oportuna, eficaz, material y real intervención, representación y asistencia de mi ahijado procesal en aras de la efectivización de sus derechos”.
Macri fue denunciado el 12 de julio pasado por la Casa Rosada en una presentación encabezada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; el titular de Justicia, Martín Soria; y la responsable de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
La denuncia sostiene que Macri “puso material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de estado realizado por las fuerzas armadas bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”. Se trata de hechos que tanto Macri como sus funcionarios, entre ellos los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, negaron. Dijeron que, por el contrario, habían colaborado con Evo Morales y que protegieron en la embajada argentina a algunos de sus funcionarios.
Apenas unos días después se presentó la ampliación de la presentación por parte del Gobierno, que incluye nuevos hechos. Por un lado, el hallazgo de armamento y municiones argentinas en Bolivia que el gobierno de Luis Arce presentó en conferencia de prensa junto al embajador argentino, Ariel Basteiro. “Se incorporan las fotografías y la documentación sobre el material hallado en los depósitos de la Policía Boliviana, que se corresponde con el material contrabandeado. Se trata de 26.900 cartuchos de perdigón de goma; 28 gases aerosol; 19 gases aerosol; 55 granadas gas CN; 53 granadas gas H; 19 granadas gas CS y 2 granadas tipo Béisbol”, enumera el escrito oficial.
También se incorporó documentación sobre el vuelo del Hércules C-130 donde “consta únicamente el material que Gendarmería solicitó el 11 de noviembre de 2019, pero no la carga ‘adicional’ que solicitó el día 12″. Esto es, las 70.000 municiones 12/70 AT y las granadas de gas.
El sábado 10, dos días después de que se conociera el caso a través de una declaración del canciller boliviano Rogelio Mayta, Macri, de gira por España para presentar su libro rompió el silencio y sostuvo: “A partir de la denuncia intempestiva que funcionarios bolivianos dieron a conocer el jueves pasado, quiero desmentir de manera rotunda la veracidad de esas acusaciones”. (La Nación)
