Según publica La Nación El país debía abonar en 2019 la sentencia en contra en el tribunal arbitral del Banco Mundial.
Por: Sofía Diamante
La Argentina suma una nueva demanda en contra en la justicia estadounidense. En los tribunales del distrito de Columbia, el fondo Titan Consortium le reclama al país el pago de US$327 millones que le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ocurrida en 2008.
En 2019, el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) rechazó el pedido de nulidad que había realizado la Argentina, luego de que en 2017 condenara al Estado argentino a desembolsar más de US$320 millones más intereses a Titan.
Este fondo logró demandar a la Argentina, luego que le comprara el derecho a hacerlo por US$107 millones al fondo inglés Burford (el mismo que litiga contra la Argentina por la expropiación de YPF), que, a su vez, se lo había comprado a la empresa española Teinver, dueña del grupo Marsans, después de que entrara en quiebra.
“Todos pensamos que en algún momento el Gobierno iba a pagar el fallo. Hoy nos enteramos de que no pagó y entonces Titan va al distrito de Columbia, que es la corte que tiene jurisdicción exclusiva sobre cualquier acción relacionada con fallos del Ciadi, cuando en el tribunal del Banco Mundial ya no quedan más instancias para seguir”, explica Sebastian Maril, analista financiero de Fin Guru y quien sigue de cerca las demandas contra el Estado argentino en el exterior.
“Teinver es una empresa española que, en 2001, compró el 100% de las acciones de Air Comet, quien a su vez era propietaria de Interinvest, la dueña de Aerolíneas Argentinas y Austral”, explica Maril. Todas estas empresas eran parte del grupo Marsans.
LA NACION se comunicó con el Ministerio de Economía para consultar por el estado del pago de US$327 millones y no hicieron comentarios.
De avanzar esta demanda, se sumaría a los tres juicios que están abiertos contra la Argentina en las cortes de Nueva York: el de la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de Repsol, y que Burford Capital compró el derecho a litigar; el del cupón PBI, en el que un grupo de acreedores demanda al país por cambiar la base de cálculo del producto, que en la práctica reducía los números de crecimiento de la economía argentina; y la del remanente de holdouts que tienen deuda en default de la Argentina y nunca entraron a los sucesivos canjes que se llevaron adelante.
La expropiación
El pase de manos de Aerolíneas Argentinas se realizó en medio de fuertes polémicas. El gobierno kirchnerista tomó la empresa y mandó un proyecto para declararla de interés público. Esa ley le entregó facultades al Ministerio de Planificación para que sea el ejecutor del Congreso. Con amplia mayoría, tanto diputados como senadores aprobaron el proyecto.
Luego se pidió al Tribunal de Tasaciones de la Nación que valuara los activos. Ese trabajo entregó un valor negativo de US$832 millones, muy lejos de los US$600 millones que decía Marsans que valía el grupo de compañías. Como las partes no se pusieron de acuerdo, poco después de la estatización se inició un juicio. Entonces, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa.
Pocos días antes de la primera audiencia en el Ciadi, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima.
El Estado tomó el control de la empresa y colocó primero como presidente a Julio Alak y, después, a Mariano Recalde. Finalmente el Ciadi ubicó la vara más cerca de lo que pedía Marsans que de lo que estableció aquel Tribunal de Tasaciones.
El juicio empezó formalmente el 3 de marzo de 2014, cuando arrancaron las audiencias en el Banco Mundial. Fueron 15 días que terminaron con los alegatos de cada una de las partes.
Poco después de aquella batería de audiencias en Washington, la defensa de la Argentina, comandada por la procuradora general del Tesoro, Angelina Abbona, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), denunciaron a Marsans por vender el reclamo en el Ciadi a un fondo llamado Burford Capital, el mismo que litiga en el caso contra YPF.
La Argentina transitó el proceso de defensa con varios argumentos complicados de probar. El principal es que en varias oportunidades confundió la naturaleza jurídica de la empresa. Por caso, Aerolíneas Argentinas, más allá de la relación directa que tiene con el mundo aeronáutico del país, era una empresa privada, una sociedad anónima, no una concesión de servicio público. (La Nación)
