Según publica Clarín Con diversos planteos y objeciones, el abogado de la familia está evitando que el Consejo de la Magistratura abone los honorarios de quienes trabajaron en Los Sauces y Hotesur mientras fueron intervenidas.
Por: Lucía Salinas
Casas, hoteles, terrenos, departamentos son parte del conjunto de bienes que durante cinco años estuvieron bajo intervención judicial. La sospecha aún vigente para la justicia, es que su usufructo carecía de finalidad comercial y que en realidad era “una pantalla” para lavar dinero. El Tribunal que debe juzgar a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, les reintegró el manejo de las empresas, hoteles y del condominio que nuclea los bienes heredados. Ahora la pelea es por la negativa de la familia Kirchner a que se les pague a los interventores.
El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), Diego Velasco, planteó en un escrito recientemente, que es necesario para “evitar más dilaciones” que se fijen los honorarios correspondientes de la interventora Raquel Moyano y de Jordan Kristoff, quienes durante todos estos años administraron los bienes de los Kirchner. Así, avalando la gestión de ambos, el representante del Ministerio Público Fiscal dijo que ya no se puede retrasar más el pago correspondiente.
La discusión se originó cuando el abogado de Máximo y Florencia Kirchner, Carlos Beraldi, planteó “severas irregularidades” por parte de los administradores judiciales.
Esos reclamos retrasaron la regulación de los honorarios de los administradores judiciales. El fiscal Velasco avaló ante el TOF 5 la gestión de Moyano y Kristoff, al señalar que “a lo largo de la incidencia esta fiscalía viene aprobando la actuación de los citados profesionales”. Acto seguido se refirió a la familia Kirchner: “pese a la injustificada virulencia y oposición de la defensa”.
Las críticas de los Kirchner recaen sobre la administración de Los Sauces SA -la inmobiliaria que según la justicia se habría utilizado para lavar 30 millones de pesos-, que estuvo a cargo de Kristoff. Uno de los últimos informes antes de devolver el manejo de la firma advirtió que acumula 10 millones de pesos en diversas deudas. Muchas de sus propiedades no pudieron ser alquiladas nuevamente.
Los bienes más valiosos que tiene Los Sauces son los dos departamentos ubicados en Puerto Madero, que habían sido alquilados por las empresas de Cristóbal López Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia. Esos inmuebles cuestan 600 millones de pesos. Como inquilino, hasta 2017 el dueño del Grupo Indalo le pagó a Los Sauces más de 1,7 millones de dólares.
Pero ahora estas dos propiedades acumulan deudas: sólo en expensas son 6.289.185.40 pesos. El departamento que utilizaba López nunca más se pudo alquilar.
Hay otros inmuebles de la empresa usurpados, sobre los cuales la intervención pidió el desalojo varias veces.
La situación de la inmobiliaria es crítica. Su giro comercial es inviable. La justicia en la acusación con la que se envió a juicio oral sostiene que nunca tuvo como finalidad comercializar sus propiedades, sino “ser utilizada para operaciones de blanqueo”. Los dos empresarios que representaron el 86% de la facturación de Los Sauces, fueron Lázaro Báez y Cristóbal López.
Jordan Kristoff administró también el hotel Casa Patagónica Los Sauces, lindante a la residencia de Cristina Kirchner en El Calafate. En su último informe, el interventor reflejó un conjunto de irregularidades administrativas que rodean al complejo turístico, que permanece cerrado desde 2016. El pasivo del hotel favorito de Cristina es de 7.706.728 pesos. Ese rojo financiero quedó registrado en el último informe judicial, que fue avalado por la fiscalía.
Por otro lado, está el conjunto de propiedades nucleadas en el Condominio que lleva el nombre de los hijos de la vicepresidenta. El mismo fue creado cuando concluyó la sucesión de Néstor Kirchner.
La mayor pelea con la interventora Moyano se circunscribió a la deuda fiscal adquirida por Máximo y Florencia Kirchner. “Durante estos últimos años se devengaron obligaciones fiscales en concepto de IVA y Ganancias”, explicó el abogado Beraldi, quien recordó que los alquileres de las propiedades que administra Los Sauces “fueron y son percibidos por la licenciada Moyano”.
Por ese motivo las deudas, que superan los cinco millones de pesos, terminaron judicializadas hasta que el TOF 5 determinó que el plan de pago al que se acogieron en la AFIP sea abonado por la intervención judicial.
Según estiman en tribunales, los planteos recurrentes “tienen como única finalidad no regular los honorarios de los interventores judiciales”. La remuneración por todos estos años de tarea designada por el Tribunal no es afrontada por el patrimonio de los Kirchner (el líder de La Cámpora declaró una fortuna de $ 400 millones, parte de la cual está embargada), sino por el Consejo de la Magistratura.
Cuando la familia Kirchner recuperó el manejo de sus empresas y bienes, designó a un integrantes de Aerolíneas Argentinas -Sebastián Sánchez- como administrador, y a un integrante de YPF frente a la inmobiliaria.
En Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate, se designó como presidente a Sebastián José Sánchez, quien desde 2005 a 2011 se desempeñó en la Secretaría General de Presidencia que dirigía Oscar Parrilli. Según los registros oficiales, en mayo de ese año dejó el cargo, pero ahora figura como designado en Aerolíneas Argentinas desde abril pasado. Además, obtuvo un poder general de administración por el Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner.
En Los Sauces SA, se designó como administrador a José Matías Bezi, actual gerente de Asuntos Externos Regional Sur de YPF, referente local de La Cámpora y hombre del riñón político de Máximo. La empresa petrolera es presidida hoy por Pablo González, ex vicegobernador de Santa Cruz y de extrema confianza K. (Clarín)
Claro !!!… Al enemigo ni justicia!!!… eso sí lo copia del peronismo, la grasa de Recoleta, su lugar en el mundo !!!.