Según publica La Nación Los expedientes que tuvieron movimientos este año, como el dólar futuro o la firma del pacto Irán, apuntaban a decisiones políticas y económicas; los casos que se tramitan fuera de la ciudad.
Por: Candela Ini y Hernán Cappiello
En el período entre las PASO y las elecciones generales, los jueces con despacho en los tribunales federales de Comodoro Py observan la reconfiguración del tablero político y congelaron el avance de las causas por corrupción. Las decisiones de alto voltaje político que se tomaron este año en Comodoro Py tuvieron que ver con expedientes iniciados en torno a decisiones políticas o económicas, como las causas del dólar futuro o del pacto con Irán, en la que Cristina Kirchner y diez acusados más fueron sobreseídos el jueves pasado.
Un juez de primera instancia con incidencia sobre sus colegas dijo a LA NACION que, más allá de esta decisión del Tribunal Oral Federal N°8, está “todo congelado” y que “ya no hay mucho por resolver en los juzgados de primera instancia”. El magistrado dijo estar “preocupado por la crisis institucional que puede desatarse si el Gobierno pierde en las urnas el 14 de noviembre”.
El ritmo está en pausa. A punto tal que la Cámara de Casación, que tenía previsto decidir quién sucederá a Gustavo Hornos como presidente del máximo tribunal penal, postergó la definición para después de las elecciones generales. La votación deberá hacerse en un plenario que tiene como fecha límite el 20 de diciembre.
La designación de las autoridades del máximo tribunal penal del país es más que un procedimiento burocrático. El movimiento implica, necesariamente, cambios en la composición de la sala de quien resulta electo. El camarista Alejandro Slokar, miembro de la Sala 2, suena como uno de los posibles sucesores de acuerdo a las reglas empleadas hasta ahora. Pero también suena el nombre del juez Diego Barroetaveña, quien integra la Sala 1, en la que hay radicadas causas de alto impacto político. Es la Sala que interviene en el caso cuadernos y la que posiblemente deberá intervenir sobre la causa del memorándum (para confirmar o no los sobreseimientos), si se salda un conflicto de competencia que hay con la Sala 4. Pero nada de esto se sabrá hasta después de las elecciones del 14 de noviembre, dijeron fuentes judiciales a este medio.
Pero la Casación es la instancia final de los tribunales de Comodoro Py. En primera instancia hay escasos movimientos: aunque hay una alta cantidad de denuncias por corrupción y por decisiones políticas, pocas presentaron avances significativos este año, como indagatorias o procesamientos.
En los tribunales orales, la postal es muy similar a la de hace dos años: los juicios por causas de corrupción que están en curso comenzaron antes de la pandemia y aquellos expedientes voluminosos que implican a exfuncionarios kirchneristas o a la propia Cristina Kirchner ni siquiera están en la etapa de producción de prueba suplementaria. En algunos, como el caso Cuadernos, elevado a juicio hace más de dos años, no hay perspectivas de avance, y en Los Sauces y Hotesur -acaso los que más preocupan a la vicepresidenta- tampoco las hay en el corto plazo. Las miradas del poder, en todo caso, seguirán sobre la Cámara de Casación, donde la causa por el pacto con Irán podría tener un viraje, igual que los otros expedientes contra la vicepresidenta elevados a juicio.
Sin embargo, los tribunales de Comodoro Py parecen ir perdiendo centralidad. Hoy, dos de las investigaciones que más inquietan al poder tramitan fuera del edificio ubicado sobre Avenida Comodoro Py 2002.
Una está en los tribunales federales de San Isidro y es la que investiga las circunstancias del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la quinta de Olivos durante la cuarentena estricta en julio del año pasado. En ese expediente, que se disputan por estas horas la jueza Sandra Arroyo Salgado y el juez Lino Mirabelli, está imputado el presidente Alberto Fernández, igual que su pareja y las personas que participaron de los festejos.
El otro caso, que involucra al expresidente Mauricio Macri y tramita fuera de Comodoro Py, es el que investiga el presunto contrabando de municiones a Bolivia durante la crisis institucional que atravesaba el gobierno de Evo Morales hacia finales de 2019. El expediente quedó en manos del juez Alejandro Catania, que ya avanzó con una batería de medidas. El expresidente también tiene un foco de conflicto en los tribunales federales de Dolores, donde el juez Martín Bava lo citó a declarar por las presuntas actividades de espionaje ilegal contra familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
De los procesos orales que sí están en marcha en Comodoro Py, la causa Vialidad, en la que Cristina está acusada junto a una decena de exfuncionarios de su gobierno y el empresario Lázaro Báez; y el caso Oil Combustibles, que tiene como acusados a Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray, todavía no tienen un horizonte claro.
En este último expediente, el fiscal anticipó que pedirá condenas y está en la etapa de valoración de la prueba. Con el antecedente inmediato del fallo que volteó la causa por el pacto con Irán y que cuestionó la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial durante el gobierno de Macri, la causa Oil tiene algunos aspectos de forma similares: Mauricio Macri celebró cuando De Sousa y López fueron presos, y cuestionó públicamente a los jueces cuando los empresarios quedaron en libertad. En el último año, los tribunales buscaron dejar atrás la judicialización de la política. Una de las diferencias de este caso es que el delito investigado es defraudación al Estado, y no una decisión política. (La Nación)
