Según publica Clarín La causa investiga lavado de dinero a través de hoteles. Renunció un martillero que debía tasar propiedades. Asumió uno nuevo, pero hasta que no termine el informe no puede arrancar el juicio.
Por: Lucía Salinas
Hace tres años que el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) tiene a su cargo las causas contra Cristina Kirchner y sus hijos por lavado de dinero. El presidente del TOF es Daniel Obligado, que recientemente firmó el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa por la firma del Pacto con Irán y fue quien redujo en diez meses la condena de Amado Boudou por los cursos realizados en prisión, además de haber firmado su arresto domiciliario bajo el argumento de que tenía hijos pequeños. El juicio oral de los casos Hotesur y Los Sauces continúa sin fecha de inicio, y recientemente un cambio en la pericia ordenada retrasó la finalización de esta prueba fundamental.
El TOF 5 tiene hace tres años radicadas las investigaciones según la cuales se utilizaron las empresas Hotesur SA (dueña del hotel Alto Calafate) y Los Sauces SA (inmobiliaria) para el blanqueo de 130 millones de pesos, con la participación indispensable de Lázaro Báez y su conglomerado empresarial. Ya se estableció que el juicio por ambos expedientes se hará en conjunto.
El ofrecimiento de pruebas es un paso previo a que se ponga fecha definitiva de arranque del juicio. En Los Sauces esta etapa concluyó el año pasado. Pero durante el 2020 los jueces ordenaron realizar una pericia en Hotesur a pedido de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros acusados. Ese trabajo tuvo múltiples trabas, desde las propias suscitadas por el Covid-19 durante gran parte del 2020, ya que gran parte de la causa no se encontraba digitalizada y los peritos ni siquiera podían avanzar de manera online con el análisis del caso.
Hasta que ese informe pericial que analizará los contratos celebrados entre Báez -que administró los hoteles de los Kirchner hasta 2013- y Hotesur no termine, tampoco se podrá dar por concluida la etapa de ofrecimiento de pruebas.
Hasta que esa pericia no se concluya el Tribunal integrado por los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg no fijará fecha de inicio para el juicio. Aún falta, además, decidir a qué testigos aceptará en las audiencias orales. El fiscal Diego Velasco había sugerido que pasen por el estrado más de cien personas.
Recientemente, uno de los martilleros de las pericias responsable de analizar los valores de los contratos que celebraron Cristina Kirchner y Lázaro Báez, renunció a su cargo. Su reemplazante asumió el cargo hace diez días. En Comodoro Py aseguran que recién el año que viene podría concluirse la pericia.
La inmobiliaria de la familia Kirchner -valuada por los interventores judiciales en 953.281.600 pesos- siempre fue dueña de nueve propiedades. Nunca comercializó otros inmuebles. Hasta 2015 tuvo dos inquilinos, que al representar el 86% de la facturación, garantizaron ingresos por 25,6 millones de pesos: esa fue la suma que abonaron por los contratos de alquiler Lázaro Báez y Cristóbal López.
Sobre el análisis de los contratos celebrados y el movimiento de fondos de Los Sauces, se entregó un informe parcial que dio a conocer Clarín. Los peritos intervinientes fueron siete:, uno oficial -Abel Brito-, tres por la fiscalía -Aída Konig, Nicolás Scher y Magdalena Rúa- y otros tres de parte, Sergio Freidzon, Bibiana Paletta, José Luis Ganenceiran.
Antes de volcar sus conclusiones, por el momento parciales, los especialistas señalaron que “el alcance de las tareas ejecutadas a los fines de responder el presente cuestionario pericial contable se ha visto limitado”, por la falta de documentación completa de la inmobiliaria.
Pagos de alquileres sin respaldo documental, falta de fondos para adquirir algunas propiedades y registraciones contables inexactas son sólo algunas de las irregularidades detectadas por los peritos de la justicia.
En estas dos causas se investigaron los negocios familiares. Por un lado, en Hotesur -firma dedicada al rubro hotelero- se analizaron los negocios con Báez, responsable de administrar tres hoteles de la familia Kirchner. En el caso de Los Sauces, se planteó una estructura de lavado de activos a través de la simulación de alquileres de propiedades que administraba esa inmobiliaria familiar.
El delito se habría cometido con un mismo modus operandi: los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner beneficiaban a los empresarios K con negocios públicos y estos presuntamente les hacían retornos indebidos y millonarios a través de alquileres de viviendas (Los Sauces) o la contratación de habitaciones de hoteles (Hotesur).
En el caso de la inmobiliaria, se estimaron operaciones por encima de 30 millones de pesos, y con la empresa hotelera la justicia cree que se blanquearon unos 80 millones de pesos.
En la acusación, el fiscal Gerardo Pollicita remarcó: “desde la lógica de la imputación penal, ambas sociedades, Hotesur y Sauces, fueron adquiridas con idéntico fin: canalizar y reciclar fondos con apariencia de legalidad”.
Asimismo, estos dos expedientes quedaron vinculados a la defraudación en la obra pública a favor de Lázaro Báez. La Cámara Federal porteña indicó que la corrupción en dicho expediente es el delito precedente de las investigaciones por lavado de activos, es decir, que una porción del dinero que el empresario K percibió por parte del Estado se derivó a los alquileres de las empresas de los Kirchner y finalmente, al patrimonio de los ex Presidentes. (Clarín)
