Según publica La Nación Elena Highton deja el máximo tribunal el 1° de noviembre; regresan los acuerdos presenciales; Rosatti cumple un mes en la presidencia y no hay contactos con Alberto Fernández.
Por: Hernán Cappiello
La Corte Suprema de Justicia comienza una nueva etapa, con solo cuatro jueces en funciones, las relaciones con el Gobierno cortadas y con temas pendientes de resolución de alta sensibilidad política, como una docena de recursos de Cristina Kirchner contra las causas de corrupción que enfrenta en la Justicia Federal.
El próximo 1° de noviembre se cumplirá un mes desde que Horacio Rosatti asumió la presidencia de la Corte en reemplazo de Carlos Rosenkrantz y, desde ese día, en lo formal, Elena Highton de Nolasco dejará de ser jueza del máximo tribunal. La Corte quedara entonces con solo cuatro integrantes, como ya ocurrió en otras ocasiones. Y además retomará las reuniones presenciales de acuerdos semanales, los jueces cara a cara, con sus diferencias.
En la práctica, la jueza Elena Highton ya devolvió las causas que tenía en su poder y su vocalía se está desarmando, con la consiguiente inquietud entre experimentados secretarios y empleados. Algunos quedarán en la vocalía de otros jueces.
Una de las novedades que se advirtieron cuando regresaron los expedientes a las diversas secretarías es el retraso que existía en la gestión de algunas causas. Fuentes del máximo tribunal hablaron con LA NACION sobre un millar de expedientes devueltos sin resolver. En esta última semana se apurará la firma de las sentencias en las causas donde la jueza Highton de Nolasco ya votó y hay una mayoría, o es posible conformar una mayoría. No hay allí ningún caso de relevancia política que se firme antes de las elecciones del 14 de noviembre.
La partida de Highton obliga a la Corte a redoblar esfuerzos para encontrar consensos. Quedan en funciones los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La alianza Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda para erigir al primero en presidente y para gestionar el día a día de la administración de la Corte no se traduce en las sentencias.
Esto es porque los jueces tienen miradas diferentes sobre algunos asuntos del derecho y sobre determinados temas, por lo que es posible que se den casos en los que haya dos votos por un lado y dos votos por el otro, o que alguno de los jueces no vote y no haya mayorías. Por ejemplo, Rosenkrantz se excusa en todas las causas de antiguos clientes de su estudio. Esto implica que en algunas causas civiles o tributarias, por ejemplo, no vote. La van a extrañar a Highton, que supo acercar su voto para terminar de conformar alguna mayoría.
Si no hay mayoría con los otros tres jueces que queden, entonces se deberá convocar a conjueces para que desempaten. Se los sortea entre los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, incluida la de Casación.
En las cuestiones administrativas, la Corte en pleno resolvió meter mano en la Obra Social del Poder Judicial, multimillonaria caja con deficientes prestaciones y un sistema arcaico, que no tenía ni presupuesto ni un sistema informático de este siglo. Tiene ingresos por $13.000 millones y plazos fijos por $34.000 millones y US$4 millones. Designaron todos por unanimidad a Daniel Marchi, el administrador, como quien quedará a cargo, junto con un nuevo director, Mariano Althabe, y seis auditores,
Además de esta decisión unánime, Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda (o “el trío”, como los denominan ahora en la Corte) actúan en bloque en las otras cuestiones administrativas. Se reúnen, bosquejan proyectos, buscan acuerdos. Se estableció, por ejemplo, un orden para firmar estas resoluciones que pasa por esos tres jueces y luego llega a Lorenzetti, con la decisión acordada por la mayoría. Rosenkrantz, como vicepresidente, quedó a cargo de la firma de los cheques. Antes de cada rúbrica, previsor, quiere un informe detallado del origen del gasto y sus aprobaciones.
Lorenzetti, que aspiraba a volver a la presidencia, se quejó públicamente por la manera en que fue ungido Rosatti. Dijo que era moral y éticamente reprochable que se hubiera votado a sí mismo, publicó una carta que le envió a sus colegas para criticar este asunto y dio una serie de entrevistas en las que habló de operaciones de prensa en su contra. Cuestionó el mecanismo utilizado.
Sin embargo, en esas apariciones también dijo que esta crisis interna –tras la elección– se había superado. Ahora habla con más frecuencia que antes y esta semana dio una conferencia sobre “El rol del Poder Judicial en el siglo XXI”, organizada por publyca.org y convocada también por la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina (Ajufe). Asistieron numerosos jueces y fiscales federales. Hubo en el Zoom cerca de 50 asistentes, con encumbrados magistrados federales. Publyca.org es un sitio web impulsado desde el entorno de Lorenzetti, y Ajufe es la asociación de jueces federales que el Lorenzetti impulsó en su constitución. Preparan un evento ahora sobre la implementación del sistema acusatorio. Tienen su público y miran a futuro. A Lorenzetti, que parecía tener el apoyo del Gobierno, no le alcanzó para la presidencia. Tampoco logró el apoyo del establishment o el de sus pares, por lo que ahora se siente más libre de compromisos que nunca.
Desde su arribo a la presidencia de la Corte, Rosatti no tuvo contacto con Alberto Fernández. Ni una felicitación por su designación. Tampoco hubo ningún pedido de audiencia del ministro de Justicia, Martín Soria. Cuando Highton renunció y Clarín tituló que se alejaba la única jueza cercana al Gobierno, el Presidente ironizó por Twitter: “¿De quién son los otros votos?”. Fernández criticó con dureza a la Corte el último año y medio, impulsó un cambio en su funcionamiento a través de un consejo de expertos, y la vicepresidenta la fulminó por Twitter en más de una ocasión. Para Cristina Kirchner, la Corte es la responsable del “lawfare” y lo que entiende que es una política de persecución judicial por las causas de corrupción que se le siguen.
En ese sentido, la Corte tiene a estudio unos nueve recursos vinculados con el juicio oral que se le sigue a la vicepresidenta por la obra pública y otros cuestionamientos sobre los casos Hotesur y los Sauces y el caso más grave en su contra: el de los cuadernos de la corrupción.
La Corte no tiene previsto en este escenario electoral abordar ninguna de estas causas antes del 14 de noviembre. Sobre que hará en el futuro, ninguna de las fuentes habituales pudo aportar un dato certero. Aunque apuestan a que, tras los comicios y máxime si pierde el Gobierno, puede haber actividad. Los casos están activos y girando en diversas vocalías.
La actividad de Rosatti en la Corte desde su asunción pasó más por consolidar el frente interno del Poder Judicial. Mantuvo reuniones diarias con jueces de todo el país del ámbito federal, las asociaciones, incluso con la Junta Federal de Presidentes de Cámaras Federales y la Junta de Tribunales Orales Federales de todo el país.
Llevó tranquilidad en esas reuniones a los integrantes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que son los que se encargan de las pinchaduras telefónicas ordenadas por los jueces. Ratificó a los funcionarios que están al frente del organismo: Javier Leal de Ibarra, juez federal de la Cámara de Comodoro Rivadavia, y el director Ejecutivo, Juan Rodríguez Ponte, exsecretario del juez federal Ariel Lijo que concursó para ser juez federal en Lomas de Zamora, pero su pliego está entre los retirados por el Gobierno, a revisión.
Asimismo, el juez Fabián Asís de la Junta de Tribunales Orales Federales, junto a su colega Karina Perilli, se reunieron con Rosatti y destacaron su receptividad con el trabajo de los magistrados que desarrollaron los juicios en pandemia. También tomó nota de los problemas de subrogancias ante la falta de vacantes. Asimismo, Rosatti llevó tranquilidad a la Oficina de Violencia Doméstica y a la Oficina de la Mujer, que dependían de la jueza Highton. (La Nación)
