INGRESÓ EL ACUERDO DE PRÓRROGA DE ÁREAS HIDROCARBURÍFERAS DE SINOPEC Y HUBO CRÍTICAS DE ALGUNOS DIPUTADOS DEL FRENTE DE TODOS

En la última sesión ordinaria del año en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, ayer jueves ingresó el acuerdo de prórroga de concesión de las áreas hidrocarburíferas que tiene Sinopec Argentina -cuyos activos compró la empresa CGC este año – en la provincia y ya produjo cuestionamientos desde el propio kirchnerismo en la legislatura junto a la bancada de SER y Nueva Santa Cruz.

El proyecto incluye el acuerdo de prórroga por 15 áreas hidrocarburíferas ubicadas en el norte de la provincia y, el acuerdo transaccional que firmó CGC con la Fiscalía de Estado “con el objeto de finalizar de manera permanente las diferencias y reclamos que dieran lugar a los procesos sumarial y arbitral oportunamente iniciados”.

Es decir, se acuerda finalizar con el sumario que inició la provincia sobre el incumplimiento de la empresa concesionaria en algunas áreas -y el diferendo judicial de por medio- a cambio de las promesas de inversiones y extensión de la concesión de las 15 áreas hidrocarburíferas que posee actualmente la compañía.

El diputado Hernán Elorrieta (SER- Frente de Todos) objetó la iniciativa que pretende ratificar el acuerdo firmado el miércoles 17 entre el gobierno de Alicia Kirchner y la empresa CGC.

El legislador de Las Heras criticó que el proyecto sólo se gire a la comisión de Asuntos Constitucionales y no a Energía, aunque se estila que este tipo de acuerdos firmados por el Poder Ejecutivo sea girado a una única comisión.

Sin embargo, fue la diputada kirchnerista Liliana Toro (Frente de Todos – Caleta Olivia) quien pidió que haya un plenario de comisiones para que se gire a Energía y Recursos Naturales.

Allí tomó la palabra el diputado FdT, José Luis Garrido quien argumentó que el proyecto 705/2021 “toca los intereses de toda Santa Cruz, tratarlo en un plenario de comisiones es importante. No invitaron al presidente de la comisión de Hidrocarburos (Elorrieta), algunos diputados participaron y lo dejaron afuera a un hombre de la industria que tiene mayor conocimiento, se debería haber tenido en cuenta eso. Ahora que nos consideran oposición y nos sacan de las comisiones tendremos la posibilidad de participar en un plenario”.

“Cada uno deberá dar las explicaciones después ante su comunidad” dijo Garrido.

Quien le respondió fue el camporista Martín Chávez quien sostuvo que “recibirá tratamiento en comisiones y en el recinto” y consideró que las críticas “tienen que ver más con cuestiones de política partidaria, como lo fue el ibuprofeno inhalado o en el proceso electoral con cuestiones que estaban vinculadas con el Poder Judicial. No existe ninguna objeción, si tengo en claro que en estos dos años que restan muchos temas que no tienen que ver con la legislatura tendrán tratamiento”.

Carlos Santi recogió la crítica de Garrido y aseguró que “no participé de ninguna reunión, pero si tendríamos que haber opinado del borrador. Me enteré del acuerdo a través de la red (de informática de la legislatura)”.

Quien le respondió a Chávez fue Toro quien sostuvo que “esto no es una cuestión partidaria sino de intereses de los pueblos y de la zona norte, hay muchas situaciones socioeconómicas que están en juego y no vamos a permitir que suceda de ninguna manera lo que paso con Sinopec”.

Allí, Miguel Farías (FdT/SER – Pico Truncado) dijo que “esto no es un tema ordinario porque se habla de la soberanía del manejo de los recursos naturales y la soberanía energética es una política importante para la provincia. Tiene que ser un tema muy amplio. Debe darse la participación de los diputados y otros actores que tienen participación en esta temática en el trabajo en las comisiones”.

Farías pidió que también se gire a la comisión de Trabajo porque “hablamos de empleo, el mantenimiento de las fuentes laborales, de extender un contrato por 10 años y sumado a los años que falta para el vencimiento del actual”.

Si bien la prórroga no estaba en tratamiento, Chávez insistió que “estará la defensa de intereses en este Poder Legislativo, nos estamos expresando. Pueden participar todas las bancadas en la comisión de acuerdos. Se va a escuchar y someter a este régimen de mayorías que tiene el parlamento”.

Allí Elorrieta recordó que con Sinopec se acordó la extensión de las concesiones en el gobierno de Daniel Peralta y “se aprobó un acuerdo sin analizarlas y nos paso lo que nos pasó. Ahora tuvimos reuniones con (Matías) Kalmus – presidente del Instituto de Energía (IESC) – y no paso nada de esto, no se analizó nada. Este acuerdo puede ser muy perjudicial para Santa Cruz”.

La intervención más fuerte desde el oficialismo fue del presidente de la bancada del Frente de Todos, Matías Mazú quien aseguró que “este acuerdo no es el definitivo. Nace de los 180 días que le dimos al Poder Ejecutivo para que trabaje en una nueva ley de concesiones, pero esto no se dio y hubo diputados que participamos en el área de producción para avanzar”.

“No se si está cerrado, me preocupa, hay verdades relativas. Pero participamos en una primera charla en función de todos los acuerdos, más allá de las diferencias políticas y sectoriales tuvimos una agenda importante con respecto a los hidrocarburos. El Estado no puede estar en indefensión” acotó Mazú al tiempo que detalló que “hubo mala fe del presidente del IESC, tuvo que haber mantenido reuniones con intendentes, diputados y hay cosas que debe clarificar”.

“Hay funcionarios -señaló Mazú – que no cumplieron con lo que tiene que hacer, que trabajemos con los intendentes, con el Ejecutivo y que saquemos la mejor propuesta para los santacruceños”.

Garrido retomó la palabra: “escuché al presidente del Frente de Todos que no estuvo atinado el presidente del Instituto de Energía porque no se tuvo en cuenta una resolución que tuvo el plenario de la legislatura y ahora pretenden aprobarlo a libro cerrado una medida que adoptó el gobierno, no se tuvo en cuenta la palabra del Poder Legislativo”.

El diputado recordó el trabajo conjunto que realizaron las bancadas legislativas el año pasado con la declaración de la emergencia hidrocarburífera en zona norte y las recomendaciones hacia el Ejecutivo para trabajar en una nueva ley de prórrogas de concesiones hidrocarburíferas, pero que el gobierno de Alicia Kirchner no avanzó.

La diputada Toro insistió en que “los diputados de zona norte tenemos que tener voz y voto en el despacho de comisión respecto a esto. Tengo varias observaciones, no es definitivo este acuerdo porque no fuimos consultados los diputados, pretendemos trabajar en esos términos. No podemos aceptar un acuerdo a libro cerrado en el que no participamos. No fueron consultadas las máximas autoridades de nuestra localidad” como el intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo.

En tanto, el presidente del bloque Nueva Santa Cruz, Daniel Roquel dijo que “hay temas trascendentales como este que lo debemos discutir, con Sinopec sabemos quien lo hizo el acuerdo anterior. Hoy hay un pasivo ambiental que dejó Sinopec pero quién lo pagará. Esto involucra a todos los santacruceños porque los recursos son de todos. Tenemos que defender los intereses de los santacruceños y no de las empresas”.

“El ataque al presidente del IESC salió del presidente de la bancada del Frente de Todos. Lo que hay que decir es que esto se firma o no, y el Ejecutivo lo envía a la legislatura. No creo que la gobernadora no esté al tanto de esta firma. Se aprueba o no” dijo el legislador radical para quien “necesitamos un plenario de comisiones porque el presupuesto también se vera afectado. Al presidente del Instituto de Energía hay alguien que lo nombra y esa la gobernadora”.

Para Garrido “se juega en este acuerdo mas del 25 por ciento del presupuesto provincial”.

El acuerdo que llegó a Diputados rodeado de críticas fue firmado por el presidente del Instituto de Energía, Matías Kalmus y el representante de CGC, Eduardo Eurnekian.

En la nota de elevación que firma Alicia Kirchner señala que “en virtud del cambio de control de Sinopec Caimán y su sucursal Sinopec Argentina, y considerando los antecedentes y el desempeño de CGC como operador en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, a propuesta de dicha firma se iniciaron tratativas para revertir el declino de producción de las Concesiones de Explotación y comenzar a restablecer –en forma paulatina y creciente- el nivel de actividad existente en las mismas, teniendo en cuenta además que la Concesionaria es titular del cien por ciento (100%) de los derechos y obligaciones derivados de las Concesiones de Explotación”.

Señala que las áreas técnicas pertinentes “han evaluado la necesidad de cumplir con el objetivo estratégico provincial de revertir el declino de producción en la Cuenca San Jorge y comenzar a restablecer el nivel de actividad en las áreas hidrocarburíferas ubicadas en dicha cuenca a través de esquemas que incentiven la incorporación de reservas y un aumento de la producción”. 

A su vez, sostiene que “no se puede perder de vista que las inversiones de la firma posibilitarán el sostenimiento de fuentes de trabajo perdurables, el desarrollo de empresas locales y regionales de obras y servicios, así como el incremento en los ingresos fiscales, como también favorece el desarrollo integral y racional de sus recursos hidrocarburíferos todo en el marco de las políticas federales en materia de hidrocarburos previstas en la Ley Nacional, lo cual redundará en un beneficio para la Provincia”.

Allí, la gobernadora rubrica que la prórroga por 10 años de las concesiones que tiene CGC busca generar “nuevos desarrollos de los petróleos típicos de la cuenca, y la evaluación de recursos de petróleos extrapesados, livianos-profundos, como también de gas asociado y seco, lo que en términos de reservorios, abarca tanto los someros como los profundos, desde los convencionales de la cuenca, a los No Convencionales de baja permeabilidad  y “shale” que necesitan ser explorados y estudiados para evaluar potenciales desarrollos”.

“Aprobar en esta instancia la prórroga del plazo de la Concesión se presenta como una medida idónea a los intereses de todos los santacruceños, incluso de las generaciones futuras, teniendo en consideración además todos los aspectos relativos al respeto y cuidado del medio ambiente” argumenta.

Otros temas

En la 15° sesión ordinaria ingresó el proyecto de presupuesto provincial 2022 que prevé gastos totales por más de 199.887 millones de pesos y recursos totales por poco más de 202.371 millones de pesos.

El presupuesto estimado para el año próximo será superavitario -luego de dos ejercicios con presupuesto con balances financieros negativos- en más de 2.484 millones de pesos según las previsiones del Ministerio de Economía que conduce Ignacio Perincioli.

El proyecto se giró a la comisión de Presupuesto y Hacienda y se prevé que tendrá un tratamiento en extraordinarias.

En la sesión de este jueves también se sancionaron un conjunto de leyes como la modificación a la Ley Impositiva y el Código  Fiscal.  

A su vez se aprobó un proyecto de ley que modifica la ley N° 3.628 sobre “Incompatibilidades para el Ejercicio de la Profesión de Abogado” y desde su promulgación no afectará a quienes ocupen una concejalía en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)