El escandaloso divorcio de Lázaro Báez quedó vinculado a la causa que lo investiga por lavado de dinero

Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro Báez - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Según publica Clarín La denuncia de su ex mujer contra la abogada del contratista por la división de bienes fue remitida al juzgado federal de Sebastián Casanello.

Por: Lucía Salinas

La Cámara del fuero de instrucción dijo que la denuncia de Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro Báez, guarda relación con una causa por lavado que se encuentra en Comodoro Py. Bajo la lupa está la fortuna de Báez, y ahora se investiga si hubo perjuicio en el acuerdo de división de bienes que incluyó 85 propiedades por 1.600 millones de pesos y la participación en 21 empresas.

La causa ingresó a Comodoro Py hace una semana, tiene como denunciante a Calismonte, y entre los denunciados figuran Lázaro Báez, su abogada Elisabeth Gasaro y el hermano de ella, Sergio. Los delitos por los que se radicó la denuncia son: defraudación por administración fraudulenta, defraudación por desbaratamiento y asociación ilícita.

Repasemos: bajo el patrocinio del abogado Sebastián Nanini, Calismonte sostuvo que era una “damnificada directa” del accionar de Gasaro, al que calificó de “irregular”. La presentación judicial sostiene que no actuó en soledad, sino como parte de una estructura que tenía como finalidad “delinquir”.

Cuando tuvo que especificar a qué respondía ese “accionar delictivo” sostuvo que la finalidad era “desapoderarme de mi patrimonio”.

La mujer reclama una porción de los 1.412 bienes muebles e inmuebles que la justicia le encontró a Lázaro Báez, distribuidos en ocho provincias y valuados a 2016, en 205 millones de dólares.

En este punto, se consignó que el patrimonio “directamente afectado se encuentra conformado por el acervo conyugal del matrimonio que mantuve con el señor Lázaro Báez”.

La causa inicialmente estuvo radicada en el fuero de instrucción, pero la Cámara de dicha instancia determinó que debía vincularse con el manejo de los bienes de Báez que se investiga en Comodoro Py, y fue así que el contratista K terminó también dentro de los denunciados.

Cuando se radicó la denuncia, Lázaro Báez y Norma Calismonte habían firmado un acuerdo de división de bienes que dio a conocer Clarín. El mismo se encuentra en el juzgado de Familia N° 1 de Río Gallegos, a cargo de Antonio Andrade. Allí se detalló el reparto de 85 propiedades, por un valor (según la valuación de 2016) de 1.609.986.400 pesos. También acordaron dividir la participación accionaria en 21 empresas.

En su cláusula quinta se detalló que esos inmuebles, la totalidad registrados a nombre de Báez y que pertenecen a la sociedad conyugal, se van a distribuir: un 50% para Norma Calismonte y el restante porcentaje para el empresario K. Pero no serán los dueños.

Una vez que la división se efectúe, acordaron que de forma conjunta van a consolidar en ese momento una oferta de donación en partes iguales para sus cuatro hijos. El usufructo, en partes iguales, lo van a conservar Norma Calismonte y Lázaro Báez.

Cuando sólo restaba homologar ese acuerdo, Calismonte consideró que podría verse perjudicada y las sospechas apuntaron contra la abogada de Báez.

El juez Sebastián Casanello tiene ahora la denuncia de Calismonte, porque el fuero de instrucción invocó la causa conocida como M&P donde el empresario K junto a sus hijos mayores, Luciana y Martín, fueron enviados a juicio oral por lavado de activos.

En esta investigación se reconstruyó otra ruta del dinero: una estructura financiera con empresas que cumplirían la función de “cuevas”. Receptoras de dinero que provendría de negocios con Austral Construcciones, después realizaban depósitos en una cuenta de M&P, propiedad de los dos hijos mayores de Báez, evadiendo cualquier control fiscal.

Pero no hay que olvidar que el juzgado tiene en trámite otra causa centrada en el patrimonio de Báez, donde se busca determinar si los bienes que adquirió el contratista K son producto de un ilícito y si actuó como testaferro de los ex presidentes Cristina y Néstor Kirchner.

Se abrió la pesquisa para determinar las operaciones “de adquisición de bienes en el país mediante sociedades del Grupo Báez” como también a título personal. Durante la instrucción de la Ruta del dinero K se detectaron “numerosas exteriorizaciones patrimoniales en el país por parte del Grupo Austral y sus integrantes”.

Parte de ese patrimonio que sigue bajo sospecha es el que Norma Calismonte reclama en la división de bienes para concluir un divorcio que se firmó en noviembre de 2015. Sucede que es la misma fortuna que se determinó que fue adquirida con dinero de origen ilícito y aún se investiga. (Clarín)

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