Según publica Clarín Mientras el ministro de Justicia embistió contra la Corte, el Gobierno mandó un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura que no le da la presidencia de la Corte al titular del organismo.
Por: Daniel Santoro
El furibundo ataque del ministro de Justicia, Martín Soria, a la Corte y el proyecto de apuro del gobierno de reformar ahora el Consejo de la Magistratura encubren objetivos de Cristina Kirchner de corto y largo plazo.
Para estas semanas, la vicepresidenta no quiere que el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se quede eventualmente también con la titularidad del Consejo de la Magistratura, como estipulaba la vieja ley antes de su reforma de 2006.
En el 2005 Rosatti renunció como ministro de Justicia de Néstor Kirchner por negarse a firmar contratos con sobreprecios para construir cárceles. La renuncia le costó una durísima pelea con el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
No es solo una cuestión de poder político. La Magistratura tiene un presupuesto cinco veces mayor al de la Corte y Rosatti lo primero que haría, dicen los políticos que lo conocen, es empezar a revisar cuentas, contratos y “kioscos” en el organismo.
En el 2006, Cristina como senadora redujo la cantidad de miembros de la Magistratura de 20 a 13. Ahora el proyecto oficial contempla aumentar de 13 a 17 los integrantes lo que les daría más influencia a los jueces, abogados y académicos en detrimento de los diputados y senadores. Pero en forma llamativa no contempla a un representante de la Corte, que es la cabeza del poder judicial.
Ante el ataque de Soria, la Corte optó por el silencio como una forma de ningunearlo y sigue con su agenda de temas de aquí hasta el fin de año, sobre todo, el debate sobre la inconstitucionalidad de la reforma de 2006 del Consejo de la Magistratura.
La misma tarde de la reunión de solo 30 minutos, Rosatti habló en la universidad Austral y se refirió a los valores y principios democráticos, sin contestar los agravios. Unas horas antes, había firmado el fallo que ordenó al gobierno a pagarle 86 mil millones de pesos a la provincia de Santa Fe en concepto de retenciones mal hechas de la ANSES y la AFIP.
En cambio, Soria –un “mandadero” de Cristina como lo definió el diputado radical Mario Negri- siguió con su ofensiva y afirmó ayer que existe “una politización de los tiempos procesales de la Corte” y consideró al máximo tribunal como “un actor político”.
Nadie sabe si la Corte sólo aceptaría el reclamo del colegio de abogados de la CABA, que preside Alberto Garay y tiene el respaldo de una cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo o, también, le daría tiempo al Congreso para que sancione una nueva ley siguiendo parámetros constitucionales.
El diputado de Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, estimó que un nuevo consejo recién podría estar en funcionamiento en noviembre del año próximo, lo que conspira con el apremio de Cristina Kirchner de seguir nombrando más jueces adictos.
Gerónimo Ustarroz, representante del gobierno y hermano de crianza del ministro del Interior, Wado de Pedro, en alianza con el presidente de la Magistratura y representante de la academia, Diego Molea, aprietan el acelerador por las ternas de candidatos a jueces a la estratégica Cámara Federal porteña.
El año pasado en la carta pública en que Cristina atacó uno por uno a los ministros, habló de un golpe económico contra el gobierno del Frente de Todos si se aprobaba ese fallo sobre el reclamo de Santa Fe. La Corte ahora tiene en “parrilla” a una queja por la reducción de millonarios fondos coparticipables que hizo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Mientras, mañana la mayoría K de la Magistratura intentará votar dos ternas de candidatos para dos cargos en la estratégica cámara federal porteña que la vicepresidenta quiere -en forma obsesiva- controlar.
A largo plazo, la ofensiva de Cristina busca que el máximo tribunal decida a su favor o por lo menos no rechace sin fundamentar los 17 recursos que presentó contra causas como los Cuadernos de las Coimas basándose en el artículo 280 del código procesal penal.
Además, los tres juicios que logró anular –Dólar Futuro, Pacto con Irán y Los Sauces- también tendrán a la Corte como instancia final de apelación. Y ahora apunta contra la causa Vialidad y la Ruta del Dinero K, juicios por los cuales elevó quejas a la Corte. Ese artículo 280 permite a la Corte rechazar pedidos sin fundamentar y su uso irrita al kirchnerismo.
La Corte lo usó el año pasado al confirmar la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Ciccone y otras causas por corrupción K. El “ejército” de abogados de Cristina se quejó por el uso de ese 280 e imaginó ampliar el número de miembros de la Corte o crear un tribunal intermedio por encima de la Cámara de Casación, entre otras formas de tratar de licuar del poder del máximo tribunal.
En el discurso de Soria se confirmó que el objetivo máximo de Cristina era ampliar el número de miembros del tribunal para tratar de controlarlo a través de jueces amigos.
Pero las elecciones legislativas la dejaron sin quórum propio en el Senado y lejos de tener mayoría en Diputados. Y ahora sabe, también, que sus tiempos políticos se acortan. (Clarín)
