Según publica Clarín Los operadores judiciales de todo el espectro oficialista ven en el fallo sobre el Consejo de la Magistratura motivaciones políticas.
Por: Guido Carelli Lynch
La Corte Suprema borró al menos por un día las diferencias internas en el oficialismo. En la Casa Rosada, en el Congreso y en el Instituto Patria calificaron como “un mamarracho” y “vergonzoso” el fallo del máximo Tribunal que declaró inconstitucional la ley de 2006 que regulaba la composición del Consejo de la Magistratura. En el Frente de Todos hay coincidencia en que los supremos, con sus últimas sentencias, están operando políticamente contra el Gobierno.
No fue una sorpresa. Hace semanas que en el Ejecutivo esperaban un fallo adverso. El presidente Alberto Fernández estuvo reunido durante buena parte de la tarde del jueves con el ministro de Justicia Martín Soria. En público, ningún funcionario del Ejecutivo hizo declaraciones. En privado, cargaron sin matices contra la Corte. El mandatario dejó la Rosada para dirigirse al Congreso nacional del PJ.
Cerca del Presidente hay preocupación por fallos sensibles que el Tribunal tiene en carpeta, como la demanda de la Ciudad por la quita de la coparticipación en 2020 (que en el Gobierno dan por perdida) o en otras causas por corrupción que afectan directamente a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. El antecedente de un sentencia en contra más reciente hasta este jueves databa de la semana pasada cuando el Tribunal obligó a la Nación a devolverle a Santa Fe de $86 mil millones que la provincia reclamaba por retención indebida de la coparticipación.
“Todo lo que haga la Corte es preocupante porque tienen una clara intencionalidad política y un alejamiento del derecho”, dijo un estrecho colaborador del jefe de Estado, con despacho en Balcarce 50.
La respuesta del Presidente al fallo fue anticipada y revestida de un marco institucional. “Resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte”, dijo Fernández durante la reunión del Consejo Económico y Social. La portavoz presidencial Gabriela Cerruti lo ratificó en conferencia de prensa, minutos antes de que se conociera el fallo.
Los asesores del mandatario en materia judicial no imaginan una discusión de fondo en lo inmediato: la reforma judicial y el nombramiento del procurador están congelados en el Congreso, donde el oficialismo perdió la mayoría en la Cámara Alta. Para completar la vacante, más urgente, tras el retiro de Elena Highton piensan en una mujer, aunque tampoco tienen apoyos suficientes para imponer ningún nombre.
Las espadas judiciales del kirchnerismo son todavía más lapidarias a la hora de referirse al fallo. Ven en la decisión del Tribunal una intencionalidad política y económica. “La Corte busca condicionar al Gobierno y quiere seguir sumándole debilidad política desde sus fallos. El otro objetivo es recapturar la caja del Consejo de la Magistratura que perdió hace 15 años cuando se sancionó la ley actual”, señaló un dirigente con llegada a Máximo y Cristina Kirchner. El monto previsto en el Presupuesto que se trata en el Congreso para el Consejo en 2022 es de $152 mil millones.
Además de las consideraciones políticas, en el Gobierno califican el fallo como “vergonzoso”, porque recuerdan que la Corte declaró válida la ley con dos fallos hace 4 años. Subrayaron una de las disidencias parciales que marcó en el fallo Ricardo Lorenzetti, que afirmó que la Corte no puede poner en vigencia una ley derogada. “Se están pasando de la raya”, señalaron en el bloque de diputados oficialistas del Congreso.
Operadores judiciales en el Palacio Legislativo auguran “desorden institucional” para los próximos 120 días. “En el Consejo no se ponen de acuerdo para elegir un juez, cómo se van a poner de acuerdo para elegir los 7 miembros que están faltando”, se preguntan. También apuntaron contra la oposición, al asegurar que es casi imposible que el Congreso sancione una nueva ley dentro del marco temporal establecido por el tribunal. “A la oposición le conviene este estado de cosas”, destacó, resignado un operador del Gobierno en la Justicia. (Clarín)
