Según publica La Nación Restan dos acuerdos de jueces y se preparan fallos ligados a intendentes bonaerenses; circulan recursos de Cristina Kirchner pero no verían la luz en breve; una agenda judicial molesta para el Gobierno.
Por: Hernán Cappiello
A pesar de la inminencia de las fiestas por la Navidad y el Año Nuevo, la Corte Suprema de Justicia no bajó la persiana. En su agenda de acá a fin de año tiene previsto realizar dos acuerdos donde los magistrados evalúan resolver expedientes, algunos de alto impacto político, en sintonía con una agenda judicial incómoda para el Gobierno, que ganó en intensidad en las últimas semanas.
Tras la sentencia que descalificó por inconstitucional la ley que regula el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, ideada en 2006 por Cristina Kirchner, los jueces de la Cote se reunirán en persona el martes próximo y de manera virtual el 28 de diciembre, a raíz de los viajes de algunos de los magistrados.
El temario de esos acuerdos es un secreto, aunque los casos que se firmarán antes de fin de año ya terminaron de circular entre los ministros y se conocerán las sentencias que tengan al menos tres firmas. Una de ellas impacta en el corazón de la política bonaerense, dijo una fuente de la política que está pendiente de una definición. Se refiere a una sentencia donde la Corte va a establecer un punto de vista sobre la reelección indefinida de los intendentes.
Hay un avance de los intendentes bonaerenses para dar marcha atrás con una reforma que impulsaron en 2016 María Eugenia Vidal y Sergio Massa, que prohíbe la reelección indefinida de los intendentes. Por imperio de esa ley, unos 90 jefes comunales no podrán aspirar a un nuevo mandato en 2023. De ahí que busquen modificar el artículo 3 de la ley orgánica de las municipalidades, que establece un máximo de dos períodos consecutivos para los intendentes.
Los jefes comunales ya consiguieron un precedente: una cautelar, firmada por un juez contencioso administrativo provincial de San Martín, que ante el planteo de una concejal suspende el artículo 7° de la ley que impulsaron Vidal y Massa: es el que establece que el mandato vigente cuando se sancionó la ley, el iniciado por los intendentes en 2015, debía ser considerado como el primero de los dos posibles. Los intendentes afirman que la norma, sancionada en 2016, tuvo un efecto retroactivo, que afectó sus derechos (a la reelección). Ahora la Corte, en otra causa, podría colateralmente dar su punto de vista sobre este asunto.
Asimismo, en algunas vocalías comenzaron a circular algunos de los recursos que Cristina Kirchner planteó en la Corte en algunas de las causas que enfrenta. No se resolverían ahora, sino el año próximo. Como ya hicieron en los casos del exministro Julio de Vido, por ejemplo, que recurrió ante la Corte cada negativa que obtenía en primera instancia, en la Cámara Federal y en Casación, es probable que en estos casos rechacen esos recursos sin más trámite, considerando que no se está frente a una sentencia definitiva o equiparable. Nada sustancial ni que se pronuncie sobre el fondo del planteo de la vicepresidenta, pero lo suficientemente claro como mensaje.
Por otro lado, en el temario de causas políticas de la Corte ya tuvo corto recorrido el recurso que concedió parcialmente la Cámara Nacional de Apelaciones a Fernando Gray, vicepresidente del PJ bonaerense, cuestionando la elección de Máximo Kirchner al frente del partido El caso está en la Procuración General de la Nación para que dictamine y dé su opinión antes de una resolución de la Corte. Tras ser aclamado ayer en San Vicente, Máximo Kirchner asumirá formalmente este martes, luego de que venza el mandato actual.
La disputa se originó cuando el líder de La Cámpora y presidente del bloque de Diputados del Frente de Todos manifestó su aspiración de liderar el partido. Para este propósito consiguió que renuncie toda la cúpula para convocar a elecciones y el único que se opuso fue Gray, intendente de Esteban Echeverría. En tribunales no son muy optimistas ante el reclamo de Gray.
Otro caso de alto impacto político es el que tiene como protagonista a Milagro Sala, causa que está también en la Procuración General de la Nación para dictaminar y que casi seguro no verá la luz antes de fin de año.
En el arco político analiza que hay una radicalización de la Corte frente al Gobierno, con fallos como el que declaró inválido el Consejo de la Magistratura o el que ejecutó la sentencia que ordena al Estado nacional a pagarle a la provincia de Santa Fe $86.000 millones por la quita de la coparticipación federal, en dos causas que, aunque fueron resueltas en 2015, el pago nunca se efectivizó.
Ambas noticias se conocieron luego de que el ministro de Justicia, Martín Soria, visitó a la Corte y al salir de la reunión con los jueces del máximo tribunal expuso sonoras críticas a la Justicia. A esta reacción de Soria se sumaron las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que amenazó la semana pasada con reformar el mecanismo de funcionamiento de la Corte y su integración.
En la Corte no dejan de ver que estas expresiones provienen de un gobierno que perdió las elecciones y que ya no tiene poder de fuego en el Congreso. En tribunales la única respuesta es un gesto: alzan las cejas e inclinan la cabeza, como diciendo que son solo bravuconadas. “Se les va a complicar hacer esos cambios”, murmuran, no sin ironía.
El Gobierno acusó recibo del fallo de la semana pasada, que ordena modificar la ley del Consejo de la Magistratura antes de 120 días hábiles o llamar a elecciones para volver a la vieja ley que preveía un Consejo de 20 miembros, presidido por el titular de la Corte.
“Este fallo es un antes y un después para el país, no solo para el Gobierno”, reaccionó el ministro Soria. “Pasamos a tener una Corte que está atentando contra la seguridad jurídica”, agregó, y denunció que “la Corte se está arrogando funciones que no le son propias, son funciones legislativas” y que de este modo “eliminó de un plumazo la división de poderes”. El viceministro de Justicia, Martín Mena, en el mismo sentido, sostuvo que “la Corte dice que está por encima de todos los poderes y eso es inadmisible”.
La disyuntiva en estos 120 días pasa por aprobar una nueva ley o por instalar el viejo Consejo de 20 miembros. En la oposición interpretan que es más sencillo volver al viejo Consejo que acordar una nueva ley, con este clima político que se vive en el Congreso y tras el fracaso para aprobar el presupuesto 2022. Para adecuar el Consejo actual de 13 miembros al viejo de 20 sería necesario llamar a elecciones de jueces nacionales, de abogados de la Capital, de abogados del interior, de un académico y designar a un representante de las segundas minorías políticas del Senado y de Diputados. Todo esto es más fácil de consensuar que una ley que necesita no solo acuerdos políticos sino de las corporaciones de jueces y abogados, evalúan los opositores.
Contrariamente a la idea de una Corte que le muestra los colmillos al Gobierno, en el máximo tribunal prefieren señalar que están siguiendo una agenda para poner en orden cuestiones jurídicas pendientes, estableciendo criterios jurídicos ante problemas que se daban en la aplicación de la ley, y que no están pendientes de devolver con sentencias los ataques mediáticos. En ese marco de asuntos pendientes a ordenar pusieron el fallo del Consejo de la Magistratura, que ya llevaba en estudio cinco años. Insisten en que esa sentencia no en una respuesta a la política.
Aunque es cierto que la Corte tiene causas en su agenda que pueden alarmar al Gobierno a futuro, como el caso por la discusión por los fondos coparticipables que la Nación le quitó a la ciudad de Buenos Aires. Ese y otros serán asuntos de esta Corte recargada en 2022. (La Nación)
