Por mayoría, el kirchnerismo aprobó el acuerdo de prórroga con CGC y el presupuesto provincial 2022. Éste último fue considerado “un dibujo” donde el principal objeto ausente es la consideración de la actualización salarial del sector público.
El presupuesto prevé en términos de recursos, un 44% provendrá de origen nacional y un 56% de origen provincial (regalías y tributos que recauda la ASIP) y prevé un superávit de 2.484 millones de pesos.
En el presupuesto provincial no están contamplado aumentos salariales y el gobierno habla de “compensación”, en vez de establecer un mecanismo claro y transparente de actualización salariales.
Los sindicatos estatales, especialmente ATE, UPCN y APAP brillaron por su ausencia en la sesión donde de alguna manera de trazó el destino de los salarios en el año 2022. De la misma forma en que se han manejado años anteriores, los gremios manejados por el gobierno provincial, actúan como un ministerio más de la provincia y no como organizaciones defensoras del derecho de sus afilliados y especialmente de los salarios estatales.
No debemos olvidar que el promedio de los sueldos estatal de Santa Cruz, está por debajo de la línea de pobreza y el gobierno manipula con gran facilidad la decisión gremial, debido a la comunidad de intereses que existen entre ambos sectores, al punto que las “paritarias” en Santa Cruz han desaparecido como tales y se han constituído en un mero trámite formal donde solo queda expresada la voluntad de la gobernadora Alicia Kirchner.
Los legisladores aprobaron por mayoría el presupuesto del Poder Legislativo y el Presupuesto General de la provincia 2022.
Al comienzo del debate, el diputado Ruiz pidió que el proyecto retorne a comisiones porque “el presupuesto nacional 2022 fue rechazado. No tiene bases en los cuales diseñar los recursos públicos y la prioridad de gastos, no se pueden estimar los ingresos”.
Desde el kirchnerismo, Chávez dijo que “el presupuesto son estimaciones de ingresos y egresos. Tuvimos la desagradable noticia que se rechazó el presupuesto a nivel nacional, que es el programa político de un gobierno elegido por el pueblo”.
“El presupuesto provincial tuvo tratamiento en comisiones, al igual que el acuerdo con CGC una cosa son las posturas mediáticas y otra el tratamiento en comisiones. Contempla obras, es un proyecto que viene a buscar la reconstrucción de la provincia después de la pandemia” añadió el legislador oficialista.
El cálculo de recursos y gastos para el próximo año que presentó la administración de Alicia Kirchner se basa, por la ley de Responsabilidad Fiscal, en las metas macrofiscales que presentó el gobierno nacional en el presupuesto 2022: un incremento del PBI del 4%, un dólar oficial a 131,1 pesos y, una inflación anual del 33%.
El proyecto contempla gastos totales por más de 199.887 millones de pesos, un 64,7% más que en 2021, mientras que los recursos se estiman en más de 202.371 millones de pesos, un 67,7% superior al previsto para este año.
A su turno, Roquel dijo que “no somos una escribanía” y criticó que el presupuesto nacional “es un mamarracho no un dibujo. Se contemplan obras presupuestadas en años anteriores”.
Respecto al proyecto de presupuesto provincial dijo que “es una irresponsabilidad, no se contempla la construcción de escuelas ni jardines. No compartimos la mirada política de las necesidades para Santa Cruz”.
Por su parte, la diputada Nadia Ricci (UCR) dijo que “este presupuesto no presenta pauta salarial acorde a la inflación. Es superavitario a costa de los trabajadores y de la salud, no lo acompaño”.
Mazú pidió la palabra y sostuvo que “desde el peronismo nunca dejamos a un gobierno sin presupuesto. Tuvimos al ministro de economía en dos oportunidades. No podemos dejar a un gobierno sin presupuesto porque hay un andamiaje burocrático para controlar las cosas”.
El proyecto de ley fue aprobado por mayoría del oficialismo y lo acompañaron diputados del SER como Hernán Elorrieta.
Acuerdo de prórroga con CGC
En la 18° sesión ordinaria del año, el oficialismo santacruceño logró aprobar el controvertido acuerdo de prórroga de las concesiones petroleras de la ex Sinopec, cuyos activos en Santa Cruz pasaron a la empresa argentina CGC, y obtuvo los votos necesarios para el presupuesto provincial 2022.
La legislatura provincial cerró así el año en una sesión que se extendió hasta las 17 horas de este jueves y donde hubo un extenso debate por la prórroga en las áreas hidrocarburíferas que ahora controla CGC en el norte provincial.
Durante casi tres horas de debate, el proyecto que buscaba ratificar el acuerdo de prórroga fue criticado por los integrantes de Nueva Santa Cruz y de SER Santa Cruz.
El diputado José Luis Garrido (SER) sostuvo que “el contrato se firmó entre muy pocos actores de la sociedad o el gobierno. Es un recurso no renovable, la producción de nuestro petróleo garantiza no sólo gran parte del presupuesto sino de los salarios estatales, municipales”.
El legislador cercano al diputado nacional y dirigente petrolero Claudio Vidal, afirmó que “se repartieron migajas en este contrato, dejaron afuera una empresa que todos denunciamos con Sinopec. ¿Qué cambió? Es un contrato plagado de buenas intenciones y nada más”.
Garrido comparó la prórroga de concesiones que se realizó en 2010 con la empresa Sinopec Argentina dado que “pasaron más de 10 años y recibimos el 85% menos por canon porque hicimos mal las cosas. Si no entendemos que la defensa de los recursos naturales es obligación por mandato constitucional de defenderlos y ponerlos en valor no vamos a poner a una empresa que nos explique lo que va a hacer”.
Criticó al gobierno provincial porque “no se convocó al Consejo Hidrocarburífero provincial que está por ley para que trabaje sobre el acuerdo”.
“Se están equivocando, no hay que votar este contrato, tenemos que conseguir mejores condiciones. Tiene que estar todos los actores en la decisión. Hay que buscar diálogo y comprensión. ¿Cuál es el apuro? Hay que defender los intereses de Santa Cruz, la gente no la está pasando bien”, añadió.
A su turno, el diputado Hernán Elorrieta (Las Heras – SER) argumentó que en el 2020 se “revalorizó el Consejo Hidrocarburífero y se comenzó a gestar una nueva ley marco para que esto no pase más. Acá se discute el futuro de Santa Cruz y hay que generar empleo”.
El legislador que proviene del sector petrolero sostuvo que “en ningún lado del acuerdo se deja plasmado las reservas comprobadas de petróleo que dejarán al finalizar la concesión. Que se establezcan es el derecho de los santacruceños como dueños del recurso”.
Criticó los acuerdos por regalías en pozos con declive de producción porque pagarán “sumas inferiores al precio actual del barril de petróleo” y señaló que “desde el 2027 este acuerdo se va a venir abajo, este acuerdo está mal, estamos hablando de recursos. En 2027 comienzan a trabajar estos tipos. Se van a ir. En el 2027 al presidente del Instituto de Energía (Matías) Kalmus hay que meterlo preso porque no tenemos garantías que se cumpla lo que firmaron”.
“No nos dejaron participar en el debate de este acuerdo, esto tiene que ir a una compulsa popular” dijo Elorrieta.
Por su parte, su compañero de bancada Miguel Farías (Pico Truncado – SER) dijo que “este contrato es un mal contrato, perjudicial para la provincia y dañoso para todos. Hay que discutir este negocio que se lleva CGC, no es discutir a CGC, sino porqué quienes son autoridad para definir el acuerdo definieron esto”.
“Este contrato es la prórroga a Sinopec, que dejó un desastre y devastación. Este acuerdo, por ejemplo, tiene un aporte social a Koluel Kaike no le deja ni media cuadra de pavimento y las áreas que se prorroga la concesión están en el área de influencia de Koluel Kaike” sostuvo.
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Farías afirmó que de la ley 3.129 de prórroga de áreas a Sinopec “no se cumplió nada. Y ni siquiera se figura la ley 3.117 que es el marco regulatorio para las prórrogas. Las áreas de Sinopec se tendrían que haber rescindido y recuperar lo que se llevaron. Hay que licitar de nuevo las áreas”.
“Como estado provincial le damos todas las garantías para que hagan su negocio a la empresa, pero no las garantías sociales de la gente”, acotó el legislador.
Luego pidió la palabra, el diputado de Encuentro Ciudadano, Gabriel Oliva quien consideró que “en esta prórroga hay desesperación y premura. Hoy se utilizan los mismos argumentos que tuvo el ex diputado provincial Aníbal Billoni cuando se prorrogaron las áreas a Oxy Argentina” que luego se vendieron a Sinopec Argentina y finalmente hoy las controla CGC.
“Acá hay un gran negocio entre petroleras, los términos de contrato es todo a menos. Se negocio a puertas cerradas por un funcionario que no fue votado. Hay que discutir políticas de estado y es una obligación hacerlo. Hoy estamos en una transición energética y este contrato debería pensar en energías renovables pero los recursos que destina dan para adquirir dos o tres molinos eólicos”, dijo Oliva.
El diputado dijo que “no puede ser que seamos certificadores de firmas como diputados y no tomar intervención como parlamento”.
En tanto, Daniel Roquel (UCR) aseguró que “tenemos responsabilidad institucional para que no se apruebe. A esta prórroga no se le cambió una sola coma. No hay que defender los intereses de una empresa petrolera. Les pedimos migajas a las empresas”.
El miembro informante del kirchnerismo fue el diputado Martín Chávez que se cruzó con el ex diputado nacional y provincial Héctor Di Tulio, quien estuvo gritando contra los integrantes del oficialismo desde las gradas.
Chávez dijo que “habrá inversiones y aumentos de regalías. Hay compromisos de inversión entre períodos e inversiones en materia social” y consideró que la ley marco 3.117 no rige porque “hoy está vigente la ley nacional 27.007, denominada ley corta, para las prórrogas de todas las concesiones hidrocarburíferas en el país”.
El legislador aseveró que “la operadora se hará cargo de remediar todos los pasivos ambientales y se prevé que en 2023 se pongan en marcha más de 1.500 puestos de trabajo. Las garantías son las inversiones de 1.000 millones de dólares, este es el apuro en poner en vigencia el acuerdo”.
Reconoció que, en junio de este año, “se recibió en las comisiones de la legislatura en dos oportunidades a los ejecutivos de CGC porque estaban dispuestos a comprar el paquete accionario de Sinopec, esto ya lo sabíamos”.
Retomó la palabra Elorrieta quien definió que “por donde lo veamos está mal este acuerdo, no establece las reservas hidrocarburíferas. Hay que comprometerse a defender nuestros recursos. Se juntaron dos personas a sellar un acuerdo y esto hay que cambiarlo”.
A su turno, el jefe de la bancada del Frente de Todos, Matías Mazú aseguró que “venimos trabajando con muchos compañeros, conversado con el Instituto de Energía. Los recursos naturales deben tratarse de otra manera con pluralidad, debate, pensando en lo mejor para la provincia”.
“Fue tal la coincidencia respecto a Sinopec que estuvimos a punto de avanzar con el quite de la concesión. Hablamos con la gobernadora para avanzar en una nueva ley de prórroga y lo hicimos. Le dimos 180 días para que el Ejecutivo haga la ley, pero el Instituto de Energía no cumplió”, asestó.
Mazú dijo que “es perfectible el acuerdo. Tenemos que definir una nueva ley de prórroga, hablo de Energía. Es una situación de desinversión de Sinopec, el decline de la producción dejó 2000 compañeros en la calle. CGC viene a invertir, tiene que hacerlo. Por eso los controles, las cauciones, el informe anual y trienal. Y ojalá el Instituto de Energía lo haga dado que nos traicionó y de un día para el otro te meten un proyecto por abajo de la puerta”.
“No era la forma de tratar este acuerdo. Se aprueba o no. Tenemos que salir de esa desinversión. El Estado provincial tiene las herramientas para que mejore. No podemos parar esa actividad. Tenía el 30 por ciento de la actividad en Zona norte” afirmó Mazú para quien “hay que diseñar una política en serio. Ser parte de los proyectos de producción, de generación de energía”.
Por su parte, el diputado radical Evaristo Ruiz definió al acuerdo como “una nueva entrega de los recursos naturales como fue el contrato con Pan American en 2007. Felicito el entusiasmo de los diputados del oficialismo por los dibujos del power point lo que dijo la empresa y el Instituto de Energía”.
“En 5 a 10 años tendremos los mismos problemas. Es un nuevo capítulo de la entrega de la riqueza de los santacruceños. Se los disfraza de una empresa buena y veremos las consecuencias”, añadió.El proyecto pasó a votación nominal por pedido de Garrido y el oficialismo se impuso con 16 votos afirmativos frente a los 8 negativos que sumaron las bancadas de Nueva Santa Cruz y SER. (Agencia OPI Santa Cruz)
Viven mintiendo que nos puede sorprender?
gremios chorros transeros y vendidos
que mal que nos caguen desde el gobierno y la gente no acuse recibo
ME PARECE UNA CAGADA COMO ACTUAN LOS DIPUTRICHOS VIERON QUE EL SER VOTÓ EL PRESUPUESTO A MANO ALZADA? JAJAJAJ BIEN VIDAL BIEN