Según publica Clarín Luego de varias negativas del Gobierno, la Agencia de Acceso a la Información Pública ordenó que informe las actividades de la Primera Dama. También sobre las visitas a la Quinta de Olivos y los salarios de Federico Abraham y Ariel Zapata.
La Agencia de Acceso a la Información Pública intimó al Gobierno nacional a que informe a la diputada Karina Banfi (Juntos por el Cambio) y al organismo oficial sobre el uso de fondos públicos y las actividades de Fabiola Yañez durante el período de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) de 2020.
También ordenó que la Secretaría General de la Presidencia informe sobre las actividades realizadas durante las visitas a la Quinta de Olivos por el peluquero de Yañez, Federico Abraham, y el adiestrador del perro presidencial Dylan, Ariel Alonso Zapata, junto con la información sobre el monto que se les pagó y si fueron gastos afrontados con fondos públicos o de manera privada.
La Agencia de Acceso le dio un plazo de hasta 10 días hábiles al secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, para que responda la intimación, luego de varias negativas a brindar la información completa solicitada por la diputada Banfi, desde agosto pasado.
“Es evidente la política de desinterés por el acceso a la información pública del gobierno de los Fernández. Desde nuestro lugar de oposición estamos vigilantes y haciendo lo imposible por revertir esta situación y lograr que se respete un derecho humano que es central en cualquier democracia”, dijo la diputada Banfi, coautora de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El pedido original que la diputada Banfi le hizo al Gobierno data del 5 de agosto pasado, cuando reclamó información sobre las actividades y gastos de Fabiola Yañez, entre el 20 de marzo y el 31 de agosto de 2020, en general; y en especial sobre las 19 visitas del peluquero Abraham y las del entrenador de Dylan, Ariel Alonso Zapata, junto con los gastos que representaron esas visitas a la Quinta de Olivos.
Las respuestas del Gobierno a esos pedidos fueron que “no existe un registro sobre la agenda de actividades y reuniones de la Primera Dama”. Y que tampoco le iba a responder a la diputada sobre las visitas de Abraham y Zapata, ya que “la divulgación pública” de esa información podría “eventualmente afectar la investigación de la causa tramitada en sede penal”.
Es que la Justicia tiene abierta una investigación sobre las visitas a la Quinta de Olivos durante el año pasado, cuando regía la estricta cuarentena del ASPO que había sido decretado por el presidente Alberto Fernández. Esa causa la lleva adelante el juez de San Isidro, Lino Mirabelli, a raíz de la fiesta de cumpleaños de Yañez, celebrada el 14 de julio de 2020, y de otras visitas que hubo a la Quinta de Olivos, en plena vigencia del ASPO.
La Agencia de Acceso aceptó el reclamo presentado por la diputada Banfi e intimó a la Secretaría General de la Presidencia “para que en el plazo de diez días hábiles ponga a disposición de la interesada la información oportunamente solicitada, de conformidad con lo dispuesto” en la Ley de Acceso a la Información Pública.
Además deberá notificar a la Agencia de Acceso “el cumplimiento de lo resuelto” por ese organismo oficial, según la Resolución del director nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Hernán Cimato, a la que tuvo acceso Clarín.
Un año de acefalía en la Agencia de Acceso
El funcionario Cimato ejerce como titular de la Agencia de Acceso en forma interina, por la acefalía que tiene desde hace un año, ya que el Gobierno se niega a designar a un nuevo director al frente del organismo oficial.
“Estamos frente a un gobierno que viola un derecho humano fundamental como es el del acceso a la información. La Agencia no tiene director y existe un claro desfinanciamiento de la entidad. No podemos permitir que la ciudadanía pierda derechos y que la Argentina retroceda en sus políticas de transparencia”, sostuvo la diputada Banfi.
Y añadió que en el proyecto de Ley de Presupuesto elaborado por el ministro Martín Guzman, que fue rechazado por la oposición, se le otorgaba a la Agencia de Acceso un 25,7% de aumento, casi la mitad de la inflación estimada por las consultoras para el 2022.
De hecho, las dificultades de la Agencia de Acceso para su funcionamiento se hacen cada vez más evidentes, ya que hace dos semanas intentó realizar el segundo encuentro del Consejo para la Transparencia de manera virtual, para analizar las medidas llevadas a cabo este año y planificar las de 2022. Pero el encuentro se suspendió porque no hubo quórum, así que no se trató ninguno de los temas que estaban en la agenda.
“Lamentablemente no conseguimos llegar al quórum para poder realizar la Asamblea del Consejo Federal”, dijo la directora nacional de Acceso a la Información Pública, Eugenia Braguinsky. Y agregó: Es indispensable que el compromiso con este Consejo sea compartido por todas las provincias, para poder garantizar a nivel federal el derecho de acceso a la información pública”. (Clarín)
