Según publica Clarín Fuerzas de seguridad rodean la vivienda del exmandatario, cuyo abogado calificó a esta medida como “un atropello”.
Estados Unidos solicitó este lunes a Honduras el arresto provisional y la posterior extradición de Juan Orlando Hernández, quien ejerció el cargo de presidente del país centroamericano entre 2014 y 2022, y sobre quien pesan señalamientos por narcotráfico.
Para intentar cumplir con ese pedido, fuerzas de seguridad hondureñas se apostaron el lunes por la noche en los alrededores de la residencia del exmandatario en Tegucigalpa. Según su abogado, Hermes Ramírez, se trata de “un atropello” que violenta los derechos que le asisten a su cliente.
Además, el colegiado indicó que Hernández se encuentra en la vivienda, pero no dijo si se entregaría a las autoridades. Sin embargo, según la prensa local, Hernández no estaría en esa casa de la colonia San Ignacio, en la capital del país.
El movimiento policial se produjo después de que la Cancillería hondureña informara en la red social Twitter que “de acuerdo a ley, ha remitido a la CSJ (Corte Suprema de Justicia) comunicación oficial de la Embajada de los EEUU, solicitando formal arresto provisional de un político hondureño con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América”, sin identificar que se trataba de Juan Orlando Hernández.
Extraoficialmente trascendió que la nota que la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional remitió este lunes a la Corte Suprema de Justicia ha sido “en ocasión de remitir nota verbal número 119 de fecha catorce (14) de febrero de 2022, referente a solicitud formal de arresto provisional con el propósito de extradición a los Estados Unidos de América de Juan Orlando Hernández, alias JOH”.
El pasado 7 de febrero el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, afirmó que Hernández fue incluido el 1 de julio de 2021 en el listado de personas señaladas de corrupción o de socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras.
“Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a actos corruptos”, detalló Blinken. “Nadie está por encima de la ley”, subrayó.
Hernández fue implicado por fiscales de Nueva York en nexos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado “Tony” Hernández, recibió una condena de cadena perpetua en Estados Unidos, en marzo de 2021, por ese mismo delito.
En un comunicado, Blinken apuntó que “según múltiples informes creíbles de los medios”, Hernández “se ha involucrado en corrupción significativa al cometer o facilitar actos de corrupción y narcotráfico, y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para campañas políticas”.
El expresidente Hernández negó todos los cargos y aseguró que las acusaciones son una venganza impulsada por los mismos capos de la droga que su gobierno capturó o extraditó a Estados Unidos.
En ese sentido, detalló que entre 2014 y 2021 se extraditaron 28 capos y otros 31 se entregaron a Estados Unidos, en tanto se decomisaron 41.240 kg de cocaína, entre otros logros que señaló de su lucha contra el narcotráfico.
La defensa de Hernández
Hernández se presentó el pasado jueves a la Corte Suprema de Justicia para solicitar información sobre posibles procesos judiciales que hubieran en su contra. Lo hizo a través de su abogado, quien dijo escuetamente a los periodistas que había sido instruido por el exmandatario para “conocer aquellas acusaciones o aquellos procesos judiciales que se encuentran en curso”.
Agregó que “es de público conocimiento” que algunas personas o sectores políticos habrían entablado procesos en contra del exgobernante, de quien señaló que “está tranquilamente en su casa” y “esperando el resultado de estas diligencias”.
Tras entregar el poder el pasado 27 de enero a Xiomara Castro, primera mujer presidenta de Honduras, Hernández fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), un beneficio al que acceden todos los expresidentes de la región al dejar el cargo, lo que le concede derecho a inmunidad y antejuicio.
Hernández “goza de la protección como diputado del Parlamento Centroamericano”, dijo su abogado.
Poco antes de dejar el cargo, Hernández viajó sorpresivamente a Nicaragua para firmar un tratado de límites marítimos con el gobernante Daniel Ortega, situación que despertó suspicacias sobre la posibilidad de usar ese territorio para escapar de la justicia.
“Hernández ha tenido reuniones con Ortega, y Ortega ya les dio refugio a dos expresidentes de El Salvador, y Nicaragua no tiene tratado de extradición con los Estados Unidos (…) Estando en Nicaragua, la justicia norteamericana no va a poder agarrarlo”, dijo a la CNN Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
En un comunicado, la Corte Suprema de Justicia anunció la convocatoria “a una sesión del pleno”, que tendrá como “punto único” la designación de un “juez natural” referente a la solicitud de extradición de Hernández.
La escueta nota del Supremo señala que “se hace la convocatoria por medios digitales y la realización de la sesión a través de la plataforma electrónica que les ha sido indicada”, a los magistrados. La misma fue fijada para el martes a las 09:30 horas locales (15:30 GMT). (Clarín)
