Según publica Clarín El ministerio público fiscal entrerriano también pidió la inhabilitación perpetua para Urribarri, a quien el gobierno nombró embajador y le dio protección política.
Por: Daniel Santoro
Un equipo de fiscales de Entre Rios pidió este jueves 12 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el actual embajador en Israel y Chipre y exgobernador Sergio Urribarri por varios casos de supuesta corrupción.
Los fiscales también pidieron una multa de 180 mil pesos más accesorias legales y costas contra el ex gobernador. Es por el delito en calidad de autor de peculado en concurso ideal con negociaciones incompatibles -tres hechos: imprenta, parador y Mercosur-. Y por el delito de negociaciones incompatibles -un hecho en la llamada causa Buffa- y otro de peculado. En total cinco hechos que concurren de manera real.
Si Urribarri fuera eventualmente condenado el Gobierno debería destituirlo como embajador en Israel y Chipre, aunque hasta ahora el canciller Santiago Cafiero no tomó ninguna medida al respecto.
Además, la fiscalía solicitó a un tribunal oral 10 años de cárcel para el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, actual funcionario del Senado entrerriano y 10 años para el exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial del PJ, Pedro Angel Baez.
El fiscal Gonzalo Badano, uno de los miembros de ese equipo, también pidió el decomiso de todos los bienes de las imprentas del cuñado de Urribarri porque entiende que se habían comprado con fondos provenientes de la corrupción. Se trata del edificio, la maquinaria, vehículos y todo su equipamiento técnico.
En su alegato, Urribarri se declaró inocente y atacó al periodista de Entre Ríos, Daniel Enz, y al diputado nacional del Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, como supuestos miembros de un inexistente complot en su contra. Sin embargo, el kirchnerismo había logrado sacar del juicio a la fiscal anticorrupción.
Hasta ahora, Urribarri cuenta con la protección política de la vicepresidenta Cristina Kirchner y continúa en su cargo en Israel.
El equipo de fiscales – integrado por Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Badano-, quienes contaron con la coordinación de la fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, antes de que fue suspendida, estimó que el desvío de dinero público investigado en esta megajuicio es más de 9 millones de dólares.
Badano, encargado de concluir los alegatos acusatorios de la fiscalía, citó un informe de la Convención Interamericana contra la Corrupción donde se pone de manifiesto que las irregularidades “con la publicidad oficial -de los gobiernos-, usada con fines electorales”, una de las causas por las cuales se lo acusa a Urribarri.
Para el fiscal se demostró en el proceso “el interés (de Urribarri) en contrataciones públicas, la violación de reglas de procedimiento, la omisión pasos administrativos, la falta de comunicación a la Legislatura, la intervención de funcionarios en contrataciones que tuvieron como beneficiarios a familiares o amigos, algo que ya vimos en causas como Canosa -Juan José, extitular de la tarjeta estatal Sidecreer-”.
Además, destacó la contratación directa de “firmas inexistentes que no cumplen con los requisitos, que no están inscriptas”.
Específicamente sobre la llamada causa “Imprentas” , consideró que se trata de un hecho continuó en el tiempo entre los años 2010 y 2015-. Puso como ejemplo, el “Parador de Mar del Plata” promocionado la precandidatura presidencial de Urribarri con fondos públicos.
Además, el megajuicio incluye la causa por “la difusión de cuatro spots publicitarios con presupuesto de la Cumbre del Mercosur (realizada en Entre Ríos en el 2014) y la causa por la publicación de una solicitada contra los fondos buitre”.
“Todas las causas derivaron en un ilícito penal. Estas irregularidades constituyen alertas, indicios, pruebas acerca de la comisión de delitos, no deben ser tratadas como errores o confusiones”, alegó.
“Desde Fiscalía se entendió que no había justificación previa para contratar abusivamente a las empresas Tep y Next. Los expedientes para otorgarles órdenes de publicidad no tenían reserva presupuestaria, no iniciaban con un pedido, una nota, algunos expedientes tenían una propuesta de las empresas”, aseguró el fiscal.
Badano advirtió que “Urribarri, Báez y Aguilera tenían el deber de informar un conflicto de intereses, porque eran los tres funcionarios públicos y se trataba de la empresa del cuñado”, refirió en torno al delito de negociaciones incompatibles con la función pública del que se lo acusa.
“Encontramos los carteles con letra U, contrataciones estatales que eran usadas para cartelería de Urribarri, contrataciones que no se hicieron. El peculado surge de lo acordado con las empresas a partir del esquema de retornos, debía devolverse el dinero, un indicador de los sobreprecios”, aseguró. El peculado es la malversación de fondos públicos.
Se refirió después a los roles que cumplieron otros acusados. “Eran testaferros del verdadero dueño que era Aguilera (el cuñado de Urribarri), todos sabían que sus nombres permitían ocultar una incompatibilidad en las contrataciones con el Estado”.
“La conducta del testaferro implica tomar parte en un acto que, aunque no es delictivo en sí mismo, conlleva un ocultamiento que puede aumentar el riesgo de una comisión de un delito. El delito se le atribuye al testaferro porque su contribución que dificulta el descubrimiento de quienes controlan la empresa”, explicó.
Como atenuante, el fiscal dijo que en todos los casos se valuó la “carencia de antecedentes penales” de los acusados.
La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida en diciembre en su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que además determinó que será sometida a un jury.
La decisión se tomó una semana después de que se le abriera una investigación, y mientras lideraba un juicio en contra del ex gobernador Urribarri. Además, le redujeron su sueldo un 30%.
Al ex mandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales. Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Urribarri. Además, los apartaron del proceso y designaron en su lugar un conjuez.
En el juicio contra Urribarri y otros ex funcionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos US$ 7,5 millones en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente, en 2015.
Se acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a miembros de dos empresas de publicidad de Paraná, que habrían sido prestanombres.
Según lo que dijo Goyeneche en una entrevista los dos abogados que la denunciaron, Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, mantenían vínculos estrechos y amistad con el que está denunciado como el “recaudador” de Urribarri, Alfredo Bilbao, apuntado en otro expediente, que investiga el denominado caso “contratos”, con un fraude superior a los US$ 50 millones en 10 años.
Fuentes cercanas al ex gobernador Urribarri, en cambio, sostienen que en realidad al jury lo “promovieron abogados de la oposición”, los mismos que lo denunciaron a él y con quienes tendría un enfrentamiento político que es de “publico conocimiento” en Entre Ríos. Uno de ellos, Mulet, siempre según estas fuentes, está en juicio con el hoy embajador por calumnias e injurias.
Además, a Urribarri se lo investiga en dos expedientes por su gestión como gobernador. Por un lado, está el denominado caso “contratos”, en el que la Corte Suprema de Justicia debe definir si es de competencia federal o provincial, y por otro el que se estudian cobros de importantes montos de dinero con tarjetas de débitos que habían percibido tres personas y en el que está involucrado Juan Pablo Aguilera, cuñado y mano derecha de Urribarri.
Se cree que que en los 10 años investigados se extrajeron más de US$ 50 millones. (Clarín)
