Según publica La Nación El Frente de Todos y Juntos por el Cambio no logran destrabar el conflicto por la integración de las comisiones estratégicas del cuerpo; esta semana continuarán las negociaciones.
Por: Laura Serra
La tregua que permitió la aprobación del acuerdo con el FMI probó ser efímera. La Cámara de Diputados está sumida en una virtual parálisis por la disputa entre el oficialismo y Juntos por el Cambio por la integración de las comisiones, claves para despachar los dictámenes que irán al recinto. Hasta que esto no se resuelva, no habrá sesiones ni sanción de leyes pese a las urgencias del Poder Ejecutivo por demostrar acción frente a la crisis económica y la inflación.
Los jefes de los bloques del oficialismo y de la oposición intentaron, hasta ahora de manera infructuosa, destrabar el conflicto. La paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio en la Cámara baja no ayuda a facilitar la situación: el oficialismo pretende ejercer la presidencia y la mayoría en las comisiones estratégicas mientras que Juntos por el Cambio, que enarbola la bandera de su triunfo en las últimas elecciones legislativas, reclama ganar terreno y plantar allí la bandera opositora. En nombre de sus respectivos electorados nadie quiere aparecer perdidoso en la compulsa.
Mientras tanto, ocurre una situación inédita en la Cámara baja: casi un millar de proyectos que presentaron los legisladores y el propio Poder Ejecutivo en el último tiempo boyan en el limbo porque, al no tener giro a las comisiones, no pueden ser tratados. Ni siquiera son publicados. No solo las comisiones permanentes están acéfalas; las bicamerales de control del Poder Ejecutivo, entre ellas la que debe expedirse sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU), están paralizadas por falta de miembros. Decenas de decretos del Gobierno se acumulan sin que sean revisados.
Pocas veces se vivió una situación similar; es que, por lo general, la integración de las comisiones se resuelve antes del inicio de las sesiones ordinarias (el 1° de marzo), pero esta vez el letargo amenaza con extenderse, por lo menos, hasta entrado abril.
Los jefes de los bloques se reunieron el jueves y el viernes pasados, pero más allá de la buena intención de destrabar el conflicto no hubo mayores avances. De esos encuentros participaron Germán Martínez, del Frente de Todos; Mario Negri, de la UCR; Cristian Ritondo, de Pro; Rodrigo de Loredo, de Evolución Radical y Juan López, de la Coalición Cívica: allí todos mostraron sus cartas y sus pretensiones. El Frente de Todos insiste en ejercer la presidencia y la mayoría (sea con legisladores propios o con aliados) en las comisiones denominadas “de gobierno” para asegurarse que los dictámenes más relevantes que lleguen al recinto sean de su puño y letra.
El oficialismo tiene garantizadas las presidencias de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, las únicas dos conformadas hasta ahora. Su objetivo de máxima es emular al Senado donde, pese haber perdido cinco bancas y el quorum propio, Cristina Kirchner se aseguró el control del cuerpo por todo el año y la mayoría en todas las comisiones.
Germán Martínez no solo debe lidiar con la oposición; también está obligado a rendir cuentas puertas adentro del bloque que comanda, cuya unidad frágil disimula la fractura entre los diputados que responden a la Casa Rosada y los que obedecen a Cristina y Máximo Kirchner. Martínez sabe que difícilmente los kirchneristas puedan digerir la entrega de comisiones claves a la oposición.
En Juntos por el Cambio, aún con sus diferencias internas, se acordó un petitorio común. Como premisa básica reclama que las presidencias de las comisiones y su integración se reparta por interbloques según el sistema D’Hont. El Frente de Todos cuenta con 118 miembros, mientras que Juntos por el Cambio con 116: la diferencia es mínima. Con esta lógica, los opositores pretenden presidir un mayor número de las llamadas comisiones estratégicas, antes dominadas por el oficialismo. Según le hizo saber a Martínez, apuesta a presidir dos de las siguientes comisiones: Justicia, Agricultura, Educación, Penal, Energía y Previsional.
Asimismo, propuso que los dos bloques mayoritarios compensen con lugares propios a los interbloques minoritarios que, por el sistema D’Hont, no obtendrían representación en las comisiones. En este mosaico figuran los bloques de izquierda, los libertarios y los diputados del interbloque Provincias Unidas, estos últimos afines al oficialismo.
Agenda paralizada
Optimista, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aspira a que la próxima semana los bloques finalmente alcancen un acuerdo para arrancar la tarea parlamentaria.
De ser así, las próximas sesiones abordarían proyectos de ley que, salvo algunas disidencias parciales, no ofrecerían mayor conflicto. Ellas son:
- Fomento a la construcción de viviendas: proyecto presentado por Massa y Ritondo por el cual se prorroga por 150 días del régimen de incentivo a la construcción de viviendas. Prevé beneficios como la exención en el pago de bienes personales para planes de construcción de unidades habitacionales.
- Cannabis medicinal y cáñamo industrial: ya tiene media sanción del Senado. El presidente Alberto Fernández pidió su tratamiento en su último discurso ante la Asamblea Legislativa pues, destacó, permitiría generar 10.000 puestos de trabajo en los próximos años con una perspectiva federal.
- Fomento para el Desarrollo Agroindustrial: es una iniciativa del Poder Ejecutivo para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial y agregar valor en las economías regionales.
- Proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz – Autopartista y su Cadena de Valor: su tratamiento fue reclamado por el Gobierno en su temario de sesiones extraordinarias de febrero. Sin embargo, el Congreso no sesionó por desacuerdos entre el oficialismo y la oposición y por los conflictos internos que desató en el Frente de Todos la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque.
A ellas se agregan otras iniciativas que el Poder Ejecutivo ya envió al Congreso pero permanecen demoradas: el proyecto de ley de electromovilidad; la iniciativa sobre “compre argentino” y la que impulsa el desarrollo hidrocarburífero, demorada en el Senado.
En el oficialismo son optimistas y confían en que, a partir de la semana próxima, la labor parlamentaria en la Cámara de Diputados retomará su ritmo. “Estamos cerca”, confían. En Juntos por el Cambio no son tan entusiastas. “Hay buena predisposición para destrabar el asunto, pero hasta ahora no hubo avances significativos”, advierten.
La oposición está en alerta: sin las comisiones en funciones, tampoco podrá llevar adelante su propia agenda, la cual contiene iniciativas que el oficialismo preferiría postergar. Entre ellas la derogación de la polémica ley de alquileres; la instrumentación de la boleta única de papel para las próximas elecciones y la ley de “ficha limpia”, que impediría que candidatos con condena firme puedan postularse a cargos electivos.
Mientras no se pongan en marcha las comisiones, la oposición tendrá las manos atadas. Este fin de semana, el Gobierno confirmó la suba, por decreto, del 31% a 33% de las retenciones de harina y aceite de soja; Juntos por el Cambio y el interbloque Federal advirtieron que cualquier suba de los derechos de exportación deben ser autorizados por el Congreso. Sin embargo, no podrán ejercer ninguna acción hasta tanto no funcionen las comisiones.
Lo mismo le sucede al oficialismo: la agenda con la que el Poder Ejecutivo pretende poner en marcha la economía tras el acuerdo con el FMI se demorará mientras persistan los desacuerdos. En suma, la parálisis no le es funcional a ninguno de los dos grandes bloques ni al Congreso en general, hoy vituperado por la sociedad por su enorme presupuesto y escasa labor. (La Nación)
