Según publica La Nación Corresponden a los cargos federales y nacionales y representan casi un cuarto del total de puestos, también hay un atraso en los expedientes contra magistrados, con 222 procesos inconclusos; son la principales tareas del Consejo.
Por: Candela Ini
El Consejo de la Magistratura arrastra viejas deudas directamente relacionadas con sus funciones centrales que son las de nombrar y sancionar jueces: en el Poder Judicial hay 246 cargos vacantes sobre 988, lo que equivale a casi un cuarto sobre el total. Hay, además, unos 222 expedientes disciplinarios contra magistrados de todo el país, y una estructura que ahora, tras la entrada en vigencia de lo establecido por el fallo de la Corte Suprema, se agranda.
Hasta el 13 de abril, que fue la última vez en la que el Consejo sesionó, había 69 concursos en trámite para cubrir 153 vacantes. Del total de 246 cargos vacantes, hay 90 que siguen en esa situación porque hay 53 ternas en manos del Presidente y 37 pliegos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo al Senado y que todavía no recibieron tratamiento.
De los 69 concursos en trámite, unos 18 fueron enviados al plenario donde no se logró el acuerdo entre los consejeros para aprobar las ternas y enviarlas al Poder Ejecutivo. El último concurso fue aprobado en octubre del año pasado. Una vez más la falta de consensos imposibilitó a los consejeros avanzar. Algunos de esos concursos tienen el objetivo de cubrir las vacantes de los tribunales de Comodoro Py, además de completar tribunales orales y juzgados federales en otras provincias. Pero incluso con la nueva integración persiste la falta de acuerdo entre los representantes de la política, de la academia, de los jueces y de los abogados para elegir candidatos a jueces y elevar ternas al Poder Ejecutivo.
Para funcionar durante 2022, el Poder Ejecutivo había previsto conceder unos 131 mil millones de pesos al Consejo de la Magistratura. El presupuesto de 2021 abocado al Consejo fue de aproximadamente 70 mil millones de pesos.
Según la nómina de personal de este órgano a la que accedió LA NACION, en marzo de 2022 había un total de 1079 personas empleadas por el Consejo, incluidos los consejeros que no provienen ninguna cámara, como por ejemplo, el representante del Poder Ejecutivo, los representantes de los abogados, y los representantes del sector académico.
Cada consejero tiene una vocalía y por eso a partir de la designación de los siete nuevos consejeros -el presidente de la Corte Horacio Rosatti, las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vazquez, la académica Pamela Tolosa y los legisladores Martín Doñate y Roxana Reyes- la estructura del órgano encargado de nombrar y sancionar jueces se agrandará. Excepto por Reyes y Doñate, que cobran los sueldos de sus cámaras de origen, y de Rosatti, que cobra su sueldo como ministro del máximo tribunal los nuevos consejeros tienen la misma jerarquía que un juez de la Cámara de Casación.
“Ese es el presupuesto que se había solicitado para continuar con el funcionamiento de 13 miembros, pero para 20 miembros debería ser superior”, dijo a LA NACION un consejero que sigue de cerca los números y las cuentas
Otra fuente del organismo que también están en el fino de los números fundamentó la cifra con el argumento de que hay muchos edificios que dependen del Consejo donde funcionan otros organismos judiciales. “Les hacemos mantenimiento, limpieza, servicios, adecuaciones estructurales, obras pequeñas, además de los sueldos de todos los funcionarios, incluidos los consejeros, las vocalías de los consejeros, la administración y la gente del departamento operativo”.
Esa misma fuente agregó que ya se le pidió a la Corte Suprema que habilite un nuevo presupuesto. “Seguimos funcionando con el de 2021, que es la mitad de lo que necesitamos. Con lo que tenemos llegamos a pagar los servicios pero solamente por dos meses más”, dijo a LA NACIÓN.
En lo que respecta al avance de expedientes disciplinarios, que hasta que el Consejo dejó de funcionar eran unos 222, el problema se replica. Por la falta de consensos no avanzan las investigaciones o las sanciones sobre las conductas de los jueces denunciados. Un ejemplo nítido es el del juez federal de Mendoza Walter Bento, cada vez más acorralado por la Justicia, que lo procesó por cobrar coimas y por enriquecimiento ilícito, pero sigue en su cargo. También está rodeado de indefiniciones el caso del juez Federico Villena, denunciado por haber sobreseído y devuelto medio millón de dólares a la hija del sindicalista Hugo Moyano, pero cuyo expediente no cuenta, por ahora, con el aval requerido para que se avance en medidas de prueba. El último juez que enfrentó un juicio político fue el excamarista federal Eduardo Freiler en 2017. (La Nación)
