Según publica Clarín Ofreció $1.400.000 que se suman al monto del Presidente. Los fondos irán como donación al Malbrán y el expediente quedaría cancelado.
Por: Lucía Salinas
Al juzgado de Lino Mirabelli ingresó el acuerdo económico de Fabiola Yañez aprobado por la fiscalía. Se aceptó su propuesta de reparación integral de $1.400.000 para cerrar definitivamente la causa sobre su fiesta de cumpleaños realizada cuando regía en el país una estricta cuarentena.
Un día antes también había sido aceptada la oferta de $1.600.000 del presidente Alberto Fernández.
Bajo el patrocinio de los abogados Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo, Fabiola Yáñez obtuvo la aprobación del fiscal Fernando Domínguez del monto económico que ofreció. Así logrará que se cierre la causa. Ahora el juez Lino Mirabelli tendrá la última palabra para refrendar el acuerdo y sobreseerla al igual que al jefe de Estado. Todo indica que avalará la postura del fiscal de aceptar el acuerdo.
El 14 de julio de 2020 Argentina se encontraba bajo una estricta cuarentena tras la firma del decreto que impuso las medidas sanitarias en medio de la pandemia del Covid-19. Esa normativa llevaba la firma de Alberto Fernández. Sin embargo, esa noche a partir de las 20 comenzaron a llegar a las quinta de Olivos los invitados a la fiesta de Yañez. Tenían permisos de circulación apócrifos.
Todo quedó registrado en los ingresos a la residencia de Olivos y un año después la información salió a la luz. A los documentos de Casa Militar se sumaron fotos y videos de los festejos de los que participó el presidente Fernández.
Por ese motivo terminó imputado junto a su pareja y a los invitados, por el delito que prevé el Código Penal en su artículo 205, violación a la normativa de protección sanitaria. En el caso de Fernández se le sumó a la acusación el incumplimiento de los deberes de funcionario público: estaba burlando la letra del decreto que él mismo había firmado.
Después de nueve meses, el expediente que tramitó brevemente en Comodoro Py y luego quedó radicado en la justicia federal de San Isidro transita sus horas finales: el caso se cerrará y todos terminarán sobreseídos.
El objetivo de la estrategia legal a la que apelaron los abogados de Yáñez fue evitar un llamado a indagatoria, un eventual procesamiento y envío del caso a juicio oral. Para eso citaron la jurisprudencia del juzgado de Lino Mirabelli. Durante la pandemia y ante distintos casos de violación de la cuarentena, la resolución inmediata fue la de una compensación económica.
Esto está contemplado en el código como resolución al proceso penal. Para el juzgado es, además, una vía más rápida de resarcimiento hacia la sociedad del daño causado. El acuerdo se firma en primera instancia con el ministerio Público Fiscal, en este caso con el fiscal Fernando Domínguez, que hasta ahora resolvió establecer un acuerdo económico teniendo en cuenta aspectos sanitarios vinculados al Covid: días de internación en terapia intensiva o costo de insumos médicos.
Por ejemplo, el monto acordado por Yañez es equivalente al costo de un respirador artificial.
El fiscal Domínguez sostuvo en su dictamen que la oferta de la primera dama, era “razonable”. Sin eximirla de responsabilidad, ya que indicó que correspondía la imputación que le asignaron es decir que violó la normativa que impedía reunirse socialmente y que llevaba la firma del presidente de la nación.
En el dictamen al que accedió Clarín, el fiscal dijo que las “características del evento del que participó la imputada (celebración de su cumpleaños), la trascendencia y el impacto institucional que adquirió el suceso y la fecha en la que tuvo lugar (la cuarentena), son circunstancias que ubican a Yañez en el umbral máximo de responsabilidad penal ponderable a los fines de la reparación, siendo desde ese lugar que correspondería considerar la razonabilidad del ofrecimiento efectuado”. Es decir: el fiscal entendió que Fabiola Yañez violó la normativa que el propio presidente Fernández había firmado.
Sin embargo, tal como planteó en la aceptación del ofrecimiento de Alberto Fernández, el representante del Ministerio Público Fiscal, reiteró que “es dificil mensurar (monetariamente) el daño causado en este tipo de casos a los fines de su reparación”, sin embargo, “sí puede intentar fijarse algún criterio que permita tornar operativo el instituto conciliando los intereses en juego”.
Bajo ese criterio, resolvió “atar el monto de la reparación al valor de recursos hospitalarios necesarios para afrontar los problemas que trajo consigo la pandemia por Covid-19”.
De ese modo, determinó anclar la reparación al costo de insumos hospitalarios que permitiría -de algún modo- “objetivar la propuesta reparadora analizada, buscar alguna equivalencia entre el reproche penal inherente al hecho imputado, el “perjuicio” causado y la capacidad económica del justiciable y establecer un nivel de proporcionalidad plausible y/o razonable”.
El monto ofrecido por Fabiola Yañez, en concepto de reparación se analizaron en función de los parámetros informados por el Ministerio de Salud de la Nación, la firma “Tecnoimagen”, el nomenclador del Plan de Servicios de Salud del Programa Sumar del Ministerio de Salud de PBA y del Hospital Central de San Isidro.
Al momento de determinar a cuánto equivale la propuesta económica de $ 1,4 millones, el fiscal dijo que “cubriría el precio de un respirador para ser utilizado en módulos de atención UCI de pacientes con COVID 19 o un total de treinta y cinco días de internación en un módulo de atención de UCI con ARM de paciente con COVID-19”.
Por todo lo dicho, concluyó, “considero razonable la propuesta efectuada en tanto habrá de destinársela a la adquisición de recursos para la investigación científica en materia de salud”.
Al aceptar la propuesta económica de Yañez y del Presidente, el representante del Ministerio Público Fiscal, consideró que el dinero ofrecido debía destinarse al hospital Malbrán.
Junto con la propuesta de compensación integral de Yañez, los abogados también realizaron una propuesta por parte de tres de los invitados a la fiesta en Olivos: Santiago Basavilbaso, Emmanuel López y Fernando Consagra. La cifras que ofrecieron en nombre de cada uno van desde 220 a 250 mil pesos.
En caso de homologarse todos estos acuerdos, en base a lo ya realizado por el juzgado con una de las imputadas, terminarán todos sobreseídos, ya que con la reparación económica se considera extinguida la acción penal. (Clarín)
