Según publica La Nación Ya no quedan impedimentos para que el Jurado de Enjuiciamiento dicte su sentencia.
Por: Paz Rodríguez Niell
El Superior Tribunal de Entre Ríos rechazó el amparo de la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche contra el avance del jury en su contra y el Jurado de Enjuiciamiento quedó así en condiciones de decidir si la destituye. Ella había intentado evitar que el proceso llegara a esta instancia. Está convencida de que los jurados van a echarla.
El máximo tribunal entrerriano se había negado originalmente a tratar el amparo de Goyeneche, pero la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pedido de la fiscal, le ordenó que lo hiciera. En menos de una semana, con una celeridad sin precedente, el Superior Tribunal cumplió con el trámite que dispuso la Corte y le cerró a Goyeneche el último recurso que le quedaba para frenar el avance del jury.
El fallo del Superior Tribunal fue firmado por los jueces Fabiola Bogado Ibarra, Emilio Matorras, María Gabriela López Arango, Guillermo Federik (en disidencia parcial) y Bernardo Salduna (en disidencia). De los cinco, solo Salduna es ministro del Superior Tribunal; los demás son camaristas que fueron convocados para decidir en este caso por recusaciones y excusaciones de otros magistrados.
El jury retomará ahora su curso. El lunes, cuando se suspendió la votación, ya había presentado su voto uno de los jurados, el juez Juan Smaldone. Este magistrado, uno de los tres representantes del Superior Tribunal entrerriano en el juicio, había sido recusado por Goyeneche. Según fuentes que siguen de cerca el proceso, Slamdone se habría pronunciado por la destitución.
Los miembros del tribunal son siete. De acuerdo con el orden asignado, la siguiente en votar será ahora Verónica Mulone (representante de los abogados). Ella le dio la razón a Goyeneche cuando cuestionó que su acusación la llevara adelante un fiscal “ad hoc”, pero quedó en minoría. Después de Mulone, será el turno de votar de los otros cinco.
En diálogo con LA NACION, la fiscal cuestionó el fallo en su contra: “Como dijimos desde el primer día, en Entre Ríos esta causa no está siendo tratada con herramientas jurídicas, no se está respetando el derecho, sino que se actúa con un objetivo político claro, lograr la destitución y el disciplinamiento de los investigadores de corrupción, así lo demuestra también esta sentencia”.
El argumento del amparo de Goyeneche fue que, en contra de las normas que rigen el proceso, el Jurado designó como acusador en el jury a alguien que no es fiscal, es un abogado que ejerce la profesión. Según la mayoría del Jurado, no podían poner a un fiscal porque todos dependen de ella y de Jorge Amílcar García, el procurador general, que también fue denunciado.
El Superior Tribunal hoy rechazó el planteo de Goyeneche y sostuvo que no correspondía analizar su amparo. La jueza Bogado Ibarra destacó que el Jurado de Enjuiciamiento es un órgano “constitucional” y que no puede atacarse por medio de amparos cada una de sus resoluciones. “Las decisiones adoptadas por el HJE [Honorable Jurado de Enjuiciamiento] no pueden ser cuestionadas judicialmente por vía de la acción de amparo bajo el riesgo de provocar, además de las inimaginables interferencias al ejercicio de las funciones que le son en principio privativas, un quiebre del sistema institucional y republicano que nos identifica como Estado”, dijo la jueza.
Según ella, esta opinión no contradice lo ordenado por la Corte (que mandó a tratar el amparo). Bogado alegó que el máximo tribunal nacional había fallado contra el argumento de que no había que tratar la presentación de Goyeneche porque ya había otra similar del Procurador y que en cambio ahora lo que se discute es si, por la vía del amparo, pueden revisarse decisiones del jury. Para Bogado, no. El camino es el recurso que Goyeneche tendrá habilitado al final del proceso.
Federik, autor del segundo voto del Superior Tribunal contra Goyechene, fue más allá y respaldó la decisión del Jurado de nombrar a un fiscal “ad hoc”. Afirmó: “Así como no es esperable de un ‘acusador’, un ensañamiento irrazonable o ilógico en contra del imputado, interpretando la justicia como sinónimo de castigo; igual de reprochable sería uno que por razones corporativas -o de dependencia interna del organismo al que pertenece- mantuviera una actitud lábil o desinteresada frente al caso, conspirando así contra la lealtad procesal”.
Cómo sigue el trámite
El jury no anunció la fecha en la que dará a conocer su decisión y según fuentes de la justicia entrerriana, esa fecha no está determinada. Dependerá del tiempo que se tome cada jurado para presentar su voto (los primeros pronunciamientos demoran más; después, los jurados suelen adherir a votos de otros). De todos modos, se espera una definición rápida porque a fin de mes Goyeneche cumple seis meses suspendida y si para entonces no se decidió su suerte, debe ser repuesta en el cargo.
Los cargos contra Goyeneche
¿De qué la acusan a Goyeneche? El principal cargo contra la fiscal es por no haberse excusado de intervenir en una gigantesca causa de corrupción en la Legislatura provincial pese a que su marido era amigo y había sido socio de uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, acusado de haberle dado soporte a la maniobra. Además, Goyeneche y este contador -cuyo estudio fue allanado- compartieron la propiedad de dos inmuebles que compraron de pozo a través del estudio de arquitectos en el que trabajaba el marido de la fiscal. Los detractores de Goyeneche muestran viejas fotos de ella y su marido con Opromolla.
Este nexo apareció en la causa cuando ordenaron embargar los bienes de este acusado y resultó que un departamento que intentaron inmovilizarle era de la fiscal (ella relata que en ese momento ya no compartían la propiedad porque ella le había comprado a él su parte, pero que el registro no tenía el dato actualizado). En cuanto al otro inmueble compartido, Goyeneche le cedió su parte a una sobrina con el propósito de no tener nada más que ver con Opromolla. Quienes la defienden sostienen que ella no quería dejar la causa porque era consiente de la trascendencia del caso, que investiga una estafa de más de 50 millones de dólares que compromete a la política entrerriana y que no se sabe todavía hasta dónde puede escalar. Como procuradora adjunta y fiscal anticorrupción ella le daba soporte a los fiscales del caso, explican en la Procuración.
Mulet, uno de los que promovieron el jury contra la fiscal, dijo en cambio a LA NACION: “Nosotros denunciamos hechos. Ella tenía dos departamentos con un acusado. Al principio lo negó y después los reconoció. Y se desprendió de uno para seguir en la causa. Yo no sé en qué lo benefició, pero no nos corresponde probar eso: es ella la que tiene que explicar”.
Goyeneche, que finalmente se apartó del caso después del episodio del embargo, sostiene que ella nunca tuvo “trato directo” con Opromolla porque quien era amigo era su marido y que no tenía ninguna obligación de excusarse porque los fiscales solo deben hacerlo cuando está gravemente afectada su “objetividad”, algo que, sostiene, no pasó en este caso. Según ella, que le digan que estaba comprometida su objetividad por un amigo de su marido es infundado y constituye una expresión de “misoginia”. (La Nación)
