Alberto Fernández desestimó una recusación contra Carlos Zannini por la causa del Correo

El procurador general del Tesoro, Carlos Zannini

Según publica Clarín Un exfuncionario, investigado por la quiebra de la empresa, lo había recusado por “enemistad manifiesta” con el expresidente Mauricio Macri.

El presidente Alberto Fernández desestimó por decreto una recusación presentada por un exfuncionario del Ministerio de Comunicaciones contra el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, en el marco de la causa en la que se tramita la quiebra de la empresa Correo Argentino, que pertenece al grupo que encabeza Mauricio Macri.

La presentación fue promovida por quien fuera director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, quien es investigado en un sumario administrativo por presuntas irregularidades en la causa del Correo Argentino, cuando la cartera era conducida por el cordobés Oscar Aguad.

Mediante el Decreto 262/2022, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del jefe de Gabinete Juan Manzur, no sólo se desestimó la recusación presentada por Mocoroa sino que entrelíneas lo insta a abstenerse de hacer este tipo de planteos que pueden “alterar” el proceso de investigación.

El origen de la causa data de febrero de 2017, cuando la Procuración del Tesoro, en ese momento a cargo de Carlos Balbín, instruyó a la Procuraduría de Investigación Administrativas (PIA) abrir una causa por “la posible existencia de hechos violatorios del orden jurídico, en el ámbito administrativo” en la causa por la quiebra del Correo.

Puntualmente se dispuso que se investigue el desempeño de los abogados representantes del Estado que participaron del expediente de convocatoria de acreedores.

En 2018,  cuando todavía se mantenía la polémica generada por la posible condonación de la deuda del grupo Macri por la concesión de la empresa postal, la Procuración del Tesoro, ya en ese momento a cargo de Bernardo Saravia Frías, dio por clausurado el sumario administrativo y se declaró que los hechos investigados no constituían irregularidad imputable a agente alguno y que no existió perjuicio fiscal.

Sin embargo, la Procuración de Investigaciones Administrativas, que había asumido el rol de parte acusadora en el sumario, interpuso un recurso contra esa resolución, pero fue rechazado por la Procuración del Tesoro, clausurando así la vía administrativa. Por eso, el área que estuvo a cargo de la investigación promovió una presentación judicial “con el objeto de obtener la declaración de nulidad” tanto de la Resolución 40/18 como del Decreto 907/18, que había firmado Gabriela Michetti, en ese momento vicepresidenta en el ejercicio del Poder Ejecutivo.

En marzo de este año, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 7,  a cargo de , Pablo Cayssials, falló a favor de la Procuración de Investigaciones Administrativas e impugnó ambas medidas por considerarlas “actos nulos”, ya que de acuerdo a su interpretación “se le cercenó el derecho que le asiste a la actora de producir prueba”.

Fue así que el 22 de marzo de este año, Zannini revocó, por razones vinculadas con la legitimidad del acto, la Resolución N° 40/18, que había sido cuestionada por la Justicia.

Así volvió a aparecer en escena Mocoroa que por medio de una presentación efectuada el 8 de abril interpuso un “recurso de reconsideración” contra la resolución de la Procuración al tiempo que solicitó su revocación por cuanto, entiende, “está afectada de nulidad absoluta”.

Además, el exfuncionario recusó “con expresión de causa” al procurador Carlos Zannini, “pues si bien considera que no existe animosidad hacia su persona, interpreta que dicho funcionario tendría… enemistad manifiesta con el expresidente Macri…”.

Para rechazar el pedido, Alberto Fernández se basó casi en las mismas palabras del recusante, ya que según apuntó en el decreto, Mocoroa “reconoció que no existen causales objetivas que corroboren que el Procurador del Tesoro de la Nación, doctor Carlos Alberto Zannini, tiene animosidad hacia su persona, y no aportó pruebas que sustenten la existencia de alguna de las causales de recusación” que indica el Código Procesal, Civil y Comercial.

Incluso plantea que “la preservación de la imparcialidad debe ser conciliada con la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración, el que podría verse alterado por planteos recusatorios que no se correspondan con las causales que taxativamente prevé la normativa”.

El caso

El centro de la causa tiene que ver con la investigación administrativa disciplinaria contra exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones que pudieran tener responsabilidad administrativa en la decisión de aceptar en junio de 2016  la oferta efectuada por la firma Correo Argentino S.A. por una deuda que la empresa mantenía con el Estado por la concesión.

La investigación promovida por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en ese momento a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, acusaba a Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottard por un presunto “abusivo comportamiento por parte de la Administración”.

Fue así que el juez Cayssials falló que al no permitirse a la Procuraduría presentar las pruebas hubo una violación al derecho de defensa que implicó dicho cercenamiento. El magistrado consideró que hubo una afectación al “debido proceso adjetivo” que no puede remediarse en el ámbito judicial, motivo por el cual declaró la nulidad del acto administrativo que clausuró el sumario. (Clarín)

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