Según publica Clarín El Presidente pidió la suma a un banco privado y la devolverá en cuotas.
Por: Lucía Salinas
El presidente Alberto Fernández consiguió que un banco privado le apruebe un préstamo por 3 millones de pesos para cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos en plena cuarentena por coronavirus.
Según pudo saber Clarín, el mandatario solicitó el préstamo al Banco Santander, en el que tiene sus cuentas personales desde “toda la vida”, y devolverá el dinero en cuotas. En las próximas horas, realizará una transferencia al Instituto Malbrán para terminar con la reparación integral tras el escándalo de la fiesta en Olivos.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, había homologado este lunes las ofertas económicas realizadas por Alberto Fernández y Fabiola Yañez para cerrar definitivamente la causa por la fiesta en la quinta de Olivos. Aceptó la reparación integral de 3 millones de pesos, y cuando ese dinero se pague firmará el sobreseimiento del Presidente y de la primera dama.
La extinción de la acción penal se firmará cuando se notifique al juzgado el depósito del dinero que se enmarcó en la figura de la reparación integral, por una suma total de tres millones de pesos. Fernández ofreció $ 1,6 millones y Yañez $ 1,4 millones.
“El acuerdo aquí presentado versa sobre un hecho presuntamente ilícito” tal cual establece el Código Penal en en el artículo 205, que es la violación a la normativa y por el cual se encontraba imputado Alberto Fernández y Fabiola Yañez, junto a los demás integrantes de la fiesta, sostuvo el juez Mirabelli cuando homologó el acuerdo.
Para llegar a la instancia de homologación hubo un paso previo, que fue la firma del acuerdo con el fiscal Fernando Domínguez. En su dictamen, había desestimado la acusación de incumplimiento de los deberes del funcionario público respecto de Alberto Fernández, ya que “el suceso pesquisado trasuntó un festejo ajeno a la función pública inherente al Presidente de la República”.
Ante ese criterio, el juez Mirabelli resaltó en su resolución que “no se vislumbran impedimentos normativos que impongan denegar la posibilidad de aplicar” la reparación económica para cerrar el caso, tal como habían pedido los abogados de Fernández.
La defensa de Alberto Fernández justificó su presencia en la fiesta de cumpleaños al indicar que el presidente no participó en su carácter de funcionario público. El fiscal Domínguez avaló dicho criterio, al decir que “el comportamiento que se le endilga a Alberto Ángel Fernández por su participación en la celebración del cumpleaños de la Primera Dama no guarda relación con el ejercicio de las funciones públicas que tenía asignadas como titular del Poder Ejecutivo Nacional”.
Más allá de sus “innegables obligaciones claramente distintas a las de cualquier ciudadano”, el juez Mirabelli coincidió ahora con la mirada del fiscal y consideró que cuando a un funcionario se lo investiga por incumplimiento de sus deberes, esa pesquisa “se refieren a hechos que hayan sido cometidos ‘en el ejercicio de sus funciones’ o ‘en el ejercicio o en razón de su cargo’”, y comprendió que esto no aplicaba para Fernández.
Por eso se sostuvo que en esta causa “no se juzga la gestión de un gobierno, ni siquiera la gestión de una pandemia. Se evalúa la realización de una conducta antinormativa”.
En otras palabras para Mirabelli, los hechos ilegales desarrollados en Olivos “no pueden catalogarse como propios de la función o vinculados con el ejercicio de ella” por parte de Alberto Fernández.
El dinero, explicaron fuentes judiciales a Clarín, se debe depositar directamente al Instituto Malbrán “tal como solicitó la fiscalía y luego deberá acreditarlo en el expediente”. Cuando eso ocurra, el juez Lino Mirabelli firmará el sobreseimiento y el caso quedará cerrado de manera definitiva para Alberto Fernández y Fabiola Yañez.
La investigación inició hace nueve meses cuando se conoció que el 14 de julio de 2020, cuando regía una estricta cuarentena en el país, en la quinta presidencial se realizó la fiesta de cumpleaños de Yañez. El presidente fue imputado por violación a la normativa -la que él había firmado- y que prohibía la circulación de quienes no sean considerados personal esencial, como también todo tipo de encuentros sociales.
Si bien se le había imputado el incumplimiento de los deberes de funcionario público, el juez Mirabelli consideró que tal acusación no correspondía en este caso porque no participó de la fiesta en su carácter de presidente de la Nación. (Clarín)
